Un año sin poder volver a casa

Un año después de producirse el desalojo del edificio de viviendas sociales de la calle Laguna de la Colmada de Guadalajara, algunas de las 48 familias que hay alojadas temporalmente en otros pisos comienzan a impacientarse por saber cuándo podrán regresar a sus casas.

La alarma saltó en diciembre de 2017 con la aparición de grietas en paredes y techos, caída de azulejos, ruidos en la estructura y malos olores, pero la expropiación forzosa llegó en enero de 2018. El día 11 se acordó el desalojo forzoso para llevar a cabo una obra de envergadura que está en proceso de ejecución. El edificio es propiedad de la empresa pública Gicaman, que espera que los trabajos terminen en el primer semestre de este año. A los vecinos se les dio la opción de realojarles en pisos o de darles una ayuda económica para el alquiler.

El presidente de Gicaman, Javier Barrado, ha reconocido a EP que hay «cierta intranquilidad, lógica, que asumimos y pedimos paciencia por las molestias». Según Barrado, la mala estabilización del terreno es lo que ha dado lugar a los «pequeños movimientos del subsuelo que ocasionaron grietas fuera de la común», pero no hay peligro de derrumbe.

Carmen, una de las vecinas desalojadas, vive ahora en un piso cedido en el barrio de Los Manantiales y tiene «muchas ganas» de que las obras terminen y volver a la casa en la que estaba en alquiler desde hacía 11 años.

Otro de los vecinos, que prefiere mantenerse en el anonimato, cree que tal y como van las obras pueden volver a casa de aquí al verano, pero en su caso no tiene prisa porque el barrio en el que está ahora le gusta y también el piso, «que es el doble de grande». Pese a ello, este vecino asegura que sigue pagando el mismo alquiler que antes. «El resto lo pagan ellos, hay que reconocerlo», afirma en relación a Gicaman.

Alquileres sociales

Según el presidente de esta empresa pública, en general la mayoría de los inquilinos están teniendo paciencia. Desde la Junta de Castilla-La Mancha ya han emprendido acciones para demandar a la empresa que en su momento ejecutó la obra, para que se haga cargo también del coste que está suponiendo para la Junta afrontar los alquileres de los vecinos realojados o las ayudas concedidas.

Barrado añade que los alquileres sociales de estos pisos van desde los 80 euros para los apartamentos más pequeños hasta unos 140 para los más grandes.

La Junta Ya ha iniciado acciones para demandar a la empresa que en su momento hizo las obras