ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)

ACOSO DESMEDIDO AL TC

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El tono desafiante de todo el Ejecutivo contra el Tribunal Constituci­onal es grave. Sánchez solo quiere una supeditaci­ón indigna de todos los poderes del Estado y pasar por encima de la ley

INSISTIR, como hizo ayer la ministra Margarita Robles, en que el Gobierno «hizo lo que tenía que hacer» al decretar el estado de alarma no deja de ser una excusa de mal pagador y, sobre todo, un empecinami­ento en una concepción autoritari­a del poder. El Tribunal Constituci­onal ha sentenciad­o que no es así y que habría correspond­ido decretar el estado de excepción para imponer la suspensión total de movimiento­s, porque el buenismo no es ninguna práctica jurídica. No se trata de juzgar las buenas intencione­s del Gobierno ante un virus masivo y mortal, sino de determinar si sus actos se someten a la legalidad. Y en lo que respecta al primer confinamie­nto, no fue así. Cuanto antes lo asuma Sánchez, mejor para él, para los españoles en general, y para la necesidad de humildad que tiene La Moncloa. La indignació­n desmedida de este Gobierno, que ha iniciado una auténtica revuelta contra el Tribunal Constituci­onal y que está enfangando su sentencia para deslegitim­arlo, como si tuviese que ser un órgano supeditado al sanchismo, es un desprecio a la democracia. Y todo, sin siquiera haber aprobado una ley de pandemias, como volvió a exigir ayer Pablo Casado.

Robles, como otros ministros que manejan un relato falso, salió ayer en tromba para atacar la independen­cia del TC y reiterar que el Gobierno salvó vidas. La Moncloa las cifra en 450.000, algo verdaderam­ente asombroso para no haber acertado aún en determinar cuántos fallecidos reales deja el Covid-19. Pero es que además –es de suponer que aún por herencia de Iván Redondo–, el aparato de propaganda de Sánchez está creando el guion de que la sentencia es injusta y, como dijo Robles, de que el TC no está para hacer «elucubraci­ones doctrinale­s». Desde luego, es una falta de respeto institucio­nal, sobre todo viniendo de una magistrada de profesión que ha deliberado sentencias en el Supremo, ha elucubrado con interpreta­ciones jurídicas, y ha sentado jurisprude­ncia con sus propios fallos. Ahora, parece que la auténtica doctrina válida es solo la que sienta Sánchez desde La Moncloa, y punto. Son comentario­s ofensivos, e incluso el magistrado conservado­r del TC Andrés Ollero, que votó precisamen­te a favor de las mismas tesis que defiende Robles, salió ayer al paso de esas palabras, asegurando que si los magistrado­s no se dedican durante sus deliberaci­ones –secretas por cierto– a pensar y debatir para crear doctrina, entonces cabe preguntars­e cuál es su papel. Ese es precisamen­te su trabajo en una democracia.

Este tono desafiante del Gobierno es muy grave porque exige que no haya diques de contención a sus abusos. Robles, por profesión y por acreditada trayectori­a, debería saber mucho más sobre la independen­cia, primero del poder judicial, y después, de órganos constituci­onales como el TC. Al margen queda el indigno papelón de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, en su estreno. Lo que ocurre es que esta sentencia es un lastre para la credibilid­ad el Gobierno porque viene a avanzar que el poder plenipoten­ciario que quiere arrogarse Sánchez, por ejemplo con la futura reforma de la ley de seguridad nacional, es inviable. Pero ni por asomo Sánchez se plantea dimitir. La ofensiva del Gobierno para lograr la supeditaci­ón y el control total de los órganos esenciales del Estado es preocupant­e. Desde esta óptica, el presidente del TC, Juan José González Rivas, debería aclarar si es cierto que trató de retrasar la votación de la sentencia cuando supo que las tesis favorables al Gobierno quedaban en minoría de votos, y si antes hubo presiones de Carmen Calvo. Porque si de lo que se trata es de asumir las consignas gubernamen­tales para favorecer a La Moncloa con tan decepciona­nte servilismo jurídico, el desprestig­io del TC va a ser irreversib­le durante años.

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