ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Johnson reafirma la potestad de Guaidó sobre el oro venezolano
El Tribunal Supremo de Londres decidirá a quién cede las reservas internacionales
Treinta y una toneladas de oro, con un valor aproximado de 900 millones de euros, son los activos que intenta recuperar el régimen de Nicolás Maduro desde el año 2018 de las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. Pero la petición del presidente interino Juan Guaidó al Gobierno británico (de Theresa May, en aquél entonces) de frenar la repatriación del dinero de los venezolano ha trastocado los planes de Caracas.
El Tribunal Supremo del Reino Unido dio inicio ayer a una ronda de cuatro días de audiencias para determinar a quién otorga la potestad de las reservas de oro venezolano. Pero horas antes de que comenzara el juicio de apelaciones, el Gobierno de Boris Johnson dio un nuevo espaldarazo al Gobierno interino y reiteró que reconoce al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, tras no dar por válidas las elecciones (en mayo de 2018) en las que Maduro fue reelegido en el cargo. El Reino Unido se sumó así a la lista de más de 60 países, encabezados por EE.UU., que consideraron ilegítimo el segundo mandato de Maduro.
«El Gobierno del Reino Unido tiene claro que Juan Guaidó ha sido reconocido por el Gobierno de Su Majestad desde febrero de 2019 como el único presidente legítimo de Venezuela», reza el comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, tras haber sido invitado por el Tribunal Supremo a aclarar su posición ante las audiencias. En las sesiones, que se llevarán a cabo en los próximos tres días, intervendrá el ministro Dominic Raab.
«Frenar» el covid
El anuncio del Ejecutivo de Johnson «ratifica el reconocimiento a Guaidó y debería llevar a confirmar la sentencia (del Tribunal Supremo) de 2020», asegura a ABC José Ignacio Hernández, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello e investigador del Growth Lab en la Escuela Kennedy de Harvard.
Caracas reclama los lingotes de oro supuestamente para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y a la crisis humanitaria. Hernández explica que el Gobierno de Venezuela «nunca presentó un plan de ayuda humanitaria. Además, el oro depositado en el Banco de Inglaterra forma parte de las reservas internacionales, que no están destinadas a sufragar gastos de salud, pues quien sufraga esos gastos es el Gobierno, no el BCV». Agrega que sería necesario liquidar las reservas y suscribir un préstamo entre el BCV y el Gobierno para poder usar esos recursos con fines sanitarios, pero Maduro no necesita hacerlo «pues maneja muchos más recursos por expor
Maduro apeló la sentencia que rechaza la entrega de los activos a Caracas y argumenta que los necesita para ayuda humanitaria
taciones petroleras». La prueba de ello es el pago reciente por las vacunas del Covax con ingresos fiscales, entre ellos, los ingresos petroleros.
Los equipos legales de ambos bandos estuvieron presentes en el Tribunal Supremo, en lo que se supone será la última etapa de este largo litigio por las reservas que representan un 15% de las divisas del país sudamericano. En octubre de 2020, un Tribunal de Apelaciones de Londres anuló la decisión, que había tomado el Supremo en julio de ese mismo año, que rechazaba la entrega a Caracas de las reservas solicitadas por Maduro, porque consideraba que el reconocimiento a Guaidó «podía ser en realidad una mera declaración política y que era posible que el Ejecutivo de Johnson siguiese reconociendo ‘de facto’ a la Administración de Maduro».
Por lo que ahora cinco magistrados de la más alta jurisdicción del Reino Unido deberán determinar si efectivamente «el Gobierno británico ha reconocido a Guaidó como jefe de Estado de Venezuela» a todos los efectos. De conseguir un fallo favorable, Guaidó se garantiza la potestad sobre estos activos impidiendo así que, en palabras de Juan Guaidó, se utilicen estos fondos «para reprimir al pueblo o llenar los bolsillos de un régimen cleptócrata». También se pondría en duda el nombramiento de la junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, que viajó en 2018 a Londres para repatriar, sin éxito, el oro venezolano.
La decisión de los jueces puede tardar varias semanas, pero tendrá consecuencias a nivel diplomático. Y Maduro podría aumentar la persecución política contra la oposición.
l régimen cubano se ha venido resistiendo en los últimos años a caer en una dependencia de China como la que en su día tuvo de la URSS. Sin embargo, la urgencia de aliviar el colapso económico que sufre la isla, que a su vez impulsa las protestas callejeras, puede obligar a La Habana a un acercamiento a Pekín que, de entrada, encuentra reticencia en las dos partes e inquietud en Washington.
Desde 2014, año en que el hundimiento del precio del petróleo quitó valor al auxilio que la Venezuela chavista venía prestando a La Habana, el comercio de Cuba ha ido dependiendo cada vez más de las exportaciones a China, que hoy es el primer socio comercial de la isla. En los últimos seis años, las exportaciones cubanas al gigante asiático (básicamente azúcar y níquel) han pasado del 18,9% de 2014 al 38,2% del total de exportaciones en 2019, mientras que las enviadas a Es
Epaña, su segundo destino, han fluctuado sin grandes variaciones en torno al 10%.
No obstante, el hecho de que las importaciones que Cuba realiza desde China permanezcan contenidas, indica que La Habana prefiere evitar una mayor dependencia. Si en 2015 llegaron a suponer el 26,8% del total de importaciones realizadas por Cuba, en 2019 cayeron al 15%, mientras que España ha sobrepasado a China como primer origen de los productos que Cuba compra (el 19,2% de las importaciones en 2019). Ese peso de España en el comercio de la isla, así como en su turismo (actividad que supone el 10% del PIB cubano y es fundamental fuente de divisas), explica el dilema que tiene Madrid a la hora de expresar firmeza frente a la dictadura castrista.
Balanza muy deficitaria
Cuba importa muchos más productos de los que exporta (entre cuatro y cinco veces más), lo genera una deuda difícil de sostener. En 2020, en plena pandemia, Cuba tuvo que reducir cerca de un 40% sus importaciones, haciendo aún más acuciante la escasez interna de productos. A la vez forzó una negociación con los acreedores del Club de París (España, Francia y Japón son los países a los que más debe) que condujo en 2021 a un acuerdo para la moratoria de un año del pago de sus obligaciones, las cuales se vienen arrastrando desde hace tres décadas (desde la desaparición de la URSS). La deuda exterior cubana ronda los 18.200 millones de dólares (cifra de 2016).
China puede desempeñar aquí un papel importante, si decidiera jugar a fondo la carta cubana. Cuba no forma parte del FMI ni del Banco Mundial, así que apenas tiene puertas a las que llamar. Y China se ha convertido en un gran prestamista. Sus bancos públicos han repartido cerca de 140.000 millones de dólares desde 2005 solo en Latinoamérica. Mientras el régimen castrista tenía como financiador a Venezuela, a través de su petróleo (era Venezuela entonces la que pedía los créditos a China, a cambio de petróleo a futuro, convirtiéndose en el mayor destino de los préstamos públicos chinos en Latinoamérica, con 66.200 millones de dólares), La Habana se mantuvo al margen de la influencia de Pekín. Pero con Venezuela ya colapsada, desde 2015 ha recibido 240 millones en créditos del Banco de Exportaciones e Importaciones de China (dos de 60 millones cada uno para proyectos de biomasa y energía solar y uno de 120 millones para la construcción de un terminal en el puerto de Santiago). Previamente, en 2011, China condonó 6.000 millones de dólares de la deuda cubana.
La evolución que experimente la cifra de los préstamos chinos puede ser el mejor indicador de si se produce o no una aproximación geopolítica entre Cuba y China del calibre de la que la isla tuvo con la URSS.
La ‘trampa de la deuda’
La Habana se acerca a Pekín con suspicacia, en parte por la llamada ‘trampa de la deuda’ china, que hace temer llegar a una dependencia excesiva que pudiera obligar a ceder la soberanía nacional de alguna infraestructura importante (por ejemplo, que el puerto de Santiago tuviera que entregarse por 99 años como ha ocurrido con algún otro puerto del mundo).
Por su parte, Pekín no ha dado muestras de momento de un especial empeño en lograr una presencia decisiva en el lugar estratégico que geográficamente ocupa Cuba de cara a la rivalidad entre EE.UU. y China. Tal vez se deba a que, a diferencia de lo que ocurría con Moscú en la Guerra Fría, ahora Pekín tiene el pie en múltiples lugares del Caribe, incluso en tradicionales aliados de Washington, como es el caso del canal de Panamá. Además, China elude cargas económicas (así, ya no está dando más créditos a Venezuela, que se ha demostrado muy mal pagadora).
De momento, el acercamiento tiene una concreción moderada. En 2017 se abrió en Cuba la primera planta de ensamblaje de ordenadores, de la empresa china Haier, y en 2019 comenzaron a llegar los primeros automóviles chinos, del fabricante Tangshan. También en 2019 Cuba se incorporó formalmente al proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, y se inauguró la terminal del puerto de Santiago, desarrollado por China Communications Construction Company (CCCC). Igualmente ha habido inversión de firmas farmacéuticas y algunas empresas se han instalado en la zona económica especial de Mariel.