El 80 por ciento elogia la lección de humanidad de las víctimas

Tres de cada cuatro españoles acusan a los políticos de no escuchar a la calle

El clamor social a favor de la prisión permanente revisable, reflejado en la última encuesta de GAD3 publicada por ABC, se traduce en un reproche directo a muchos políticos por no querer escuchar la voz de la calle. Tres de cada cuatro españoles (el 74,3 por ciento) creen que algunos partidos están actuando al margen del sentir mayoritario de la sociedad. Es el caso del PSOE, que sigue enrocado en pedir la derogación de esa pena, a pesar de que el 75 por ciento de sus electores está a favor de ella.

Solo el 14,9 por ciento de los encuestados por GAD3 piensa que los políticos, en general, sí están escuchando la voz de la sociedad en este asunto, que se ha situado en el centro del debate político nacional, tras los casos recientes de Diana Quer y Gabriel Cruz, pero también por la iniciativa del PNV que impulsa la derogación de esa figura penal. Los nacionalistas vascos, que han hecho bandera de la derogación, cuentan con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos y los independentistas catalanes, además de Bildu, Compromís o Nueva Canarias. Ciudadanos ha pasado por distintas fases, y la pasada semana intentó frenar la Proposición del PNV con una enmienda a la totalidad, que no prosperó. El PP es el único que ha defendido la prisión permanente revisable desde que se abrió el debate

y se aprobó, en 2015, con los informes preceptivos favorables.

El apoyo social mayoritario a esa pena es compatible con la crítica que muchos están haciendo al Gobierno por un «uso partidista» de la polémica. El 57,3 por ciento de los ciudadanos creen que el Ejecutivo de Rajoy está usando el debate en beneficio propio.

Aparcar la ampliación

El pasado 9 de febrero, el ministro de Justicia anunció una nueva reforma del Código Penal para ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable, como respuesta a la ofensiva de la oposición, que iba en dirección opuesta. Sin embargo, tras el rechazo del Pleno a la enmienda del PP que incluía esos nuevos supuestos, el Ejecutivo ha optado por enfriar esa ampliación, y dejarla aparcada de momento. El 24,2 por ciento de los entrevistados por GAD3 no cree que el Gobierno esté utilizando en su beneficio esta cuestión.

También son mayoría, el 56,2 por ciento, los que opinan que la expresión «legislar en caliente» no deja de

ser una excusa de los políticos para no afrontar los problemas reales que tienen y sienten los ciudadanos. El 27,5 por ciento no está de acuerdo con esa apreciación.

Hay menos dudas a la hora de valorar la actuación de los familiares de las víctimas de delitos que podrían entrar en la aplicación de esa pena revisable. Ocho de cada diez españoles consideran que los padres han dado a todos una lección de humanidad. Los discrepantes aquí se reducen al 9 por ciento.

La mitad de los españoles, el 50,7 por ciento, están a favor de que la prisión permanente deba garantizar la posibilidad de reinserción al criminal que se arrepienta. De hecho, la Constitución, en su artículo 25.2, subraya que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Esa es la base del recurso que presentó el PSOE, apoyado por otros grupos de la Cámara, ante el Tribunal Constitucional, y que aún está pendiente de resolverse. A pesar de este punto, uno de cada tres entrevistados, el 36,3 por ciento exactamente, se muestra en desacuerdo con que la prisión permanente garantice la posible reinserción.

Solo hay un 23,4 por ciento que tacha esa figura penal de «pura demagogia punitiva», frente al 54,4 por ciento que rechaza frontalmente esa afirmación. Otra minoría, el 18 por ciento, cree que a los padres que reclaman a los políticos que se mantenga la prisión permanente les mueve «la venganza». La mayoría, el 66,5 por ciento, está en desacuerdo con esa opinión. Además, tres de cada cuatro apoyan la convocatoria de manifestaciones por parte de los padres.