El Govern rectifica para salvar los bienes de los líderes secesionistas

La Generalitat ya transfirió 10 millones al Instituto Catalán de Finanzas para que avale las fianzas Pone en riesgo a los directivos del ente público, lo que les provocará «angustia, inquietud y miedo» Martes, 20 de julio

i 24 horas aguantó la palabra del consejero catalán de Economía y Hacienda, Jaume Giró ( Junts), y la posición que, en público, el martes, expuso en nombre del Govern. Ayer, en el Parlamento autonómico, Giró anunció una rectificación en toda regla y, lo que un día antes era una decisión prudente para proteger a los funcionarios y los directivos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), organismo de la Generalitat, este miércoles fue un «que por nosotros no sea». Por lo tanto, el ICF se encargará directamente de avalar –está por ver cómo, pues el plazo finalizaba a las 00.00 horas, pasado el cierre de esta edición– los 5,4 millones que el Tribunal de Cuentas (TdC) exige, como fianza, a los 34 ex altos cargos, entre estos Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, implicados en el presunto gasto indebido por el ‘procés’ en el extranjero entre 2011 y 2017.

«Mis palabras de ayer [por el martes] han servido para algo, además de excitar a todo tipo de gente. Sirvieron para que recibiera llamadas, estas últimas horas, de gente del Instituto Catalán de Finanzas que me ha pedido, por favor, que por ellos no sea y que intentemos utilizar la disposición adicional tal y como está previsto en el decreto-ley. Y, por tanto, esto es lo que haremos. Esto es lo que harán». Con estas palabras, Giró anunció, en sede parlamentaria, el cambio de criterio del Govern en menos de 24 horas.

NDiscusión en el Govern

Así es, el martes tras la reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo catalán, ante la prensa, y tras ratificar que no había ningún banco privado ni entidad financiera que asumiera el riesgo de avalar la jugada independentista, Giró señaló: «He decidido no someter a ninguno de los profesionales del ICF a dar curso a una operación, que si tenemos en cuenta los antecedentes que se han vivido en este país últimamente, bien seguro que provocaría angustia, inquietud y miedo, tanto a ellos como a sus familias».

Sin embargo, según el consejero autonómico, algunos directivos del ICF –que no identificó– le habrían comunicado que están dispuestos a asumir el riesgo que supone la firma de un aval con dinero público, precisamente cuando es la administración de la Generalitat la parte perjudicada en el caso que se delibera ante el TdC.

Tras las llamadas, el consejero autonómico y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), comentaron la posibilidad de que sea finalmente el ICF, que ya dispone de 10 millones de euros transferidos por la Generalitat desde el pasado 13 de julio, el organismo que evite que las fianzas corran a cargo de bienes personales de los implicados. Ambos, presidente y vicepresidente catalanes, decidieron dar el paso, con todas las consecuencias, pese a que el ICF no tiene entre sus atribuciones avalar fianzas ni prestar dinero a personas individuales, solo empresas.

A las palabras de Giró, desde su escaño como miembro del Govern, pronunciadas en respuesta a una pregunta de Elsa Artadi ( Junts), les siguió un aplauso de la bancada independentista y, en el turno de preguntas a Aragonès, este aprovechó para felicitar al consejero y mostrarle todo el apoyo del Govern. Pura escenografía de unión que no se ajusta a lo que ocurrió en el Consejo Ejecutivo del martes, pues, se

El cambio de criterio del Govern pilló con el paso cambiado a los grupos de la oposición en Cataluña. Vox recordó que desde el pasado 16 de julio tiene presentada una querella contra Pere Aragonès y Jaume Giró por posibles malversación y prevaricación. Carlos Carrizosa (Cs) pidió a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas «que, gún fuentes del entorno del Govern consultadas por ABC, se produjo una fuerte discusión entre los consejeros autonómicos partidarios de ir hasta el final con los avales, aunque esto sea poner en tensión al ICF y sus funcionarios, posición defendida principalmente por ERC, y los que, como Giró, veían que la operación puede tener unos altos costes personales.

Esta discusión se centró en la aplicación estricta, o no, del decreto-ley aprobado el 6 de julio y por el que se crea el Fondo Complementario de Riesgos (FCR), que da cobertura contable, sobre el papel, a las entidades privadas que quieran jugar a ser empresas pantalla, y también permite la creación de una entidad gestora, que controlará los movimientos del dinero público y autorizará o denegará las peticiones de los beneficiarios.

Pero el decreto-ley –cuya convalidación está a la espera de que el Consejo de Garantías Estatutarias se pronuncie, aunque no es vinculante, sobre su legalidad– también señala, en una disposición transitoria, que «mientras no se constituya la entidad gestora» del FCR, de «forma excepcional», será el ICF quien se encargue de la gestión del propio fondo. Como no se ha creado la entidad gestora ni hay avalistas privados, todas las miradas recaen sobre el ICF, y también la discusión en el seno del Govern. Para ERC, si el decreto-ley permite al ICF ser avalista y gestor, ¿por qué no hacerlo?

Tres causas en el TdC

A falta de conocer el detalle de cómo se llevará a cabo el cambio de criterio, tras fracasar la operación pantalla, el portavoz de la Caja de Solidaridad, creada por Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, Pep Cruanyes, informó en Catalunya Ràdio, antes de en defensa del dinero público, se oponga a que la fianza que pudiera prestar el Instituto Catalán de Finanzas sea aceptada». Por su parte, fuentes del PP señalaron que estudiarán posibles acciones después de que se pronuncie el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) –no más tarde del 29 de julio–. Y el PSC descartó ir más allá de la impugnación ante el CGE.

«He decidido no someter a

ninguno de los profesionales

del ICF a dar curso a una

operación, que si tenemos en

cuenta los antecedentes que se

han vivido últimamente, bien

seguro que provocaría angus

tia, inquietud y miedo, tanto a

ellos como a sus familias».