ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
El texto incluye cambios en el currículum educativo y un régimen sancionador
Entre los puntos clave figura la creación de una fiscalía específica de Memoria y DDHH
El proyecto de ley que aprueba hoy el Consejo de Ministros de Ley de Memoria Democrática prevé, entre otras cosas, modificaciones en el currículum educativo, declarar nulos de pleno derecho los juicios franquistas, resignificar el Valle de los Caídos como un cementerio civil, financiar exhumaciones y un régimen sancionador. El proyecto de ley deberá ser aprobado por el Congreso de los Diputados y después por el Senado, que pueden introducir cambios vía enmiendas. Pero estos son algunos contenidos del texto que será remitido hoy a la Cámara Baja:
Educación Actualización de currículum y formación
El proyecto de ley pone el foco en la educación, tanto en el alumnado como en el profesorado. Se pretende fomentar «el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y la lucha por los valores y las libertades democráticas». Se actualizarán contenidos curriculares en Secundaria y Bachillerato, así como los planes de formación del profesorado.
Desaparecidos «Responsabilidad de Estado»
El Estado asumirá como su «responsabilidad» la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo. El Gobierno elaborará planes cuatrienales de búsqueda, localización y exhumación de fosas, y se creará un banco nacional con el ADN de las víctimas.
Derechos Humanos Se creará una fiscalía específica
Una fiscalía específica de Memoria Democrática y Derechos Humanos investigará hechos acontecidos en la Guerra Civil, en la dictadura y entre la muerte de Francisco Franco y la aprobación de la Constitución de 1978. También se investigarán incautaciones de bienes.
Valle de los Caídos Resignificación como cementerio civil
El Ejecutivo pretende resignificar el Valle de los Caídos como un cementerio civil, algo que impediría la presencia en él de la comunidad benedictina. Se considerará disuelta, si se aprueba la ley, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Condenas Juicios nulos de pleno derecho
Si la ley termina viendo la luz, se declararán nulas de pleno derecho todas las resoluciones y condenas dictadas «por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos». Con esto podría anularse el juicio al expresidente de la Generalitat Lluís Companys, una reclamación tradicional del nacionalismo catalán.
Ilegalización Fundación Francisco Franco
Uno de los grandes objetivos del Gobierno con esta ley es ilegalizar la Fundación Francisco Franco. En el proyecto de ley se ha introducido un cambio respecto al anteproyecto de ley, tras la advertencia del CGPJ en un informe no vinculante de que el enaltecimiento del franquismo podía enmarcarse en la libertad de expresión. Para intentar sortear este aspecto, el Ejecutivo añade que la pervivencia de esta organización es «incompatible» con el respeto a las víctimas, a las que considera humilladas y menospreciadas. Quedarán prohibidas las asociaciones entre cuyos fines se encuentre la incitación al odio, directa o indirecta, contra las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
Régimen sancionador Multas de entre 200 y 150.000 euros
La norma incluye un régimen sancionador que comprende desde los 200 euros hasta los 150.000. Los casos con sanción más grave serían los actos de exaltación de la contienda o del régimen que entrañen «descrédito, menosprecio o humillación» de los represaliados, así como el traslado de víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura sin autorización administrativa y la destrucción de fosas comunes.
El Gobierno no oculta su malestar con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que la semana pasada declaró inconstitucional parte del primer estado de alarma decretado para contener la extensión del coronavirus. Ayer fue la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, quien deslegitimó el fallo al afirmar: «Quizá hubieran interpretado el derecho de otra forma si hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes en la situación concreta» de marzo del año pasado.
En declaraciones a la Ser recogidas por Ep, Rodríguez se unió así a Pilar Llop, Margarita Robles e Ione Belarra, que en mayor o menor grado pusieron en tela de juicio la sentencia del TC incluso antes de conocerse su argumentación. Moncloa persiste así en su presión al Poder Judicial y critica que el Constitucional no actuase teniendo en cuenta que en aquellos momentos «no había tiempo de debate». «Creo que el Gobierno actuó con prudencia, con proporcionalidad y de forma garantista», dijo su portavoz. Pero lo cierto es, según dictaminó el TC, que el Ejecutivo suspendió derechos, no los limitó, por lo que debió aplicar un estado de excepción y no uno de alarma.
Rodríguez admitió que «estaría bien» aunar doctrina y que «hubiera consenso para las restricciones», para evitar que unos tribunales avalen el toque de queda y otros no. Edmundo Bal, de Cs, solicitó el año pasado que se legislase para que sea la Audiencia Nacional quien decida sobre las restricciones sin estado de alarma, pero no se hizo. El Gobierno insiste en que las comunidades tienen «herramientas» frente a la quinta ola.