ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Temor a que la ley Celaá borre a los padres de la educación de sus hijos
Organizaciones educativas presentan hoy enmiendas ante el Consejo Escolar
Padres, madres, alumnos, profesores, sindicatos y organizaciones educativas de todo color ideológico reunidos en el Consejo Escolar del Estado se han lanzado en contra (total o parcialmente) de la nueva ley educativa, con la que el Gobierno quiere revertir los cambios promovidos por el PP en la ley Wert. Es precisamente, el sesgo político de la nueva ley y el escaso papel de las familias lo que más preocupa a las organizaciones educativas, según las enmiendas que se presentan este lunes a la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado.
Las organizaciones coinciden en la crítica a la supresión que el anteproyecto hace del párrafo H Bis del artículo 1 que aludía al «reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos». En este sentido, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) pide mantener este apartado asegurando que «es evidente que los máximos responsables de la educación de sus hijos han de ser los padres». Lo mismo dice la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa): «Parecen olvidar que el Estado debe estar al servicio y tener en cuenta por tanto a las familias».
Las organizaciones también coinciden en pedir que se elimine del anteproyecto el párrafo que habilita a los centros a «ampliar el calendario escolar o el horario lectivo de áreas o materias». «Es un gran error. La conciliación familiar y laboral debe ser responsabilidad de toda la sociedad y no solo del sistema educativo», critican desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. También se oponen a esta posibilidad el sindicato de profesores, Anpe y la Federación de empleados de servicios públicos de UGT. «La autonomía de los centros ha de ser potenciada pero en ningún caso esta autonomía puede dar lugar a la modificación de calendarios, horas lectivas y otras cuestiones estructurales», señala UGT.
Cuatro años de Bachillerato
También hay enmiendas a la posibilidad de obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, tal como pretende el nuevo texto de Celaá. «Además de menoscabar la formación del alumnado, atenta contra la decisión del profesorado de suspender a un alumno por no considerar alcanzados los objetivos de su materia y por ende los del Bachillerato», critican desde Anpe. «La obtención del título ha de responder a la superación de todas las materias y el logro de los objetivos de la etapa. Con una sola materia suspendida no se han podido superar los objetivos y se basa en una decisión discrecional y subjetiva», critica FSIE. Respecto a la opción de hacer el Bachillerato en tres cursos en vez de dos, CC.OO. va más allá y pide cuatro. «Permitiría un mayor éxito educativo», defienden.
Varias enmiendas, se encaminan a pedir la recuperación en el artículo 109.2 de la expresión «demanda social», que aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias. Este se sustituye por un párrafo que hace referencia al «derecho a la educación» y al «principio de participación», pero no al reconocimiento a la «libertad de enseñanza». «La expresión “demanda social” es mucho más clara y directa que la expresión que pretende utilizar el legislador: el principio de participación. La demanda social es el principio inspirador de los sistemas democráticos», sostiene Concapa, que también pide recuperar el apartado 3 de la disposición adicional segunda que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de textos a las autoridades religiosas.
Educación diferenciada
Las enmiendas también reparan en las trabas que el anteproyecto pone a la educación diferenciada por sexos. Concapa pide que se suprima la expresión: «a través del régimen de coeducación de niños y niñas». «No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos», defienden. En cuanto a la enseñanza de la asignatura de Religión hay varias enmiendas. Concapa, por ejemplo, recuerda al Gobierno que se firmó un acuerdo con la Santa Sede que establece, entre otras cuestiones, incluir «la enseñanza religiosa en los centros educativos en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales». FSIE, por su parte, también pide la oferta de Religión en Primaria, ESO y Bachillerato. «Excluyéndola de la relación de asignaturas o de la regulación del currículo no se respeta el derecho constitucional que asiste a los padres para elegir la formación religiosa que consideren adecuada para sus hijos».