ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
La mayoría de las leyes de Sánchez
El jefe del Gobierno incumple una decena de promesas electorales al abusar del decreto-ley para gobernar
Un total de 27 de los 43 proyectos de ley impulsados en esta legislatura no se ha sometido al dictamen de los órganos consultivos o La Moncloa no ha comunicado al Congreso haber realizado este trámite. El Ejecutivo está eludiendo el procedimiento legislativo ordinario gracias al abuso del decreto, un instrumento que la Constitución reserva para situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad » , porque le permite eludir los trámites de consultas, audiencia e información públicos, reducir la petición de dictámenes y abreviar el análisis del impacto normativo. Los 27 proyectos de ley citados nacen con esa tara puesto que se derivan de otros tantos decretosleyes. En su elaboración se han evitado así muchos de los trámites y consultas previstos en la Ley del Gobierno para « garantizar el acierto y la legalidad» de los proyectos legislativos.
Suficientes garantías
Fuentes socialistas aseguran que la tramitación parlamentaria introduce suficientes garantías aunque los proyectos de leyes nazcan de esta forma, ya que los grupos pueden solicitar las comparecencias que consideren oportunas, los servicios jurídicos de la Cámara velan por la calidad de los textos y el procedimiento introduce el sosiego necesario para legislar.
Pero los juristas y letrados consultados por ABC difieren de esta valoración. Para empezar porque la tramitación que normalmente se aplica a una ley derivada de un decreto es la urgente que, teóricamente, reduce a la mitad los plazos. Para continuar porque son textos que se tramitan como ley una vez que ya han entrado en vigor como decreto, lo que provoca que su margen de modificación sea limitado. No en vano, «el régimen legal aplicable a un sector, colectivo o área de actividad no debe estar sufriendo grandes modificaciones en un corto espacio de tiempo», recuerdan los letrados. «Y hay cambios que no son planteables en la fase de enmiendas».
Ibor Fernandes Romero, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Cardenal Cisneros, coincide con esta visión y habla incluso de «coacción» al referirse al abuso del decreto-ley cometido por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Los grupos solo pueden decir sí o no cuando el Ejecutivo envía un decreto al Congreso, no tienen capacidad para introducir enmiendas o matices. Y cuando se tramita como proyecto de ley el problema es que ya está en vigor y es muy complicado aprobar algo que cambie el texto sustancialmente». En esta misma línea se ha pronunciado muchas veces no solo el PP sino un socio preferente del Gobierno como el PNV, cuyo portavoz Aitor Esteban critica el ‘ lo tomas o lo dejas’ al que Sánchez somete a la Cámara Baja y a sus propios aliados constantemente.
Además de utilizar el decreto-ley como instrumento ordinario, el Ejecutivo también está sirviéndose de sus grupos parlamentarios en el Congreso para esquivar a los órganos consultivos. Por esta vía está tramitando otras