La Ley de Seguridad Nacional subleva a ERC, PDECat y CUP

Los republicanos registran una proposición para derogar la vigente

El borrador de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno no encontró ayer ningún aliado en el Congreso de los Diputados. Fue especialmente llamativo el rechazo inicial que expresaron los independentistas catalanes, con ERC a la cabeza. El Grupo Parlamentario Republicano registró una proposición de ley en la que plantea nada menos que derogar la legislación vigente, mucho menos lesiva con los derechos y libertades de la ciudadanía.

La iniciativa, registrada a instancia de la diputada Montserrat Bassa, hermana de la indultada Dolors Bassa, dispone de un artículo único que reclama directamente la derogación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. El movimiento supone un jarro de agua fría para el Ejecutivo, habida cuenta de que ERC es uno de sus principales socios parlamentarios y de que su reforma pretende ahondar en algunos de los aspectos que critican los republicanos independentistas.

Este diario publicó ayer cómo la reforma del Gobierno, aún por concretarse en un anteproyecto de ley, comparte similitudes con la legislación venezolana en aspectos como las confiscaciones temporales de todo tipo de bienes, las prestaciones personales de todos los ciudadanos y el control de los medios de comunicación. Pero a diferencia de las leyes venezolanas, el borrador del Ejecutivo no prevé indemnizaciones.

ERC, ya en la ley vigente, aprecia «una definición difusa» del concepto de ‘seguridad nacional’ y advierte de que este no aparece en la Constitución de 1978. La descripción, argumentan los republicanos en su proposición de ley, «conlleva inseguridad jurídica y resulta tan omnicomprensiva que bajo este concepto se pueden incluir todas las conductas, actos y acciones que pueden desarrollarse en un Estado de derecho». En la norma actual se enmarca la seguridad nacional en «la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos».

Otra de las cuestiones que rechaza ERC es que el Gobierno pueda actuar vía decreto ley sin previa consulta o deliberación del Legislativo. En el borrador del Gobierno, es Presidencia quien decide directamente sobre requisiciones materiales y prestaciones personales. Sin estos elementos, ERC ya aprecia «facultades exorbitantes» que «relegan a las comunidades autónomas» al «papel de espectador». «Supone un expolio competencial», concluyen los separatistas en su exposición de motivos.

El portavoz del Grupo Republicano en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, dejó claro ayer, en rueda de prensa, que su partido se posicionará en con