ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Orban llevará a referéndum la ley que enfurece a Bruselas
El líder húngaro insiste en el derecho de los padres a decidir cómo educar a sus hijos
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, anunció ayer que celebrará un referéndum para evaluar el apoyo interno a la polémica ley que afecta a la comunidad LGTBI, después de que la Comisión Europea abriera un expediente de infracción contra Budapest. «Bruselas ha atacado claramente a Hungría en las últimas semanas por la ley que prohíbe la promoción de la homosexualidad entre los menores», afirmó el primer ministro en un vídeo difundido en su página de Facebook.
Acto seguido, el dirigente conservador enumeró cinco preguntas que podrían figurar en la consulta popular, como por ejemplo si los húngaros aceptan que el colegio «hable de sexualidad con sus hijos sin su consentimiento», si apoyan «la promoción de los tratamientos de cambio de sexo para los menores» o la presentación en las escuelas «sin restricciones a los menores de contenido mediático de carácter sexual que afecte a su desarrollo».
Orban, que no ha fijado una fecha para la consulta, pide a los húngaros que respondan ‘no’ a todas las preguntas sobre cuestiones que, según él, son exigencias que la mayoría dentro de la Unión Europea quiere imponer a Hungría.
La Unión Europea y Hungría están enzarzadas en un tira y afloja legal sobre una ley de protección de los menores, adoptada el 15 de junio, que prohíbe a los profesores hablar de la homosexualidad y el cambio de sexo en las escuelas. También se prohíbe a las organizaciones del «lobby» LGTB hacer presentaciones en centros educativos de menores.
Expediente en Bruselas
El Ejecutivo de la UE considera la ley húngara como discriminatoria contra las personas del colectivo homosexual,
No hay fecha aún para la consulta, que deberá contar con la mitad del electorado para ser válida
y ha abierto un expediente de infracción contra Hungría, que puede desembocar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y posteriormente llevar a la adopción de sanciones financieras.
Desde el regreso al poder del conservador Orban en 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han condenado reiteradamente a
Hungría por sus reformas judiciales o relativas a los medios de comunicación, los refugiados, las oenegés, las universidades o las minorías. Pero la ley que afecta a la minoría homosexual es la que más impacto está provocando, tanto en el Consejo Europeo como en la Comisión y el Parlamento de la UE.
El alcalde ecologista de Budapest, Gergely Karacsony, reaccionó al anuncio del referéndum estimando que se trata de una estrategia para desviar la atención de los húngaros de otros temas de mucho mayor calado para la nación. «Voy a organizar mi propio referéndum para preguntarles a los húngaros qué piensan de la gestión de la pandemia de coronavirus, de la instalación de una universidad china en la capital y de la venta de las carreteras», bromeó el político opositor húngaro en Facebook.
«Ya no es delito»
Para que un referéndum tenga implicaciones legales es necesario que participen más de la mitad de los votantes registrados, según los cambios constitucionales de 2011, año desde el que no se ha celebrado ningún referéndum con condiciones de validez. El referéndum de 2016 sobre la inmigración sólo tuvo un 43% de participación, por lo que fue anulado, aunque Orban lo declaró una victoria ya que más del 98% de los que votaron dijeron «no» al plan de cuotas obligatorias de reubicación de refugiados de la UE.
El primer ministro de Hungría ha defendido en muchas ocasiones la ley contra la homosexualidad adoptada en Hungría ante las críticas de la mayoría de los líderes de la Unión Europea, que aseguran que discrimina al colectivo LGTBI. Orbán ha afirmado que esta ley «no es sobre los derechos de los homosexuales, sino sobre los derechos de los niños y los padres». «Yo soy un defensor de sus derechos. Luché por la libertad contra el régimen comunista, donde la homosexualidad estaba penada» ha subrayado, añadiendo que la ley protege «la exclusividad de los padres a la hora de decidir cómo quieren educar sexualmente a sus hijos».