La violencia en las cárceles ha empeorado con el chavismo

La enésima tragedia en un centro de reclusión de Venezuela ha vuelto a poner sobre el tapete el hacinamiento en las cárceles del país caribeño, donde la violencia carcelaria ha empeorado en las casi dos décadas de chavismo, según denuncian legisladores de la oposición. El incendio en la comisaría de Valencia (Carabobo), con casi 70 víctimas mortales, ha evidenciado que las autoridades utilizan los centros de detención preventiva –donde los arrestados no deben permanecer más de 48 horas– para paliar la superpoblación en las prisiones.

En Venezuela existen 178 centros de detención preventiva en la jurisdicción civil y 20 en la jurisdicción militar, según la ONG Una Ventana a la Libertad. Su director, Carlos Nieto, asegura que la superpoblación en las comisarías es del 400 por ciento.

Pero el hacinamiento no es el único problema de los centros de detención preventiva. Según esta ONG que se ocupa de la situación de los presos en Venezuela, el 62% no posee servicios higiénicos, el 64% carece de agua potable, el 52% de servicio de recogida de basuras y el 100% no dispone de servicio de lavandería. A la insalubridad se suma que el 98% de las comisarías no tienen servicio médico. Los presos están hacinados en instalaciones insalubres y no precisamente cómodas. El 96% no cuenta con comedores, el 92% no tienen zonas recreativas y el 86% no dispone de áreas de visita. Las mujeres y menores tampoco disponen de zonas propias. El 99% de las comisarías no tienen zonas especiales para menores, el 61% carecen de espacio para las mujeres y el 100% no cuenta con áreas para mujeres con menores de edad o lactantes.

Desde Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, denunció ayer que en las cárceles de la Policía venezolana, «usadas usualmente como centros permanentes de detención, existe hacinamiento generalizado y condiciones terribles de detención». En su opinión, «las malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, generan reiterados hechos de violencia y motines». Tras recordar que corresponde a los estados garantizar «la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad», instó al Gobierno de Maduro a que «adopte de inmediato medidas para mejorar las condiciones de detención en cumplimiento con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura, así como los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes». Por último, pide a Caracas que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura «con el fin de que se habilite un monitoreo independiente» de los centros de detención a través de «un mecanismo internacional».

Sin médicos El 98,48% de las comisarías no tienen servicio médico y el 64,14% no disponen de agua potable