EL ASESINATO DEL PRESIDENTE HAITIANO

El día que asesinan al presidente de Haití se produce una llamada a Colombia. De fondo se escuchan tiroteos y quien habla es Duberney Capador: «Estoy en peligro, escondido, no hemos salvado al jefe». Al otro lado del teléfono se encuentra Jenny Carolina, su hermana. Capador era exsargento, se había retirado del ejército en 2019 y vivía en una granja con su madre, al oeste de Colombia. Ahora está muerto. Lo último que lamentó por teléfono fue «haber llegado demasiado tarde».

Duberney Capador es el ‘reclutador’ en esta historia. Una de las primeras noches del pasado mes de junio, unos veinte veteranos del Ejército colombiano recibieron un telefonazo de un viejo compañero: otro militar retirado de 40 años, entrenado en las fuerzas especiales de Colombia y padre de una niña de seis.

«Un trabajo legal»

A cada uno de ellos les ofreció, según han relatado los familiares, «un trabajo legal y seguro» en Haití, que «no les daría problemas», sino todo lo contrario: se les encomendó una misión para profesionales selectos y una oportunidad para ganar prestigio y también dinero. Varios reclutados, como Capador, no lo contarán. Forman parte de los muertos que se ha cobrado el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en un gran puzle con piezas que no encajan y otras que aún se hallan ocultas. Ahí va la central: el presidente recibió doce balas el pasado miércoles 7 de julio hacia la una de la madrugada en su domicilio de Puerto Príncipe, la capital del país caribeño. Según dijo León Charles, jefe de Policía de Haití, en la operación, perpetrada por un grupo de asaltantes que irrumpieron a tiros en la residencia presidencial había «extranjeros que hablaban español». El embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond, afirmó que el grupo de atacantes se habían presentado como miembros de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Sin embargo, rápidamente aclaró que se trataba de «falsos agentes» y que en realidad eran «asesinos profesionales».

También la mujer del presidente y primera dama, Martine Moïse, resultó herida de bala en el ataque armado contra el mandatario, que llevaba meses tratando de aplacar una crisis política y social que se había erizado, pero venía de largo. La opo

sición pedía su renuncia y Moïse ya había denunciado un intento de atentar contra su vida en febrero.

¿Cómo se organiza un magnicidio? ¿Quiénes son los principales sospechosos en el crimen contra Moïse? ¿Quién contrata a Capador? Hay tres momentos que, en un caso plagado de flecos sueltos, lleno de dudas y ausente aún de certezas, son el punto de partida para desmadejar la trama. El primero se produce hace varios meses en República Dominicana.

Sanon, ¿autor intelectual?

Allí tienen lugar encuentros entre tres de los principales investigados por las autoridades haitianas. Uno de ellos es Christian Emmanuel Sanon, nacido en Haití pero con residencia en Florida, médico y pastor de 63 años, que ahora se encuentra detenido. La policía del país caribeño sostiene que Sanon conspiraba con los demás para tomar las riendas de Haití, una vez el presidente Moïse hubiese sido apartado del poder. Sin embargo, las autoridades no explican cómo alguien que nunca había ocupado un cargo electo hubiese podido erigirse como nuevo presidente. Según dicen, la policía encontró en una redada en su domicilio de Florida seis fundas, 20 cajas de balas y una gorra de la DEA.

También participó en las reuniones de la conspiración el venezolano Antonio Intriago, dueño de la compañía de seguridad de Florida CTU, desde la que se contrató a la veintena de exmilitares colombianos para llevarlos hasta Haití. Según la hermana de Capador, Jenny Carolina, la firma de Intriago se puso en contacto con el fallecido veterano del ejército en el mes de abril. Walter Veintemilla es el tercero en discordia, que dirige Worldwide Capital Lending Group, una empresa de servicios financieros en Miramar, Florida, y a quien las autoridades haitianas acusan de haber financiado el complot contra Jovenel Moïse. De momento, se han presentado pocas evidencias que vinculen a los sospechosos con el crimen. El fiscal principal de Haití, León Charles, también ha empezado a investigar el grado de implicación que podrían haber jugado las fuerzas de seguridad caribeñas, pues ningún integrante del séquito de seguridad del presidente resultó herido. Además, resulta extraño que los asaltantes lograsen franquear un recinto protegido por los hombres de Moïse.

Seguridad inexistente

Por el momento, la policía haitiana ha puesto bajo custodia policial al jefe de seguridad del palacio presidencial, Dimitri Hérard y a otros cuatro altos oficiales. Según publica ‘The New York Times’, Hérard habría realizado varias escalas en Bogotá meses antes del crimen, pero no quiso responder a ninguna pregunta del diario y alegó que «lo consultó con su abogado y no estaba en condiciones de comentar lo ocurrido». Cuando se le preguntó por el nombre de su abogado no supo qué decir. La policía de Colombia también ha iniciado sus pesquisas y, en los últimos días, ha afirmado que los dos cabecillas de los veteranos colombianos que viajaron a Haití –Capador y el militar retirado Germán Alejandro Rivera– conspiraron en mayo con sospechosos haitianos para derrocar al presidente. Hasta aquí la primera línea de la investigación. Pero hay una segunda pista que podría ser determinante para que las piezas del

MÁLAGA/ALMERÍA/ROJALES (ALICANTE)

Muchos británicos se han quedado sin trabajo en España por la pandemia del coronavirus. Un problema añadido: hay familias con niños y se ha empezado a repatriar a mucha gente, algunos no tienen casa ni nada allí, en el Reino Unido. Gracias a la ayuda de algunas asociaciones que lo hacen bien se les busca una habitación, pero están siendo meses inciertos y en algún caso, a su llegada han dormido en la calle varios días», relata Karen Cowles, presidenta de la Asociación de Comerciantes Británicos de Benidorm, que también gestiona el Banco de Alimentos y trabaja estrechamente con el Consulado en España.

Su testimonio alude a casos dramáticos que, con frecuencia, se han producido, por ingenuidad y desconocimiento. «Un fallo de muchos británicos es que se han creído que esto nunca iba a pasar, muchos no estaban empadronados y no se han preocupado, algunos llevan 15 años aquí y se han quedado fuera, con niños en el colegio, lo tienen todo montado aquí para su vida», lamenta Cowles.

Es parte de la nueva realidad de los ciudadanos del Reino Unido en España, una colonia entre la que cunde la preocupación. Y es que, pasado el periodo transitorio tras la salida de su país de la UE, las dudas siguen siendo muchas: qué pasará con ellos, con sus casas o con los planes de jubilación que tienen en nuestro país. Constatan la incertidumbre en la Costa Blanca de Alicante, uno de los epicentros del turismo residencial inglés, donde se teme un varapalo –la provincia es número uno en volumen de compraventa de viviendas de segunda mano–, pero también en Andalucía, como certifican Bill Anderson, concejal de Mijas (Málaga), o Lucas John Mayo, edil en Mojácar (Almería). Para ambos, las consultas de sus compatriotas sobre lo que está pasando se han convertido en diarias. Lo que da idea de la gran confusión que prevalece.

Papeles para residir

En la gran autonomía del sur residen unos 80.000 ciudadanos de Reino Unido. Para seguir haciéndolo de forma legal, acogiéndose a lo pactado en el acuerdo Reino Unido-UE, tenían que cumplir dos requisitos: acreditar que residían en España antes del 31 de diciembre de 2020 mediante el empadronamiento y un seguro médico anterior a 2021. Esa era la forma para canjear el documento que les reconocía como ciudadanos de la UE (sigue vigente) por un permiso de residencia en el país con la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), que expide el Gobierno de España.

Se les dio seis meses, aunque se han concedido algunas prórrogas por los problemas suscitados con la burocracia. Pero hubo problemas, el

más grave con los seguros médicos. «Muchos son mayores y tienen ya algunas enfermedades crónicas. Nadie les hace un seguro médico privado. No pueden acreditarlo», lamenta Ana Hernández, que acaba de ser nombrada Miembro del Imperio Británico por su trabajo en la asociación Brexpats Spain, que aglutina a 28.000 personas en toda España contra el Brexit y que ahora se ha convertido en una organización de ayuda a regularizar la situación de miles de británicos.

«No se conoce bien el acuerdo de salida. Muchas veces se exigen documentos que no son necesarios, pero es por mero desconocimiento del funcionario de turno», añade.

Para estos trámites se recomienda ponerse en manos de un profesional que lleve todo el papeleo pertinente y, en caso de denegarse permisos, sea el abogado quien pueda hacer con conocimientos legales las posibles apelaciones. «Eso es un choque cultural. En Reino Unido los trámites con la Administración son muy sencillos y los puedes hacer tú mismo. Los británicos no entienden tener que contratar a una persona para hacer estas cosas», explica Bill Anderson.

Ir y venir: segunda vivienda

Rojales (Alicante), con unos 7.000 británicos y 5.000 españoles en su censo de 17.000 habitantes (el resto son oriundos de otras 80 nacionalidades distintas) es uno de los municipios con mayor concentración de personas del Reino Unido. Su concejal de Integración de Residentes, Derek Monks, urge a que se dé una alternativa a los que no han realizado los trámites legales, pero también a la masa de británicos acostumbrada a instalarse por temporadas en sus segundas residencias en esta y otras localidades. Ahora no pueden estar más de 90 días seguidos en España y luego deben pasar 180 días en Reino Unido antes de regresar.

«La Generalitat y los gobiernos español y británico tienen que encontrar soluciones en relación al tiempo de visita, para que no tengan un número determinado de días para venir y tengan que volver a irse», plantea Monks, que ofrece la implicación de los ayuntamientos más concernidos como el de Rojales para estudiar opciones. Lo mismo ocurre en Benidorm: «Estamos habituados a un movimiento continuo, gente que se jubila incluso a los 50 años de edad, que hasta ahora podían venir varios meses al año y quieren salir del frío del Reino Unido y tener casa», dice Karen Cowles.

La historia se repite en Andalucía. «Muchos con segunda residencia estaban acostumbrados a venir cuando les apetecía. Estaban en su casa. Había mal tiempo, entraban en un buscador de vuelos y llegaban a Mojácar sin billete de vuelta, para una semana o dos meses. No tenían que preocuparse, pero ahora sí, porque deben tener en cuenta que viajan a un país del espacio Schengen», afirma John Mayo.

De no resolverse estas dificultades, Monks avisa de que se producirán cierres de comercios, restaurantes y otros negocios, en cadena, arrastrados por el posible éxodo de quienes llevan años pasando meses en la Vega Baja alicantina. «Estamos trabajando no solo para nuestros vecinos, también para la economía del país», recuerda. De momento, en la zona ya se han visto algunas viviendas puestas a la venta; en otras, las caravanas para los que acuden a los cámpings.

Con las nuevas reglas en aplicación, no falta quien inventa cómo sortear los nuevos límites más incómodos. «Se ha dado el caso de británicos que han ido a Gibraltar unas horas, les han sellado el pasaporte y les han empezado a contar los 180 días sin regresar a España», recuerda Ana Hernández, quien asegura que los británicos se quejan porque los españoles no tienen que sufrir esta normativa cuando viajan a Reino Unido y lamenta que España les ponga tantas trabas. «¿Hello? No es España la que se ha ido de la Unión Europea», ironiza Hernández y explica que muchos de los afectados dicen ahora que cuando votaron a favor del Brexit no estaban apoyando este tipo modificaciones.

Planes de jubilación idílica

Más allá de los británicos residentes y de los que tienen en España una segunda vivienda, cabe también ponerse en el lugar de quienes habían pensado como plan de futuro retirarse en un lugar idílico de nuestro país.

«Sólo los ricos se van a poder jubilar en Andalucía», asevera Hernández. Según la asociación Brex

A la izquierda, calles de Rojales (Alicante) rotuladas en inglés y sobre estas líneas su concejal de Integración de Residentes, Derek Monks. En la parte superior, la afición inglesa, en un pub de Málaga durante la Eurocopa pats Spain, hay un problema de visado. Los llamados «no lucrativos» para jubilados exigen unos ingresos pasivos en una cuenta en España. Igual que se exige a un canadiense o un norteamericano. Deben de ser más 32.000 euros en el primer año. Según las estimaciones que maneja Brexpats, esta cuantía se incrementa hasta los 60.000 euros anuales en los siguientes cuatro años. «En Inglaterra la pensión media es de 18.000 euros. Habrá muchos que no lleguen a estos medios económicos», afirma Maura Hillen, portavoz de Asociación Abusos Urbanísticos Andalucía No (AUAN).

Otra opción es obtener un «visado oro», que exige una inversión en España de medio millón de euros. Si es una pareja debe llegar al millón de euros. Se duplica. «Esto va a cambiar el perfil de las personas que puedan jubilarse en España. La mayoría de los británicos no disponen de esos ingresos», concluye Anderson, de Mijas.

La propuesta de Derek Monks pasa por que los dos Estados encuentren también un punto de acuerdo, que a su juicio pasaría por «flexibilizar las cantidades de ingresos mínimos, como en Portugal».

Los que se quedan

Para los que han regularizado la situación y permanecen en España han surgido nuevas dificultades. Los aranceles también empiezan a suponer un quebradero de cabeza para muchos británicos. «Ahora hay un control de aduanas. Ya no es como antes», añade Anderson, que relata cómo le han llegado quejas porque la gente no encuentra el bacón o las salchichas británicas a las que están acostumbrados. «En los supermercados este tipo de productos ahora son irlandeses», señala el edil de Mijas, quien añade que esto afecta más a las empresas que nutren de productos a los restaurantes británicos.

Además, se le añade el dinero de los pagos que se deben hacer por recibir paquetes desde Reino Unido para los cumpleaños o la Navidad. «Se da el caso de que por un regalo se tiene que pagar más por el paquete que el valor del regalo en sí mismo», añade Anderson.

Detalles de cómo está cambiando la vida de los británicos después del Brexit, que se traducen en inconvenientes mayores cuando se trata del permiso de conducir. Los que no hayan podido canjear este carné antes de acabar los seis meses de transición tendrán que examinarse en España. La principal barrera es el idioma. La mayoría no está preparada para examinarse en español. «Con más de sesenta años es complicado que puedan aprobar para poder tener su carné de conducir», señala Maura Hillen, de la AUAN.

Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, animando a reducir la ingesta de carne para disminuir las emisiones de efecto invernadero procedentes de la ganadería, no solo chocaron con Pedro Sánchez, que confesó su devoción por los chuletones al punto, y con el sector, que se apresuró a corregir al ministro, sino que demostró el desconocimiento de Garzón de los últimos avances científicos. Varios equipos de investigadores están buscando fórmulas para reducir las emisiones de metano procedentes del ganado.

Una de estas investigaciones, de la prestigiosa Universidad de California en Davis, afirmaba en marzo que introducir 80 gramos de un tipo concreto de algas rojas –la Asparagopsis– en la dieta de las vacas puede reducir hasta un 82 por ciento las emisiones de metano. «Ahora tenemos pruebas sólidas de que las algas marinas en la dieta del ganado son eficaces para reducir los gases de efecto invernadero y que la eficacia no disminuye con el tiempo», explicaba el director del proyecto, el investigador Ermias Kebreab.

Sin embargo, ese alga, la Asparagopsis, está catalogada como especie invasora y, aunque se encuentra en algunas costas españolas, hoy por hoy no se puede colectar ni comercializar. «El tema de las algas es ahora muy candente y recurrente. España ha sido uno de los productores más importantes del mundo en agar-agar, que se obtiene a partir del Gelidium. Es un género de alga roja que se halla en el mar Cantábrico», explica Juan Luis Gómez, profesor de la Universidad de Las Palmas y director científico del

Banco Español de Algas. «El agar es un gelificante, es decir, es capaz de formar geles en soluciones acuosas. Se ha utilizado en muchos productos procesados. Lo encontramos, por ejemplo, en la película que hay cuando se abre una lata de picadillo». No obstante, «no se puede utilizar para la ganadería, porque para los animales es difícil de digerir».

En España, existen dos especies de algas rojas que pueden ser consumidas por el ganado vacuno y bovino y que reducen sus emisiones: la Asparagopsis armata, que se introdujo en el país en la década de los 30, y la Asparagopsis taxiformis, que lleva alrededor de una década y crece en el Estrecho y el mar de Alborán. «Son especies que tienen bromo, compuestos químicos halogenados que causan una acción antimetanogénica. Es decir, que evitan la producción de metano en los rumiantes», explica Javier Cremades, profesor de la Universidad de La Coruña.

Una especie importada

«Con un porcentaje bajo de estas algas en la dieta del ganado, se puede reducir la producción de metano e incluso lograr que se asimile mejor el alimento. Se han hecho trabajos serios y se están haciendo cultivos experimentales en Tasmania», añade el experto. Sin embargo, «hay un problema muy importante: a día de hoy, la Asparagopsis es una especie importada, propia de regiones australes. Figura en el catálogo de especies exóticas invasoras. Al estar considerada así, no se puede colectar ni comercializar».

Pero «hay muchas especies de algas rojas. Por su metabolismo, son capaces de sintetizar una serie de sustancias que tienen muchas aplicaciones en la parte biomédica y cosmética. Incluso poseen una serie de pigmentos originales que pueden tener aplicación en varios tipos de desarrollo industrial. Estas especies se pueden cultivar», especifica Gómez. «El estatus de las algas rojas puede evolucionar», concede Cremades. «La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece que algunos tipos de algas pueden cambiar de categoría si llevan tiempo en España y se justifica su utilidad. A día de hoy, es una ventana abierta que nadie ha atravesado», indica.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el ganado vacuno provoca el 62 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería –una actividad que causa el 14,5 por ciento del total mundial–.

Los resultados de la investigación de la Universidad de California pueden ayudar a «producir de manera sostenible la carne y los productos lácteos que necesitamos para alimentar al mundo», según otra de las científicas de esa institución, Breanna Roque.

«Con que el pienso tenga un 0,1 por ciento de algas, las emisiones de metano se reducen una barbaridad», concreta Cremades. «Es algo probado científicamente, con trabajos serios en revistas contrastadas, pero a medio o largo plazo es difícil decir qué va a pasar. La Asparagopsis taxiformis se consume en Hawái. Se trata de una especie que tiene incidencia en el aumento de cáncer de estómago, no se sabe muy bien si por el exceso de bromo».

España ha sido uno de los productores más importantes del mundo en agar agar, un gelificante alimentario que se obtiene del alga Gelidium (abajo), presente en las costas del norte. Para obtener el alga, los tractores (izquierda) las recolectan en el mar

CALVO/ JOSÉ GARCÍA/GUÍA REPSOL