Se aprueba la ampliación de los usos de la primera fase de Torrehierro

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado por trámite urgente la modificación de usos de la primera fase del polígono industrial de Torrehierro, con la que posibilitará la ampliación a usos terciarios, comercial, hotelero, oficinas y dotaciones privadas, deportivas o culturales. Según el viceportavoz del equipo de Gobierno, Santiago Serrano, con esta modificación se da respuesta a una demanda «histórica» de los empresarios de Torrehierro que permitirá la dinamización del polígono, corrigiendo además un problema de base que sólo permitía el uso industrial.

Serrano ha explicado que, con este cambio en los usos, la primera fase de Torrehierro adquirirá la misma condición que tiene la segunda, pues su desarrollo refleja desde el principio la utilización comercial de los terrenos. «El desarrollo de la actividad empresarial se puede ver complementada con espacios en los que los empresarios tengan oportunidad de reunirse, de mantener almuerzos de trabajo y tener alojamiento hotelero», indicó.

Esta modificación continuará ahora con el trámite de información pública, una evaluación ambiental estratégica, un informe de la Consejería de Cultura y su paso por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio, hasta volver al pleno para su aprobación definitiva.

Por otra parte, el viceportavoz avanzó que ya están iniciados los primeros contactos para sacar adelante el proyecto de vivero industrial en el polígono de Torrehierro, como parte del Plan Estratégico Talavera 2025, y que consistirá en establecer un convenio de colaboración con los propietarios de naves que no tienen actividad, entre 10 y 20 naves, para ponerlas a disposición de los emprendedores.

Para ello, se establecerá un «alquiler bajo» durante los primeros años, que irá incrementándose desde el primer año hasta el quinto, mientras que al sexto y séptimo año se podrá solicitar siempre que las empresas «acrediten aumento de la empleabilidad y la salida a mercados internacionales».

La propuesta se concretará en una ordenanza reguladora del precio a pagar por la utilización de los servicios de información general y asesoramiento sobre financiación, por el mantenimiento del entorno, por la seguridad y vigilancia, el suministro de agua, luz, teléfono e Internet, mobiliario, gestión, formación e instalaciones comunes.