Intervienen bienes de casi 60 etarras que no pagaron indemnización a sus víctimas

Entre los afectados hay más de una decena de pistoleros y unos 40 borrokas

El Servicio de Información de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, demostró ayer que la disolución de ETA no iba suponer la impunidad para sus miembros. En una novedosa operación puesta en marcha ayer, los encargados del caso bloquearon cuentas corrientes e intervinieron bienes de casi 60 etarras que no hicieron frente a las indemnizaciones que les impuso en su momento el tribunal sentenciador.

Entre los afectados hay más de una decena de pistoleros, entre ellos algunos de los más sanguinarios como son Idoia López Riaño, alias «la Tigresa»; Mercedes Galdós, del comando Nafarroa; y Enrique Letona Biteri, también con múltiples asesinatos a sus espaldas. El grueso de los objetivos, sin embargo, son individuos condenados por actos de kale borroka. En total, dentro de este grupo habría 45 individuos, según las fuentes consultadas por ABC.

Operación Zerga

En el caso de la Tigresa se le ha bloqueado la cuenta corriente que tenía a su nombre, mientras que Mercedes Galdós era copropietaria de un inmuble, que no podrá vender salvo que resarza la deuda que tiene con las víctimas. Letona Viteri, por su parte, cobra una nómina, que ahora le quedará reducida al Salario Mínimo Interprofesional y todo lo que supere esa cifra estará destinado al pago de las indemnizaciones.

La operación Zerga –impuesto, en euskera–, comenzó a gestarse hace un año cuando la Guardia Civil decidió comprobar si los etarras condenados que no habían satisfecho las indemnizaciones de sus víctimas disponían de bienes, dinero en cuentas, o cobraban un sueldo. Lo cierto es que al principio los investigadores no tenían demasiadas esperanzas de tener resultado, pero decidieron intentarlo.

La sorpresa, tras el análisis de cientos de sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y la comprobación de si los implicados habían pagado las indemnizaciones, fue que muchos de los condenados ya en libertad tenían bienes a su nombre o nóminas que se les podía reclamar para hacer frente a esas obligaciones económicas.

A lo largo de la operación se han bloqueado más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se actuó sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados, alguno de ellos con sueldos de hasta 3.000 euros. Para ello, se ofició a las empresas para las que trabajan a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el Salario Mínimo Interprofesional.

En cuanto a medios de transporte, la Guardia Civil retiró de la vía pública un total de 4 vehículos, entre ellos el embargo de una autocaravana.

Asimismo, la Guardia Civil ha identificado 14 propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento. Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional emitió escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, y Álava, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

«Es una investigación novedosa, ya que se ha enfocado desde el punto de vista económico, y desde luego también es un mensaje claro de que nuestro trabajo no ha acabado con el comunicado de disolución de ETA del 3 de mayo», explican las fuentes de la lucha contra el terrorismo consultadas por ABC.

Como era de esperar, la izquierda proetarra criticó la operación. El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, aseguró que «es la respuesta del Gobierno español a la desaparición de ETA. Quieren seguir manteniendo a la sociedad vasca anclada en el pasado, cuando lo que quiere es mirar hacia adelante».

La Tigresa tenía una cuenta corriente a su nombre, Mercedes Galdós era copropietaria de un inmueble y Enrique Letona cobra una nómina

La investigación de la Guardia Civil, que comenzó hace ya un año, demuestra que la disolución de la banda terrorista no supone la inmunidad para sus miembros