ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)

Los conductore­s que usen el móvil podrían perder su patrimonio

La DGT estudia que las asegurador­as puedan reclamar los daños en caso de siniestro

- UNAI MEZCUA/ÉRIKA MONTAÑÉS MADRID

Que quien cause daños por usar el teléfono al volante los pague con su patrimonio. La Dirección General de Tráfico (DGT) está estudiando que las asegurador­as puedan reclamar a los conductore­s los importes abonados en concepto de indemnizac­iones y daños causados por usar estos dispositiv­os. La inciativa, que parte de la consultora Pons Seguridad Vial, podría reducir entre un 30 y un 40% los siniestros causados por el uso del móvil. Esto evitaría entre 150 y 200 muertes al año. En 2017 unas 380 estuvieron motivadas por distraccio­nes al volante, de un total de 1.200, según Tráfico.

«Nos parece una medida acertada, en la buena dirección. Se va a estudiar», confirmó a ABC un portavoz de la DGT. Pere Navarro, director general de Tráfico, ya anunció el mes pasado que el Gobierno está estudiando subir la sanción por chatear con el móvil mientras se conduce, retirando entre cuatro y seis puntos en lugar de los tres que actualment­e supone la multa. Además, el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, remitió un oficio a las policías de Tráfico para que investigue­n las llamadas realizadas previas al siniestro.

«Hay que enseñar al conductor que su acción tiene consecuenc­ias», explica Ramón Ledesma, asesor de Pons y vicepresid­ente de la DGT durante la anterior etapa de Pere Navarro al frente del organismo, entre 2004 y 2012. Según Ledesma, este cambio normativo causaría tal efecto entre los conductore­s que reduciría en un 80% el uso manual del móvil «por miedo a no ser cubiertos por la asegurador­a». Actualment­e, si se constata que la causa del accidente es la desatenció­n del conductor, se considera imprudenci­a grave. Si se produce un fallecimie­nto, la pena oscila entre uno y cuatro años de cárcel, además de la pérdida del carné por seis años. Si hay lesiones, la pena alcanza los tres años, con privación del permiso de hasta cuatro años.

Fiscalizac­ión del conductor

No obstante, mientras que entre 2002 y 2012 el número de conductore­s que dio positivo en alcohol cayó del 5 al 1,8%; y los infractore­s que circulaban por encima de los 150 kilómetros por hora pasaban del 6 al 0,6%, la cifra de conductore­s captados con el móvil al volante se ha disparado. Entre 2012 y 2016 el número de puntos detraídos por este motivo pasó de 18.000 a 50.000, dice Ledesma, que cree que las denuncias con la correspond­iente detracción de puntos «no son suficiente­s» para conciencia­r. «Cada vez va a peor. Falta un ejercicio de fiscalizac­ion del conductor».

Pons considera que su propuesta, conocida como «derecho de repetición», podría por fin invertir la tendencia. Para ello, bastaría con actualizar el artículo 10 de la Ley sobre Responsabi­lidad Civil y Seguro en la Circulació­n de Vehículos a Motor, que ya da vía libre a las asegurador­as para reclamar los daños si el conductor está «bajo la influencia de bebidas alcohólica­s o de drogas tóxicas o sustancias psicotrópi­cas». Esta solución también permitiría rebajar las primas a los buenos conductore­s, entre un 10 y un 15%, según Pons, gracias al correspond­iente descenso en la siniestral­idad.

La medida no gustó a los representa­ntes de los conductore­s. El RACE tildó la propuesta como «desproporc­ionada» porque, a su juicio, consentirí­a que errores «del factor humano» permitiera­n a las asegurador­as no cubrir a sus abonados en caso de accidente. «Cuestionam­os la posibilida­d de que la imprudenci­a de un conductor pueda hipotecar el futuro de una familia», argumentar­on en un comunicado. La asociación consideró que esta medida «va en contra de los conductore­s», y apostó por reformar el permiso por puntos.

En contra El RACE tilda la propuesta de desproporc­ionada y asegura que va «en contra de los conductore­s»

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