DINERO Y TRAMPAS EN CATALUÑA

Hoy vence el plazo para que los separatistas presten su fianza de 5,4 millones al Tribunal de Cuentas, pero la Generalitat no va a conseguir el aval. Ninguna entidad les adelanta el dinero

HOY vence el plazo que el Tribunal de Cuentas otorgó a cerca de cuarenta dirigentes del independentismo catalán para aportar las fianzas equivalentes a cinco millones y medio de euros por su posible responsabilidad contable en la promoción ilegal del ‘procés’ en el extranjero con dinero público. Aún está por determinar si la Generalitat podrá avalar esa cantidad mediante un préstamo de alguna entidad bancaria, ya que en España todas se han negado a participar en una operación de este tipo. A fin de cuentas, cubrir las consecuencias de una malversación de caudales públicos con un aval, también público y además sospechoso, puede generar serios problemas de reputación a la entidad que participe de este abuso. Por eso la Generalitat buscaba ayer apoyo a la desesperada en entidades de crédito extranjeras, antes de verse forzada a admitir que sus amigos quedarán a la intemperie. Además, el Tribunal ha rechazado ampliar el plazo para pagar, conforme solicitaron los dirigentes, sencillamente porque no hay razones que lo justifiquen. Todos mantienen sus actividades profesionales, unos en la política y otros ya fuera de ella, y todos disponen de patrimonio personal suficiente para cubrir la cantidad. Cosa distinta es que la Generalitat los quiera privilegiar con un aura de intocabilidad económica a cargo de los contribuyentes.

ABC da cuenta hoy de otra trampa al servicio de estos dirigentes, alguno de ellos, como Oriol Junqueras, condenados penalmente –e indultados– por sedición y malversación; y otros, como Artur Mas, convertidos ya en viejos conocidos del Tribunal de Cuentas por el desvío de dinero público cometido durante la consulta ilegal de 2014. La trampa consistió en reformar en 2020 el impuesto que grava las donaciones, en previsión de que ocurriera lo que sucede ahora. Así, desde aquella reforma, los líderes del ‘procés’ están exentos de tributar a Hacienda todos los ingresos que perciban de la llamada Caja de Solidaridad, encargada de tramitar las donaciones de ciudadanos que aportan su dinero para proteger a los independentistas sometidos a cualquier proceso judicial o contable. La reforma, hecha de tapadillo en la ley de acompañamiento de sus presupuestos autonómicos, redefine las ayudas dinerarias que prestan entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de que los receptores del dinero –Junqueras o Artur Mas, por ejemplo– se vean bonificados en el 95 por ciento de ese tributo. Es decir, que les sale prácticamente gratis. Se trata de una ley ‘ad hoc’, creada específicamente para personas y conductas concretas, y desde esta perspectiva es una práctica prohibida en nuestro ordenamiento. Es otro exceso más del independentismo para blindar a sus dirigentes y que no sufran merma en sus patrimonios, sea cual sea el delito o la infracción que cometan.

Todo es dudoso con la Generalitat. Es dudosa la legalidad de esta reforma, creada para beneficiar a personas concretas, y no al común de los ciudadanos. Es dudoso el decreto que permite al Gobierno catalán avalar un préstamo privado a los separatistas. Y es dudoso que se construya un artificio contable para que jamás, si llegasen definitivamente a ser condenados, tengan que responder con sus propiedades o ahorros. No necesitan más plazos ni prórrogas. Solo necesitan cumplir con la legalidad, comunicar al Tribunal de Cuentas con qué patrimonio pueden responder por haber malversado el dinero de todos, y resignarse a que la comisión de ilegalidades tiene consecuencias. No hay ninguna persecución ni agravios de victimismo. Solo, lo que se exige a todos los españoles sin excepción cuando no cumplen las normas. Privilegios con golpistas tras los indultos, ya los justos.