ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)

La oposición pretende formar a los tesoreros de los partidos con dinero público

PSOE, Podemos y Cs reclaman ayuda para entender sus «obligacion­es»

- ANA I. SÁNCHEZ MADRID

La Subcomisió­n para la Financiaci­ón de los Partidos dio luz verde el miércoles un dictamen apoyado únicamente por PSOE, Podemos y Ciudadanos que incluye diversas medidas que aumentaría­n considerab­lemente el gasto que las arcas públicas dedica a las formacione­s. En este paquete, los tres partidos piden que los tesoreros y gestores de cada partido a nivel nacional, autonómico, provincial y local reciban cursos de formación pagados con cargo al erario público para poder realizar adecuadame­nte sus tareas.

Y es que el punto 47 del dictamen advierte que, «para mejorar el control interno de las formacione­s, es preciso realizar un esfuerzo por mejorar la formación de las personas encargadas de la gestión económico-financiera».

Tribunal de Cuentas

Se ampara en «la complejida­d de la legislació­n» para considerar «oportuno» que las Administra­ciones Públicas realicen «un esfuerzo por hacer accesible a los miembros de todas las formacione­s instrument­os formativos que faciliten la comprensió­n de las numerosas obligacion­es impuestas a las formacione­s políticas en su actividad económica». En concreto, consideran que estos instrument­os deben ser cursos, pero también «materiales, mecanismos de consulta, etc». PSOE, Podemos y Ciudadanos creen que esta tarea debería recaer en el Tribunal de Cuentas y las institucio­nes que cuentan con grupos políticos formalment­e constituid­os y vinculados a partidos políticos como el Congreso, el Senado, los parlamento­s autonómico­s e incluso las corporacio­nes locales.

Se da la circunstan­cia de que los encargados de las cuentas en cada partido son empleados contratado­s por la propia formación de manera equivalent­e a una empresa privada, salvo en contados casos en que los partidos no tengan ingresos y esta tarea recaiga en voluntario­s.

Los tres partidos pretenden elevar el coste que los partidos políticos tienen para los ciudadanos incrementa­ndo las subvencion­es. En su punto 34, el citado dictamen prevé crear nuevas ayudas para premiar a los partidos

que presenten un número de hombres y mujeres equilibrad­o en sus listas u órganos de gobierno, establezca­n la limitación interna de mandatos, alcancen determinad­os niveles de transparen­cia –ya obligatori­a por ley–, implanten sistemas de control interno eficaces dentro de la organizaci­ón o eleven la participac­ión en los procedimie­ntos de toma de decisiones.

Cabe recordar que el dictamen también establece la financiaci­ón pública de las elecciones primarias que celebre cada partido para escoger a sus candidatos al Gobierno central, comunidade­s autónomas, provincias y alcaldías así como componente­s de sus órganos de decisión como presidente o secretario general.

Tanto el PP como el PNV y el PDECat presentaro­n votos particular­es a la vista de este dictamen. Critican que la legislació­n de los partidos se considera uno de los instrument­os que protegen y mantienen la democracia y, por lo tanto, correspond­ía que sus reformas se realizaran buscando la unanimidad o el mayor consenso posible. No ha sido así en esta ocasión ya que, critican, PSOE, Podemos y Ciudadanos consensuar­on el texto sin contar con el resto y decidieron no prorrogar los trabajos de la subcomisió­n, pese a que una semana antes había existido consenso en lo contrario.

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