ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Iberdrola recurre el sobreseimiento de su querella contra Del Olmo
La compañía había solicitado su personación como acusación particular
El equipo de abogados de Iberdrola ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional por las decisiones hechas públicas la semana pasada por el juez Manuel García-Castellón. En concreto, desde la compañía consideran que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva con el sobreseimiento decretado sobre su querella contra el exdirectivo José Antonio del Olmo.
En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, se argumenta que está mal aplicada la prescripción del delito de falsedad presuntamente cometido por Del Olmo, quien denunció irregularidades y el pago de facturas. Así, se indica que el juez no ha abordado en su auto el delito de uso ilícito de documento falso, que tuvo lugar hace dos años y, por lo tanto, no ha prescrito, pues el plazo es de cinco años.
Iberdrola también reclama que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la decisión de dejar fuera a la compañía como parte perjudicada del proceso y sobre la decisión de expulsarla del procedimiento sin haberle comunicado nada durante un año.
Asimismo, recuerda en el escrito que el 20 de julio de 2020 fue la última fecha en la que el juez admitió la inhibición del juzgado de Bilbao sobre la querella contra Del Olmo.
Por ese motivo, la compañía eléctrica pide que se pronuncie sobre la nulidad de las actuaciones del juez, al menos, desde mayo de 2021, fecha en la que Iberdrola envió al magistrado hasta cuatro reclamaciones solicitando que se le comunicasen unas decisiones que nunca le enviaron.
Investigación
Hace una semana, el juez García-Castellón acordó en la pieza separada 17 de la llamada operación Tándem la citación como investigada de la persona jurídica Iberdrola Renovables Energía S. A. por delito de cohecho por la presunta contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Además, el magistrado acordó el sobreseimiento para el exdirectivo Del Olmo, contra quien la compañía se había querellado por retocar un documento para perjudicar sus intereses. El auto no entró a dilucidar la existencia o no de indicios de la comisión de delito porque los hechos estarían prescritos, tal y como informó este periódico.