ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Erdogan apuesta por un Chipre dividido de modo permanente
Los turcochipriotas anuncian la reapertura del distrito fantasma de Varosha
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, redobló su apuesta por dividir Chipre en dos Estados con la reapertura del distrito fantasma de Varosha, en la ciudad de Famagusta, símbolo de la partición de esta isla del Mediterráneo.
Desde su invasión por el Ejército turco en 1974, en respuesta a un golpe de Estado de nacionalistas grecochipriotas que pretendían que Grecia anexionara la isla, este país quedó dividido entre la República de Chipre, que forma parte de la Unión Europea (UE), y la República Turca del Norte de Chipre, solo reconocida por Ankara.
«Ningún avance en las negociaciones puede producirse sin aceptar que hay dos pueblos y dos Estados (...). No tenemos 50 años que perder con modelos cuya inviabilidad ha quedado demostrada», dijo Erdogan, sobre las negociaciones en el pasado para reunificar la isla bajo un Estado federal.
Estas discusiones están encalladas desde 2017. La ONU intentó reactivar y vigilar la zona tampón entre las dos partes de la isla en abril pero esto también resultó un fracaso.
«Un nuevo proceso de negociación solo puede iniciarse entre dos Estados (...). Por este motivo, debe confirmarse la soberanía y un estatuto de igualdad [entre los chipriotas turcos y los chipriotas griegos]», defendió el presidente turco en la zona norte de Nicosia, la capital dividida en dos, ante una multitud que recibió ondeando banderas turcas. En esta visita, que tuvo lugar en el 47º aniversario de la invasión turca de Chipre, Erdogan acusó a los chipriotas griegos de «bloquear cualquier solución» y de ser «deshonestos».
El dirigente del AKP (conservadores islámicos y nacionalistas) asistió a un desfile militar de soldados turcos presentes en el norte de la isla, con la participación de cazas turcos que dibujaron en el cielo la media luna y la estrella que aparecen en la bandera turca y en la del norte de Chipre.
Acompañado por Erdogan, el ‘presidente’ del norte de Chipre, Ersin Tatar, anunció el inicio de «la segunda fase de nuestro (plan) de expansión de
Varosha». Pocos días después de su victoria electoral en octubre de 2020, el nacionalista turco Tatar anunció en Ankara la reapertura de Varosha, un distrito playero que quedó desierto de habitantes tras la invasión en 1974 del ejército turco, que desde entonces se hizo con su control.
El anuncio escandalizó a los chipriotas griegos, pero también a un sector de los chipriotas turcos, que consideran el paso dado en Famagusta como una demostración de la influencia de Erdogan sobre Tatar.
l Ejecutivo consiguió salvar ayer in extremis el decreto de los interinos con negociaciones frenéticas que tuvieron lugar solo minutos antes de que se celebrara el debate en el Congreso. El ‘icetazo’ salió finalmente adelante en una votación muy ajustada y tras un acuerdo inesperado del grupo socialista con ERC, que también arrastró a otros socios del Gobierno como Unidas Podemos.
El ‘sí’ fue posible después de que Hacienda aceptara ceder en algunos de los puntos más criticados por los propios interinos y los grupos políticos de la oposición. Para lograr convalidar el pacto, y en el último minuto, la ahora ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien heredó el contenido de la normativa del anterior ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ofreció a los grupos parlamentarios modificar el decreto ley que trazará la hoja de ruta de los futuros acceso a la Administración.
Finalmente, y tras un resultado de empate en la primera ronda, el decreto ley salió adelante de forma muy ajustada en la segunda votación: por un solo voto tras recabar 170 apoyos a favor, 169 en contra y ocho abstenciones. Para conseguir atraer los votos de ERC, Montero no dudó en introducir cambios de calado en la norma elaborada por su antecesor en el cargo e incluyó la opción de realizar ejercicios de la oposición que puedan ser no eliminatorias para eximir así de ellas al personal temporal con más de diez años de experiencia que no haya obtenido plaza en ese período de carrera laboral. Las exigencias de los socios del Gobierno harán también que el decreto tenga que ser convalidado en
Eel Congreso y durante su trámite parlamentario podrá ser modificado vía enmiendas. Montero ya adelantó durante el debate parlamentario que estos cambios se introducirían durante la tramitación del decreto como proyecto de ley y, al mismo tiempo, se comprometió a tenerlo aprobado a mediados de octubre. Según detalló la ministra, el personal temporal con más de diez años de experiencia en la Administración podrá acogerse al artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma hace posible la valoración de méritos para el acceso como posibilidad excepcional en vez de obligar a pasar por un examen o prueba eliminatoria como requisito para obtener la plaza.
Otro de los puntos modificados facilitará que las comunidades autónomas tengan la última palabra y puedan elegir que la oposición no sea eliminatoria. En principio, esto será así para los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años por personal interino.
Abuso laboral
El acuerdo inicial fue pactado por Iceta con los sindicatos semanas antes de su llegada al Congreso. El objetivo principal del decreto que ayer salió adelante era conseguir regularizar a 300.000 interinos y lograr que la temporalidad baje desde el 30% al 8%, una meta que se debía haber cumplido ya en 2020. No obstante, los sindicatos apuntan a cifras más altas y calculan que el abuso laboral en la Administración afecta a entre 800.000 y 900.000 trabajadores. Todos llevan años realizando tareas de funcionarios fijos pero con un contrato temporal que termina perpetuándose en muchos casos.
Como ya informó este diario, el Covid ha aumentado la contratación de sanitarios y de personal de servicios sociales y estos nuevos empleos se han realizado, en su gran mayoría, por tiempo limitado, lo que ha provocado que la brecha existente entre empleos temporales e indefinidos se haya marcado más en el sector público, donde la tasa está hoy cuatro veces por encima del objetivo marcado en 2018. Es un récord sin precedentes que se distancia en más de diez puntos de la que registra el sector privado.
Tras años de recesión y dos reformas laborales (2010 y 2012) los contratos que se firman son, en su gran mayoría, por tiempo limitado, lo que mantiene a nuestro país en el pódium de la temporalidad entre los países de la OCDE y de Europa. España registra el doble de precariedad que la media, con una tasa cercana al 20%, según los últimos datos de Eurostat, porcentaje que la EPA eleva hasta casi el 25%. Es decir, que de cada cien contratos que se firman en España, 25 son temporales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emprendido una cruzada contra la temporalidad y ha planteado a los agentes sociales un giro radical en la legislación que hace prácticamente desaparecer la contratación eventual, lo que ha sido duramente rechazada por los empresarios.
Desde CSIF, sindicato mayoritario en las administraciones públicas, valoraron ayer de forma positiva la convalidación del decreto para la reducción de la temporalidad y