ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
García-Page plantea elevar la reserva mínima para trasvasar agua del Tajo
El Ejecutivo de CastillaLa Mancha se había negado hasta ahora a cualquier trasvase
Superando los 400 hectómetros cúbicos establecidos por el Memorándum del trasvase Tajo-Segura, los embalses de cabecera de la primera cuenca, que esta semana llegan a los 450 hm3, se preparan, once meses después, para una nueva transferencia de agua. El reciente anuncio de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, de que el más que probable trasvase se decidirá el 3 de abril, hace respirar al Levante mientras cae como un jarro de agua fría en Castilla-La Mancha, donde han salido en tromba el Ejecutivo autonómico y ayuntamientos afectados.
Del lado del Gobierno regional presidido por el socialista Emiliano García-Page hay una novedad. En esta ocasión, más allá de las críticas, se plantea subir la reserva mínima a 510 hm3 de los pantanos de Entrepeñas y Buendía para poder trasvasar agua. Una propuesta que el pasado martes hizo la consejera de Fomento castellano-manchega, Agustina García Élez, quien envió una carta al Ministerio de Agricultura, en la que pide que se haga «una revisión al alza» del límite de las existencias en los embalses de cabecera. Los motivos que aducen desde el Gobierno de Castilla-La Mancha es que con el actual límite «no se garantiza ni los derechos de la cuenca cedente, ni se garantiza el crecimiento y desarro- llo de los pueblos ribereños». Además, alerta de que el abastecimiento de agua en los municipios cercanos puede peligrar el próximo verano. El planteamiento no deja de ser novedoso, pues hasta ahora y de forma sistemática los gobiernos del PSOE se habían opuesto a cualquier trasvase.
Puig, un aliado nuevo
La reserva mínima en los dos pantanos de la cabecera del Tajo se había convertido en una barrera infranqueable para nuevos trasvases al Segura en el último año. En los campos alicantinos, murcianos y almerienses se acuerdan de que hasta 2013, ese caudal ecológico estaba fijado en 240 hm3, pero con acuerdo de cinco comunidades. Al Ejecutivo de Mariano Rajoy le va a costar reeditar ese consenso para su anhelado Pacto Nacional del Agua, a pesar de que en las filas socialistas valencianas tiene a un nuevo aliado, el presidente Ximo Puig, quien ha apelado en los últimos días a que el debate sobre los trasvases no tenga color político.
Para limar asperezas en el lado manchego, el Ministerio va a poner en juego una lluvia de millones con una apuesta ambiciosa por la desalación que no lo fíe todo a las transferencias entre las dos cuencas hidrográficas en discordia. De hecho, la ministra García Tejerina ratificó el lunes que este verano la mayor planta desalinizadora de Europa, la de Torrevieja, duplicará su producción actual hasta llegar a los 80 hm3. Es más, ya está en marcha el proyecto de ampliación para que triplique su capacidad hasta 120 hm3 con una inversión de 45 millones de euros.
Y para que esta vía tampoco cause una rebelión en tierras levantinas, se han otorgado ayudas al precio del agua desalada, que nunca satisfacen a los regantes porque cuesta cinco veces más que la de trasvases –ronda el euro–, además de que por su alto contenido en boro (elemento químico), no es apto para ciertos cultivos. Del lado murciano, el consejero Francisco Jódar subrayó «el esfuerzo que el Gobierno español está realizando para paliar los efectos de la sequía» aquí, al cumplir su «compromiso» de garantizar agua para la segunda mitad de 2018, sin olvidar su reivindicación de una «solución definitiva».