La Justicia anula las sanciones de la Junta contra dos veterinarios

El TSJCM critica la «claudicación» de la Administración frente a una empresa cárnica

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha anulado el expediente disciplinario y las sanciones cautelares impuestas en 2016 por la Junta de Comunidades a un veterinario para «complacer» así a una empresa cárnica. En su fallo queda certificado que la Administración vulneró los derechos fundamentales del funcionario, al que el Gobierno regional deberá resarcir de los daños y perjuicios que se le causaron, según CCOO.

«La sentencia repone la dignidad y los derechos del este trabajador público y de otro veterinario, delegado sindical de CCOO, que optó por recurrir por la vía contencioso-administrativa en vez de por el cauce especial de protección de derechos fundamentales, pero cuya situación, y así lo relata la sentencia, es exactamente la misma», explicó ayer el sindicato en una nota.

A ambos les abrieron un expediente sancionador «en ausencia de cualquier indicio o apariencia de infracción y sin el más leve atisbo de motivación legal». Y también fueron apartados de sus puestos de trabajo «sin ni siquiera concederles trámite de audiencia, simplemente porque así lo pidió la mencionada empresa cárnica», aseguró CCOO.

Los veterinarios fueron retirados de su trabajo en el matadero de Incarlopsa en Tarancón (Cuenca) por sus reiteradas denuncias de incumplimientos en materia de Bienestar Animal en 2013. Levantaron actas de infracción contra la empresa por el incompleto proceso de aturdimiento de los animales antes de ser sacrificados.

Una auditoria «puso de manifiesto graves deficiencias estructurales, obligando a la adopción de medidas correctoras», según el sindicato, Sin embargo, esas requerimientos, plenamente constatados como resalta la propia sentencia, provocaron las quejas de la empresa.

Petición de cese de Tordera

Con todo, el sindicato instó ayer el cese del director general de Salud Pública, Manuel Tordera, cuya actuación, subraya el TSJCM, «entra de lleno en el terreno de la manifiesta arbitrariedad y demuestra una complacencia y claudicación frente a los deseos de un administrado (la empresa cárnica)». A la Sala le resulta de «muy difícil explicación» esa manera de obrar desde la Junta, lo que es «frontalmente incompatible con el interés general que la Administración debe defender».