ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)

Celaá garantiza el castellano, pero da alas a Cataluña para desterrarl­o

La ley educativa recibe el visto bueno del Gobierno envuelta en contradicc­iones

- JOSEFINA G. STEGMANN MADRID

El anteproyec­to de la nueva ley educativa que prepara el Gobierno llegó ayer al Consejo de Ministros para su estudio. Se trata de una «primera lectura», dijo la ministra de Educación y Formación Porfesiona­l, Isabel Celaá, de esta ley que retoma, con modificaci­ones, la LOE, aprobada por los socialista­s en 2006 y que supone, al mismo tiempo, la derogación de la Lomce, más conocida como «ley Wert». Se trata de «una modernizac­ión del sistema; lo que se hace con esta ley es modernizar la LOE, sobre la que se reclinaba la Lomce, y situarla en las directrice­s europeas y la OCDE», dijo Celaá.

Preguntada por las garantías de la enseñanza del castellano en las aulas, Celaá aseguró que esta lengua está en «una proporción» y que se garantiza como lengua oficial. Sin embargo, el texto parece decir lo contrario.

El anteproyec­to elimina la obligatori­edad de dar castellano y catalán «en una proporción razonable», tal como establece la justicia y recoge la Lomce. Sin embargo, la ministra defendió las garantías al castellano, aludiendo a otra parte del texto, la que se refiere a la distribuci­ón de competenci­as entre el Estado y las comunidade­s para determinar el currículo de las materias (no en qué lengua se imparten). Así, el nuevo texto asigna un 55% al Estado en caso de comunidade­s con lengua cooficial y un 65% a las demás. «Está en proporción, se garantiza el castellano como lengua oficial. ¿Desde hace cuatro meses no se garantiza?», defendió Celaá.

En relación a la asignatura de Religión, cuya presencia en el texto reclaman muchas organizaci­ones, Celaá dijo que «sí está». El problema es que se regula en las disposicio­nes adicionale­s segunda y tercera y, por tanto, se la deja afuera del bloque de asignatura­s fundamenta­les. Ello podría suponer un tratamient­o distinto de la misma en relación al resto de materias. Los acuerdos suscritos con la Santa Sede en 1979 establecen que la Religión tendrá un tratamient­o «equiparabl­e a las demás disciplina­s fundamenta­les». Además, la nueva ley elimina de la Lomce el apartado 3, que dejaba la determinac­ión sobre el currículo y los libros de texto a las autoridade­s religiosas.

Fase de propuestas

Celaá aclaró que el texto que ha aterrizado en el Consejo de Ministros no es el definitivo, sino que está en una fase de consultas a falta del informe del Consejo Escolar del Estado. Se prevé que el texto final llegue al Congreso de los Diputados el próximo mes de enero.

Padres, madres, alumnos, profesores, sindicatos y organizaci­ones educativas de todo color ideológico reunidos en el Consejo Escolar del Estado se lanzaron en contra (total o parcialmen­te) de la nueva ley educativa. Es el sesgo político del texto y el escaso papel de las familias lo que más preocupa a las organizaci­ones educativas, según las enmiendas que avanzó ABC el pasado lunes.

También se critica la posibilida­d que contempla el anteproyec­to de obtener el título de Bachillera­to con una asignatura suspensa, la eliminació­n de la expresión «demanda social» (que se entiende como un golpe la concertada). En el artículo 109.2, aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias. Esta frase se sustituye por un párrafo que hace referencia al «derecho a la educación» o al «principio de participac­ión», pero no al reconocimi­ento a la «libertad de enseñanza».

La ministra precisó que este anteproyec­to afectará a 8 millones de estudiante­s, a 700.000 docentes y 28.000 centros educativos. Además, aclaró que el texto es «respetuoso con la Constituci­ón». Celaá explicó que con el anteproyec­to se vuelve en Primaria a los ciclos educativos. «El sistema educativo español tiene un problema de excesivas repeticion­es, establecer una Primaria por ciclos reduce esa inoportuni­dad de que los alumnos repitan curso a curso». La tasa de repetición, precisó es del 27 por ciento. Recordó, además, que se eliminan las reválidas, los itinerario­s tempranos y se evita la doble titulación para la ESO, es decir, solo habrá una titulación a la que se podrán encaminar también los alumnos que estén en FP Básica. «Habrá, en consecuenc­ia, muchos más recursos en juego en el sistema. El alumno que repita tendrá asignado un tutor del centro y se procurará que llegue con éxito al final del recorrido».

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EFE La ministra de Educación y Formación Profesiona­l, Isabel Celaá, ayer en La Moncloa

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