La ley de Memoria se aprueba hoy con una fórmula para prohibir la Fundación Franco

El Gobierno suspenderá la del Valle de los Caídos y sacará a los monjes para resignificar el espacio El Consejo de Ministros dará luz verde a la norma, que sortea las objeciones que puso el Poder Judicial

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la Ley de Memoria Democrática con una nueva fórmula jurídica que facilitará la disolución de la Fundación Francisco Franco y cualquier organización que pueda enaltecer la represión franquista. Se incluye además la suspensión de la Fundación del Valle de los Caídos. Entidades que consideran incompatibles con la reparación a las víctimas y la defensa de valores democráticos. El Ejecutivo también da luz verde a sancionar la exaltación del franquismo, resignificar el Valle de los Caídos e introduce contenidos memorialistas en los planes educativos de Bachiller y Secundaria.

Después de su ratificación por el Consejo de Ministros, la ley será remitida al Congreso, donde iniciará los trámites parlamentarios. El texto que aprueba el renovado gabinete de Pedro Sánchez es prácticamente idéntico al anteproyecto que el Gobierno ya revisó en septiembre y que antes de la remodelación ministerial había sido enviado a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios tras los informes del Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. El voto particular de la asociación mayoritaria de fiscales hablaba de una redacción «confusa, ambigua e incluso contradictoria».

La vía para blindar la norma

Según fuentes gubernamentales consultadas por ABC, el nuevo texto incorpora «la humillación a las víctimas» como elemento esencial para sortear las trabas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la posible disolución de una fundación. En su informe, no vinculante, del 7 de junio, el órgano de gobierno de los jueces alertó de que el enaltecimiento del franquismo podía enmarcarse dentro de la libertad de expresión amparada en la Constitución, con lo que no permitir manifestaciones en estos términos podría chocar con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho de reunión.

En la disposición adicional quinta del texto revisado en septiembre se recogía como motivo para la suspensión de fundaciones «la apología del franquismo y la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra o del franquismo». El CGPJ advirtió en ese momento de que «sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas», ese enaltecimiento del franquismo o de la dictadura se podría quedar únicamente en una expresión de ideas. Así, apuntaban a la necesidad de precisión en la redacción de la ley memorialista. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Contemplarlo.

Las sugerencias del CGPJ

Según lo que expresó la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, durante «Los Desayunos de Europa Press», el pasado 8 de julio, ya habían acordado esta vía antes de la remodelación del Gobierno porque entendieron como «bastante razonable» el informe de los jueces. Entonces Calvo prefirió no desvelarla, pero sí que dejó claro su respeto al órgano de gobierno de los jueces. Y también aclaró que el CGPJ no estaba en contra de suspender las organizaciones que enaltecieran el franquismo sino que recomendaba al Gobierno buscar otras pautas.

El informe también advertía de que el reconocimiento expreso que plantean de los represaliados y exiliados podía provocar una «tutela asimétrica» al no defender la dignidad de todas las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Hoy es aprobado el texto atendiendo a la primera de las recomendaciones al sostener que hacer apología de la represión franquista supone menosprecio y ultraje a las víctimas. El proyecto de ley es ambicioso y busca mejorar la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El