Sánchez se aprovecha de la pandemia para despreciar una reunión con la concertada

ABC accede a la cartata en la que Iván Redondondo excusa al presidentee por su apretada agenda enda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene tiempo paraa reci-recibir a la educación concertada. Des-Después de que el sector, a través dede la Plataforma Más Plurales, se lanzaranzara a las calles en dos ocasiones a travésravés de una caravana de automóviles para pedir la paralización de la ‘ leyy Ce-Celaá’ que reunió, según la organiza-nización, a un millón de personass en cada convocatoria ( los días 222 de noviembre y 20 de diciembre),e), el presidente les ha dicho que no tie-tiene planes de reunirse con ellos «en un futuro próximo».

Así consta en una carta enviadada a la concertada, firmada por Iván Re-Redondo, el jefe de gabinete de Sán-ánchez, y escrita en nombre del presi-esidente del Ejecutivo, a la que ha ac-accedido ABC. ¿Qué motivos aduce?ce? «Lamento comunicarle que la in-intensa actividad del Gobierno con-ontra la pandemia y para la recupera-ración, a la vez que promueve el cum-mplimiento de sus compromisossos de legislatura, impiden que pueda celebrar-lebrarse ese encuentro en un futuro próximoi», explica Redondo a Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (Cofapa) y firmante de la carta.

«No se nos deniega a nosotros ni a nuestras instituciones solo, sino a los dos millones de ciudadanos que firmaron el manifiesto de protesta y los tantos otros que se manifestaron con vehículos por las calles de todo el país», lamenta el portavoz de Más Plurales, Jesús Muñoz de Priego.

Un «portazo»

La concertada pidió por carta reunirse con Sánchez el pasado 30 de noviembre. De hecho, la misiva se llevó a Moncloa en mano. El Gobierno tardó 23 días en decir que no (la respuesta está fechada, con bolígrafo, el día 23 de diciembre) y casi dos meses en poner la carta en Correos, ya que llegó a las manos de Más Plurales el día

«Todo pactado»

Los representantes de la educación concertada intentaron dialogar ‘in extremis’ para solicitar, a través de entidades afines al PSOE, una reunión con el partido cuando la ley estaba a rales, ra « esta comunicación denegando ga una mera reunión es coherente ren con todo el proceso que ha seguido gui este Gobierno de Sánchez con la ley.l Una ley que no ha tenido ningún diálogo ni antes, ni durante, ni después. des Pura imposición en un ámbito estratégico, de efecto multiplicador, cad fundamental y necesitado de consenso. con Lo que nos lleva a pensar que no es que sea una forma de actuar puntual de este Gobierno, no es un accidente,a sino que este Gobiernono ded Sánchez es así; esto les define, es su forma de gobernar».

Peligro Peli en La Rioja

La ‘leyle Celaá’ entró en vigor el pasado 19 de enero tras una tramitación parlamenlamentaria frenética en la que, por primeramera vez en democracia, no participababa en el debate de la ley la comunidad educaeducativa. La ministra de Educación, Isabel Celaá, negó siempre (y lo recalcó en el mmismo Senado el día de su aprobacióbación) que la ley no atacaba a la concertadcertada. Pero en la práctica (y no solo en el textot legal) ya se está demostrandodo que no es así. El pasado jueves la Plataformtaforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja (comunidad gobernada por PSOE y Podemos), denunció que el borradorrador del nuevo decreto de escolarizaciónción quiereq excluir «a parte de la comunidadnidad educativa de los órganos de controltrol y restringiendo a su criterio la eleccielección de centro por parte de las familiasili». ¿Cómo?

«El decreto establece una Oficina Permanente de Escolarización que se encargará de baremar las solicitudes de todos los centros y publicará las listas de admitidos, lo que implica que los centros pierden su autonomía para aplicar el proceso de admisión», señalan asimismo fuentes de la concertada. El riesgo evidente es que una vez centralizado el proceso, la Administración distribuya los alumnos como desee bajo la excusa de conseguir un reparto equilibrado de alumnos con necesidades específicas o pertenecientes a minorías, etcétera; es decir, eliminando la capacidad real de elección de las familias.

A este respecto, el consejero de Educación de La Rioja, Pedro Uruñuela, dijo ayer que «ni nosotros ni la Lomloe establecemos que el criterio de elección de centro sea la demanda social», informa Ep.

«Malas enmiendas»

El mismo día en que la ley se aprobó en el Senado, el PSOE avanzó antes de la votación, que rechazaría los vetos a la ‘ ley Celaá’: «Sale limpio, las enmiendas a la norma son muy malas».

POOL