PENSIONES SOLIDARIAS, PERO JUSTAS

LAS protestas de los pensionistas, la ausencia de acuerdos en el Pacto de Toledo para mejorar el sistema de reparto mediante nuevas reformas y la cercanía de las citas electorales configuran un caldo de cultivo idóneo para que los partidos se descuelguen con todo tipo de propuestas y promesas para elevar las prestaciones de los jubilados, pero tales compromisos no solo deben ser razonables y sensatos desde el punto de vista financiero para garantizar la sostenibilidad del actual modelo a largo plazo, sino que también tienen que ser justos y equilibrados para no generar discriminaciones ni alterar la naturaleza de la Seguridad Social.

El Gobierno, por tanto, debería reformular la exención fiscal que deslizó el pasado martes el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ya que, en caso de aplicarse en los términos anunciados, los que más han contribuido al sistema resultarían penalizados. Si el Ejecutivo, finalmente, exonera del pago del IRPF a los pensionistas con rentas inferiores a los 17.000 euros al año, es de suponer que los que ganen más también se beneficien –por el principio de progresividad fiscal– de la medida, pues en caso contrario se penalizaría injustamente a quienes han abonado mayores cotizaciones durante su vida laboral, lo cual constituye una paradoja indefendible.

Es posible que se suban las pensiones por encima del umbral mínimo del 0,25 por ciento aprovechando la recuperación económica, e incluso que se apliquen exenciones fiscales a los jubilados de menor renta para mejorar su poder adquisitivo en base al principio de solidaridad, pero respetando la contributividad del modelo. No hacerlo sería injusto y terminaría convirtiendo el actual sistema de reparto en arbitrario.