ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
La senadora del PP Barreiro dice que su causa es un «invento»
La exalcaldesa, imputada en el marco de Púnica, niega ante el TS pagos irregulares Lavado de imagen
La senadora del PP Pilar Barreiro negó ayer ante el Tribunal Supremo que efectuara ningún pago irregular con dinero público para lavar su imagen, aunque sí reconoció contactos con Alejandro de Pedro, considerado el «conseguidor» de la trama Púnica. Según el abogado de la también exalcaldesa de Cartagena, el procedimiento abierto contra ella en el AltoTribunal –remitido desde la Audiencia Nacional por el juez Eloy Velasco por su condición de aforada– es una «invención» de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). «Los medios de comunicación tendrán que pedirle perdón cuando esto se archive porque la pobre lo está pasando muy mal», dijo su letrado, José Pardo, a las puertas del Supremo.
Según manifestó el abogado, Barreiro explicó ante la juez que la publicidad que se contrató siendo ella regidora de Cartagena, se pagó; no así el contrato para mejorar la reputación de la entonces alcaldesa de Cartagena y diputada, pues «no llegó a terminarse y además lo iba a pagar el partido, por lo que no hay ningún delito en nada».
«No hubo pago con dinero público alguno», insistió el letrado. A su juicio, esta causa, en la que se investiga a la senadora por cinco delitos (fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho) está abocada al archivo, como sucedió hace dos años con la que se abrió contra ella por supuesta vulneración de la legislación medioambiental en la construcción de la urbanización Nova Carthago.
La Sala de lo Penal del Alto tribunal abrió causa contra la política del PP el pasado 17 de octubre con el visto bueno de la Fiscalía, y antes de decidir de manera formal si pide su suplicatorio, dio la oportunidad a Barreiro de declarar voluntariamente.
En su exposición razonada, Velasco señalaba que los contratos con los que supuestamente se defraudó dinero público del ayuntamiento murciano para fines particulares se facturaron como «campaña de publicidad Turismo Cartagena» por 4.840 euros, que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención.
A juicio del magistrado, la exalcaldesa participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Consistorio, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron «enmascarando» el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de la Consejería de Educación.