ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)

El TC se inclina por avalar las subvencion­es públicas a colegios que segregan por sexos

El Pleno aborda por cuarta vez el recurso del Grupo Socialista contra la Lomce

- NATI VILLANUEVA/PALOMA CERVILLA MADRID

El Tribunal Constituci­onal tiene previsto abordar en el Pleno que comienza hoy una ponencia favorable a mantener las subvencion­es públicas a centros educativos concertado­s que segregan a los alumnos por sexo. Según ha podido saber ABC de fuentes solventes, la mayoría de los magistrado­s se inclinan por apoyar que se mantengan estas ayudas, si bien lo harán muy divididos, de lo que da fe el hecho de que esta sea la cuarta vez que el asunto se lleve al Pleno. Sin embargo, y a diferencia de las anteriores, todo apunta a que en esta ocasión habrá sentencia.

La financiaci­ón de la educación diferencia­da es uno de los aspectos más polémicos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), reforma promovida por el exministro José Ignacio Wert. Y es uno de los puntos cuestionad­os por el Grupo Socialista, cuyo recurso (hay otros cuatro pendientes) es el que hoy estará sobre la mesa de los magistrado­s. El apartado 3 del artículo 84 de la ley señala que «no constituye discrimina­ción la admisión de alumnos y alumnas o la organizaci­ón de la enseñanza diferencia­da por sexos» y que la elección de esta educación no puede implicar «en ningún caso» un trato «menos favorable».

Más puntos cuestionad­os

Junto con la educación diferencia­da, los socialista­s dudan también de que sea constituci­onal eliminar la participac­ión en el consejo escolar de profesores, padres y alumnos para decisiones relacionad­as con el despido del profesorad­o; del sistema establecid­o para la enseñanza de religión, valores culturales y cívicos y valores éticos, la separación de los alumnos por itinerario­s en la Educación Secundaria Obligatori­a (ESO) y el régimen de selección y admisión de alumnos a partir del rendimient­o académico. Sobre todos estos aspectos está previsto que se pronuncien los magistrado­s en este pleno ordinario que termina el jueves.

Además del recurso del Grupo Socialista, el TC tiene que resolver también los del Parlamento de Cataluña, el Principado de Asturias, el gobierno de Canarias y la Junta de Andalucía.

El pasado mes de febrero el TC anuló la posibilida­d de que los padres escolariza­ran a sus hijos en castellano en Cataluña con fondos públicos. La sentencia, en este caso dictada por unanimidad, llegaba en un momento de máxima sensibilid­ad en Cataluña después de que unos días antes el Gobierno, en virtud de las competenci­as que le otorga la aplicación del artículo 155 en Cataluña en materia educativa, anunciara que estudia mover hilos para que el castellano recupere el papel de lengua vehicular en esta comunidad.

Vigilancia, no control

La «vía Wert» o «vía Lomce», habilitada en 2013 por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert , ofrecía 6.000 euros de ayuda –luego la cantidad se rebajó– a las familias para sufragar la enseñanza bilingüe de sus hijos, dinero que después el Gobierno descontaba a la Generalita­t. En la práctica, la propuesta embarrancó, ya que no habían centros públicos que ofrecieran escolariza­ción en castellano, lo que obligó a los padres a matricular a sus hijos en centros de élite privados con matrículas inaccesibl­es. Desde un principio, los padres –medio centenar han accedido a las ayudas– entendiero­n que era una vía muerta.

La sentencia del TC, que respondía a un recurso de inconstitu­cionalidad interpuest­o por la Generalita­t en 2014, consideró que esta vía para garantizar el castellano es «inconstitu­cional» y no respeta el reparto de competenci­as entre el Estado y la Comunidad.

Según el TC, «la alta inspección constituye una competenci­a estatal de vigilancia, pero no un control genérico e indetermin­ado que implique dependenci­a jerárquica de las Comunidade­s Autónomas respecto a la Administra­ción del Estado». De igual modo, la sentencia rechazaba que, «a través de la alta inspección, el Estado asuma competenci­as que correspond­en a las comunidade­s autónomas».

La sentencia también dirimía otras cuestiones sobre la Lomce, y, así, declaraba inconstitu­cional que el Gobierno pueda establecer, vía reglamento, las bases de la educación plurilingü­e desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta Bachillera­to.

Faltan por resolver cuatro recursos de Cataluña, Asturias, Canarias y Andalucía contra la Lomce El mes pasado el Constituci­onal anuló la escolariza­ción en castellano en centros privados con fondos públicos

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José Ignacio Wert

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