Recital de evasivas de los acusados en el juicio de los ERE

La mayoría de los ex altos cargos endosan a sus técnicos y subordinados toda la responsabilidad ante el fraude de las ayudas en la Junta de Andalucía

La existencia de un fondo opaco para apaciguar los conflictos laborales generados por el cierre de industrias, los intrusos o beneficiarios de ayudas a la prejubilación en empresas que ni conocían, la selección caprichosa de aseguradoras, empresas de sindicatos, bufetes y comisionistas que hicieron un lucrativo negocio a costa de interponerse entre el Gobierno andaluz y los parados, la pasividad para frenar un sistema de subvenciones pese a las insistentes señales de alarma plasmadas en quince informes, quince, del interventor… Todo lo niegan 19 de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados que han declarado hasta ahora en el primer juicio del caso de los ERE fraudulentos.

El proceso contra el diseño y mantenimiento de un procedimiento que varios jueces coincidieron en calificar de ilícito aún aguarda las comparecencias de dos presidentes socialistas que han gobernado Andalucía durante 23 años, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que todavía puede demorarse una semana. Ellos son los miembros más destacados de un nutrido banquillo que completan seis exconsejeros y 14 ex altos cargos a los que se atribuyen supuestos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos. La Audiencia de Sevilla los juzga como presuntos autores intelectuales y ejecutores fácticos de un mecanismo presupuestario basado en el manejo arbitrario de 855 millones de fondos públicos con el propósito político de sellar la paz social y, a la postre, mantenerse en el poder.

El primero de los juicios de esta macrocausa despiezada por la juez María Núñez se ha convertido en un involuntario homenaje al último álbum del cantautor Joaquín Sabina, que lleva por título «Lo niego todo». Por negar, algunos de los protagonistas de este escándalo se han retractado de lo que declararon a la Policía, la Guardia Civil y la juez Mercedes Alaya, en un intento por reescribir el sumario que los ha puesto delante de un tribunal. Su táctica de defensa —legítima, pero está por ver que convenza al tribunal— pasa por mandar a la trituradora todos los indicios que figuran en atestados, periciales, documentos oficiales y testificales que componen la causa abierta hace siete años tras el hallazgo del primer intruso en un ERE subvencionado en la lonja Mercasevilla.

El exdirector de Trabajo al que los acusados señalaron como responsable último de todos los desmanes, Francisco Javier Guerrero, ha sido el primero en dar marcha atrás. Asegura ahora que «las criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral» —incluida su suegra, a la que concedió una póliza de 258.539 euros— «no son intrusos». «Son personas que teniendo privado su derecho al trabajo reunían los mismos requisitos que otros señores que habían salido de una empresa, nada más». La expresión «fondo de reptiles» recogida en el acta de la declaración que prestó en 2010 ante la Policía en el caso Mercasevilla, que dio origen a la investigación de los ERE, «nunca salió de mi boca, se ha tergiversado para pensar que teníamos fondos reservados», afirma el hombre que manejaba la partida presupuestaria 31L con la manga ancha que le permitieron sus jefes.

Los acusados han encendido el ventilador de responsabilidades apuntando hacia Guerrero o incluso a escalones inferiores, los cuadros técnicos que redactaron o supervisaron los expedientes. «Yo no tengo una formación jurídica para poner en duda el trabajo de los técnicos», se excusó el exconsejero de Empleo José Antonio Viera. El exjefe de Guerrero deslizó la culpa a los funcionarios —«soy maestro»— para no asumir obligaciones inherentes al cargo que ocupó entre 2000 y 2004 y por el que cobraba. Elogió el sistema de subvenciones, que tildó de «ágil», «eficaz» y con «absoluta apariencia de legalidad», en alusión al convenio marco que firmó en 2001 para encargar a la agencia pública IFA/IDEA el pago de todas las ayudas que Empleo concedía, lo que supuso sacar el dinero público fuera de los controles

Explicaciones Describen un escenario en el que Javier Guerrero iba por libre en la gestión del fondo Francisco Javier Guerrero EXDIRECTOR TRABAJO (1999/2008) «Mi suegra tenía derecho a ayuda igual que las 6.500 personas restantes; no por ser la madre de mi mujer le iba a negar lo mismo a lo que otros tenían derecho» «Nunca hablé de fondos de reptiles, eso no ha salido de mi boca, en la Junta no tenemos fondos reservados» Manuel Gómez Martínez EXINTERVENTOR (2000/2010) «Si se quiere gestionar irregularmente, se gestiona irregularmente y ahí no hay informe que valga» Ratificó su declaración en el Supremo sobre tres consejeros: «No hay excusa para no haber tomado las medidas de corrección que tenían que haber tomado»

administrativos que regulan los gastos directos de la Consejería. Otras veces, se refugió en la desmemoria para presentarse como exonerado de toda responsabilidad. «No sé si le puede resultar chocante, señor fiscal, pero 14 años son muchos años», replicó al ser preguntado por un préstamo a Promi.

Que pasara lo que pasó con esta partida, que el dinero destinado a paliar el paro fuera a parar a falsos trabajadores, a costear campañas de publicidad, a un curso de alta dirección para exdirigentes del PSOE o ferias de pueblos, son misterios que nadie ha aclarado pese al empeño que ponen los dos fiscales en sus interrogatorios. Tampoco, el sucesor de Viera entre 2004 y 2010, Antonio Fernández García.

Como el resto de procesados, el único exconsejero que ha estado entre rejas por el caso ERE no reconoce errores –su declaración prosigue el lunes– ni acepta faltas ni asume ninguna negligencia. Relata que Guerrero «trabajaba con absoluta libertad y discrecionalidad», y despachaba con él las «líneas generales» de su departamento. Tal era la identificación que existía entre la partida bajo sospecha y su gestor que Antonio Fernández admitió que en la Junta de Andalucía era conocida en «términos coloquiales» como «el programa de Javier Guerrero».

Magdalena Álvarez, consejera de Economía entre 1994 y 2004, también se aferró a la ignorancia y falta de competencia: «Yo no sé si se respetaba el procedimiento y no tengo por qué saberlo. Yo no soy la interventora». Carmen Martínez Aguayo, exviceconse-

«Es un error pensar que Hacienda lo controlaba todo. No tenía por qué conocer los convenios. Había miles. Es la cosa más natural del mundo» «Nunca he despachado con Javier Guerrero. Nunca le he dicho al consejero de Empleo que pague una nómina a nadie» «En términos coloquiales, pudimos llamarlo el programa de Guerrero. Trabajaba con absoluta libertad y discrecionalidad»

Inacción ante las alertas

Días antes, el ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez –que se enfrenta, como Aguayo, a seis años de prisión y 30 de inhabilitación–, se había desdicho de sus denuncias más graves sobre el pago de las ayudas. «Con los ojos de hoy» solo ve «deficiencias» donde antes atisbó que se estaban violentando las más elementales reglas de fiscalización. Mantiene, en cambio, su crítica a la pasividad de tres consejeros destinatarios de su informe más contundente en 2005 (el consejero de Empleo, Fernández; de Innovación, Vallejo; y de Hacienda, Griñán). Les reprocha que no actuaron pese a que pudieron frenar las irregularidades. «Cuando se quiere gestionar irregularmente, se gestiona irregularmente y ahí no hay informe que valga», zanjó.

El exconsejero de Innovación Francisco Vallejo es el único acusado que ha entonado cierto mea culpa: «Mi decisión personal, y asumo la responsabilidad, fue continuar como estábamos». Siguió abonando las ayudas para no enemistarse con otro consejero.

«No sé, señor fiscal» o «no le puedo decir, señoría». Gaspar Zarrías, el «todopoderoso» consejero de Presidencia durante 15 años, tampoco salió airoso del aprieto en el que le puso el fiscal cuándo le preguntó «a dónde tenían que acudir» los trabajadores para recibir ayudas sociolaborales de la Junta. Las llegó a comparar con los fondos de emergencia para catástrofes: «Los conflictos surgían cuando surgían. No había un cartel que dijera en caso de terremoto puede acudir a esta ayuda». En los años que funcionó este fondo, 120.829 trabajadores se vieron afectados por ERE en Andalucía, pero sólo 6.096 recibieron ayudas. Una catástrofe, sin duda, de lo más selectiva.

Magdalena Álvarez EXCONSEJERA ECONOMÍA (1994/2004) «Yo no sé si se respetaba el procedimiento y no tengo por qué saberlo. Yo no soy la interventora» Gaspar Zarrías EXCONSEJERO PRESIDENCIA «Los conflictos surgían cuando surgían. No había un cartel que dijera en caso de terremoto puede acudir a esta ayuda» Antonio Fernández EXCONSEJERO DE EMPLEO 2004/2010 «El secretario general del IFA me pasaba paquetones de firma y yo los firmaba. Yo no me entretenía en leer ninguno de los papeles» jera de Hacienda con Griñán y luego consejera cuando éste sucedió a Chaves como presidente, se escudó en sus técnicos para justificar su inacción ante las alertas de la Intervención. Ni siquiera se leía los informes que ésta le envió. «Esos informes por mi mesa no pasaban. Los técnicos no me advirtieron de ninguna ilegalidad», se excusó.

FOTOS: EFE