La CEOE traslada al Gobierno que el alza de tributos que defiende Montero dañaría la recuperación y el empleo

Mientras el Gobierno decide si sube o no los impuestos este año, la incertidumbre se expande como una mancha de fuel por un ecosistema empresarial muy castigado tras más de un año de dura crisis. «Se suban o no, buena parte del daño ya está hecho», se lamentaba ayer el alto directivo de una empresa. La chispa saltaba el pasado martes, con las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que abogaba por armonizar cuanto antes Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y endurecer Sociedades, lo que elevaría los tributos en regiones con impuestos reducidos como Madrid y los bajaría en otros regiones con alta presión fiscal.

Y en el carrusel en el que está instalado el Gobierno de desmentidos, rectificaciones y afirmaciones contradictorias, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, trataba ayer de apagar el incendio negando la mayor y asegurando que «no es momento de subir impuestos». «De ninguna manera estamos hablando de subir impuestos y menos a corto plazo», recalcó la vicepresidenta. «Tenemos que modernizar nuestro sistema fiscal, hacerlo más sólido y progresivo, ver qué oportunidades da la fiscalidad verde... y para ello se ha creado un grupo de expertos que presentarán sus conclusiones en 2022», añadió Calviño en una entrevista en la radio.

Entre las declaraciones de una y otra ministra se cuentan varias llamadas de altos empresarios a ministros económicos del ala socialista del Gobierno de coalición. La propia Calviño mantiene una relación fluida con el líder de los empresarios, Antonio Garamendi. Fuentes cercanas a la CEOE aseguran que la organización estudia la posibilidad de alzar la voz en contra de esta subida coincidiendo con su junta directiva de la próxima semana. También el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría recogido las demandas de varios empresarios de su ramo y, según las fuentes consultadas, habría mostrado su sensibilidad ante la preocupación.

Los sindicatos no se han pronunciado en esta ocasión sobre el alza de impuestos que defiende la titular de Hacienda, aunque su postura ha sido siempre muy clara. Para UGT y CC.OO. el aumento de la contribución fiscal «es pieza clave para garantizar los derechos sociales, así como para impulsar la actividad económica, la inversión y transformar el tejido productivo», según la propuesta sindical para «la construcción de un nuevo país, con futuro, más social, más igualitario, más productivo y más verde», que presentaron el pasado verano los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

En Madrid, donde la fiscalidad se ha convertido en un arma arrojadiza con vistas a las elecciones, la preocupación es máxima. El presidente de CEIM, Miguel Garrido, considera que los cambios de opinión se deben a las grietas dentro de la coalición. «La fiscalidad aplicada en la Comunidad de Madrid a los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones es la más parecida a la vigente en casi todos los países de la Unión Europea. Solo desde planteamientos ideológicos o por atender las exigencias de los socios independentistas y populistas del Gobierno se explica que se pretenda imponer una subida de impuestos que va a perjudicar tanto a la competitividad de nuestras empresas como a las oportunidades de trabajo de los españoles. Y probablemente ni siquiera consiga mejorar en el largo plazo la recaudación».

Añadió que aumentar la presión fiscal es « exactamente lo contrario

E

LNadia Calviño y Antonio

Garamendi

agujero que estamos abriendo en las cuentas públicas por culpa de la prolongación de la pandemia es de tal magnitud que mucho me temo será necesario realizar un esfuerzo de aportación ciudadana. Pero con orden.

El movimiento tiene que empezar por el sector público que, si ya antes en situación normal, gastaba más de lo que debía, ahora resulta intolerable en esta tesitura extraordinaria. Revisar el gasto, eliminar duplicidades, analizar los resultados obtenidos por ellos, etc., es la primera prioridad. Y si tenemos que desmontar tenderetes políticos que levantamos en otros momentos y por otras razones, pues los desmontamos. El dirigente que quiera un circo que se pague los payasos.

Luego está la lucha contra el fraude. El Instituto de Estudios Económicos presentó ayer su informe de la fiscalidad autonómica y dejó claro que en España quien paga impuestos los paga en términos de presión habituales en otros lares. El problema de la recaudación escasa no se explica porque quien paga, pague poco, sino porque hay muchos que no pagan. Esta es la segunda prioridad. Y la tercera consiste en no olvidar que todos los impuestos son contractivos de la actividad y ahora necesitamos justo lo contrario, expandirla, por eso hay que ser muy cuidadosos.

Una última reflexión. El estudio del IEE deja claro que Madrid y el País Vasco (uno más en personas físicas y otro en jurídicas) son las dos comunidades con una fiscalidad más amable con el contribuyente. Sabemos que son también las dos comunidades con mayor renta, mayor PIB y mayor aportación per cápita. ¿Cuál es el orden? Son las regiones más ricas porque tie