El precedente Alzira

A batalla jurídica entre la Generalitat valenciana y el grupo Ribera Salud por la reversión al sector público del hospital de Alzira en abril de 2018, después de casi dos décadas de gestión privada, ha dado un fruto inesperado: una sentencia del Supremo que convierte en jurisprudencia la noción de que el Estado debe valorar las repercusiones y efectos de asumir la gestión directa de un servicio público de acuerdo con el artículo 7.3 de la ley orgánica de Estabilidad Presu

Lpuestaria y Sostenibilidad Financiera. La sentencia, del 1 de julio pasado, establece así un antes y un después en los procesos de reversión de servicios concesionados. Las actuaciones del sector público que afecten a gastos o ingresos deberán «valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».

La pulsión ideológica del pacto de izquierdas que gobierna la Comunidad Valenciana no se ha detenido ante ninguna evidencia en este caso. La exconsejera de Sanidad, la socialista Carmen Montón, orquestó la operación de reversión de Alzira en 2017 con el argumento de que la salud es «un derecho y no un motivo de negocio». No le importó que la auditoría efectuada por la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas autonómico) le indicara que el llamado ‘Modelo Alzira’ generaba un ahorro del 25% en el gasto corriente frente a los hospitales de gestión pública, lo que suponía un ahorro de 42,5 millones de euro al año para los contribuyentes. Los números reales de la gestión autonómica son mucho peores de lo que se podía estimar con ese informe. Un análisis de la reversión a partir de fuentes públicas indica que, entre 2017 y 2019, el hospital de Alzira le ha costado anualmente 76,2 millones de euros más que si hubiese seguido bajo gestión privada. Y eso sin valorar factores cualitativos como las listas de espera que se han incrementado, el absentismo que se ha duplicado y la conflictividad laboral que ha crecido. La gestión pública ha incrementado la plantilla en 806 trabajadores en dos años, más de un 30%, pero este nuevo personal no siempre son sanitarios, sino auxiliares que suman poco valor añadido.

Pese a esto, la Generalitat de Ximo Puig sigue, erre que erre, en su política de abolir el modelo concesional de la gestión de los servicios públicos. En octubre vence el contrato de concesión del hospital de Torrevieja y ya se le ha anunciado a Ribera Salud que el Gobierno no desea renovarle la concesión. La sentencia del Supremo le complica las cosas a los ideólogos de Compromís y del PSV porque ahora tendrán que dar explicaciones ante la opinión pública y el Ministerio de Hacienda. Lo que no se entiende es el desparpajo con que Puig viene a la capital a exigir que los madrileños paguemos más impuestos para costear sus desvaríos ideológicos que imponen modelos de gestión despilfarradores y de muchísimo menor calidad. jmuller@abc.es