«Las filtraciones dinamitaron cualquier posibilidad de acuerdo»

La última sesión del Pleno del Constitucional que declaró ilegal el estado de alarma fue «tensa y agria» Antes de que se conociera el sentido de la ponencia el objetivo era consensuar al máximo la sentencia

ocas dudas había de que su decisión iba a provocar una cascada de reacciones políticas, aunque no el ataque frontal del Gobierno de Pedro Sánchez a la institución ni los reproches internos entre magistrados por razones que trascienden lo jurídico. Con el escaso margen de un voto, el Tribunal Constitucional laminaba el miércoles el primer estado de alarma al considerar que algunas de las medidas que se tomaron, como el confinamiento, tenían que haber estado amparadas por el estado de excepción.

Ese día los nervios estaban a flor de piel, dentro y fuera del órgano de garantías. Y pese a que hubo un cruce de votos –el de la progresista Encarnación Roca se fue con la mayoría y los de dos magistrados del sector conservador, con los discrepantes–, todos eran conscientes de que la sentencia se iba a interpretar en términos políticos. Coincidían en que, al marcar el paso de futuras situaciones similares, habría sido más conveniente un fallo respaldado por una mayoría más holgada. El Gobierno y la izquierda judicial iban a utilizar los votos particulares para desacreditar la sentencia. Las presiones de las últimas semanas de la ya exvicepresidenta Carmen Calvo a miembros del Tribunal, exclusiva de ABC, habían dejado claro que para el Ejecutivo este no era un asunto más. Con la filtración del texto que se llevó al Pleno, « cualquier posibilidad de acuerdo se había dinamitado». Pero para entender la trastienda de esta sentencia hay que dar marcha atrás.

PLa salida de Valdés

El 14 de octubre del año pasado el magistrado Fernando Valdés presentaba su renuncia tras verse implicado en un caso de violencia de género. Con su dimisión la minoría progresista se quedaba con cuatro de los once miembros que pasó a tener el tribunal. Su plaza no se cubrió porque se decidió esperar a la renovación del tercio del TC cuyo mandato ya había vencido. Él estaba entre los cuatro magistrados salientes. Valdés, asesor en la reforma laboral del Gobierno socialista de Zapatero, era el ponente original del recurso que contra este primer estado de alarma había presentado Vox seis meses antes. El texto que iba a llevar a Pleno avalaba el decreto de Sánchez y solo declaraba inconstitucional el inciso en el que se dejaba en manos del ministro de Sanidad la posibilidad de «modular o ampliar» las medidas enumeradas en el decreto de alarma, algo que también ha tumbado la sentencia de este miércoles. Tras la salida de Valdés, asumió la ponencia el conservador Pedro González Trevijano, que tras leer el borrador de su colega, y en el ejercicio de las facultades que le corresponden, decidió hacer un texto totalmente nuevo, cuyo contenido trascendió el 10 de junio. Ahí se activó la maquinaria de La Moncloa para intentar salvar el decreto.

Recusaciones del ‘procés’

No se puede perder de vista el deterioro de las relaciones entre los magistrados durante el primer semestre del año, donde la prioridad absoluta para el tribunal –que durante meses no celebró un pleno presencial– fue la resolución de los recursos de los presos del ‘procés’ contra la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó por sedición. El TC no fue capaz de aguantar el pulso de los independentistas, que en su estrategia de deslegitimar al órgano y sembrar dudas sobre su imparcialidad, recusaron al magistrado Antonio Narváez (conservador), primero, y a Conde-Pumpido (progresista), después, al entender que ambos prejuzgaron a los condenados en sendas intervenciones públicas.

En otros tiempos habría bastado la decena de escritos de descargo de Narváez para rechazar una recusación «extemporánea e infundada», pero la ponente llegó a ese pleno con un texto favorable a apartar al magistrado como cautela ante Europa, con lo que, al constatar Narváez que se iba a abrir una brecha en el tribunal, decidió retirarse. La propuesta de aceptar la recusación era de la progresista Encarnación Roca. La división se había constatado en un clima ya de por sí enrarecido por los movimientos que dentro del TC van a provocar las vacantes de la propia vicepresidenta Roca y de los conservadores Juan José González Rivas (presidente) y el magistrado Andrés Ollero como consecuencia de la renovación del tercio del tribunal propuesto por Congreso y Senado. El miércoles, Roca votó con la mayoría conservadora, como había hecho en ocasiones anteriores; los otros dos, con los progresistas, lo que el presidente ya había hecho al estimar el recurso del PSOE contra la inclusión de Cantó en la candidatura de Madrid dos meses antes. En paralelo, los progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer se empezaron a desmarcar de la habitual unanimidad en las cuestiones del ‘procés’ y voto particular tras voto particular empezaron a tildar de desproporcionadas las penas de sedición. Sus argumentos pusieron en bandeja al Gobierno la defensa de la reforma de este delito y la justificación de los indultos. Y a los presos, su recurso ante Estrasburgo.

// EP La exvicepresidenta Carmen Calvo