Curso rápido para estropear un país

¿Es una buena idea que el Gobierno ponga a parir a los más altos tribunales?

LA manera en que vivimos los europeos tiene un origen. La horma que ha modelado nuestra civilización no es la pujante seudo religión ecologista-feminista-arcoíris; ni la lacerante subcultura de la muerte y el descarte; ni siquiera la exitosa salmodia de la igualación a la baja, cimentada en gran medida sobre la pura envidia hacia quien triunfa. De lo que realmente seguimos siendo hijos en nuestro quehacer diario es del derecho romano y del orden moral judeocristiano. Pero ninguno de esos dos pilares de civilidad agrada a la izquierda española, cada vez más contaminada de reflejos autoritarios.

Los derechos personales y de representación política, y las garantías procesales que hoy disfrutamos, son la decantación de una ardua y apasionante aventura de la humanidad. No quiero ponerme ñoño cual ministro de Sánchez (lo de Yolanda de llamarle «matria» a la ‘patria’ ha batido el récord Guinness de cursilería aplicada). Pero creo que se puede sostener sin sonar repipi que la siembra de la ley es una de las empresas más hermosas del ser humano, pues condujo a la especie de la barbarie a la civilización. Por eso si en un país, por muy bueno que sea, se empiezan a colocar cargas de profundidad sobre sus columnas de estabilidad jurídica, tengan por seguro que la fiesta no acabará bien. De ahí brota, por ejemplo, la enfermedad institucional casi endémica que lastra a Argentina, o el inexorable declive de la antaño riquísima Venezuela.

En España estamos asistiendo a un curso rápido de cómo intentar destrozar un país. Las cargas de profundidad las está poniendo el propio Gobierno y son principalmente tres: 1.– La homologación de la mentira como práctica aceptable; 2.– El visceral e irritado rechazo del actual presidente a los partidos constitucionalistas mientras acepta como sostenes del Gobierno de España a los más tenaces enemigos de España. 3.– El crudo y frontal ataque del Ejecutivo al poder judicial. Cada vez que una sentencia o proceso no resultan convenientes para Sánchez, el Gobierno no tiene escrúpulos en denigrar a los tribunales que han osado a situar el imperio de la ley por encima de sus deseos particulares. La carga contra los jueces es además secundada de inmediato por el perímetro mediático del Ejecutivo, el entusiasta Orfeón Progresista. Primero se dio orden desde La Moncloa de zumbarle al Tribunal de Cuentas, por temor a que sus fianzas dañasen la Operación Lisonja al separatismo que ha orquestado Sánchez para sostenerse. Ahora ha sonado el clarín monclovita para lanzarse contra el TC, que ha tenido la osadía de concluir que el Rey Sol se pasó por el arco del triunfo nuestros derechos constitucionales en el primer estado de alarma. Cuando en un futuro se estudie la historia del periodismo español en la segunda década del siglo XXI, se contemplará con una mezcla de asombro y decepción cómo medios de cierta solera y que alardean de periodismo de prestigio se prestaron a denigrar a los más altos tribunales de su país para servir a un político. Quemar el palacio para salvar a su inquilino. Qué disparate.