ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
El juez imputa administración desleal a Francisco González
Le achaca el uso de recursos de BBVA para «su uso personal» en relación con una finca
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado un nuevo delito de administración desleal al expresidente de BBVA Francisco González por la presunta utilización de la entidad para obtener información sobre una finca que estaba interesado en comprar a título personal. Además, y también en el marco de la pieza relativa a los negocios del comisario José Manuel Villarejo, ha citado como investigado al director de comunicación del banco, Paul García Tobin, por presunto encubrimiento de González.
En un auto conocido ayer, GarcíaCastellón achaca al exdirectivo –investigado desde 2019 por cohecho y revelación de secretos en relación a las supuestas labores de espionaje del policía contra rivales políticos y empresariales– haber utilizado recursos de la entidad para su uso exclusivamente personal». González habría encargado al banco la valoración de una finca en el Escorial en la que estaba interesado, algo que su jefe de Gabinete, Joaquín Gortari ha enmarcado en su declaración en la necesidad de evitar daños reputacionales y conflictos de intereses.
Posibilidad de declarar
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 atiende así a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en un escrito del pasado 8 de julio en el que atribuía a González este delito. Los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro también pidieron al magistrado que citara otra vez al ex directivo de la entidad financiera, si bien el instructor se ha limitado a informar a González de su derecho a declarar, «si lo estima oportuno», sobre este nuevo delito.
El juez ha accedido también a la citación de García Tobin en calidad de investigado por «su presunta participación en un delito de encubrimiento» respecto a Francisco González.
En un duro escrito, el Ministerio Público había acusado a la actual dirección del banco de falta de colaboración en las pesquisas. Llegó a hablar de una colaboración «sesgada e interesada» al faltar, según los fiscales, archivos y metadatos necesarios para saber quién estaba autorizado para acceder a ellos o si se produjo el borrado de alguno.
En su recurso contra la decisión del juez de ampliar los cargos contra González, al que ha tenido acceso ABC, su defensa enmarca la conducta de González en «una actuación a todas luces esencial para salvaguardar el buen nombre, la reputación y el prestigio de una entidad financiera de primer nivel como es BBVA».
«Como presidente, cualquier actuación en el ámbito privado de González con un tercero que no se ajustara a los más esenciales principios éticos y de legalidad, o que pudiera generar un conflicto de intereses, contaminaría inevitablemente a la propia entidad bancaria», señala el escrito.
Trasciende la esfera privada
«Si González adquiriese, aunque fuera a título privado, una finca a una persona que pudiera estar relacionada con algún tipo de ilícito o que estuviese en una situación irregular —piénsese, por poner un ejemplo, […] que la finca fue comprada por su anterior propietario utilizando fondos procedentes del blanqueo de capitales—, este hecho trascendería de la esfera privada de mi mandante y atacaría directamente a la propia entidad, causando un enorme daño reputacional a BBVA. También por los mismos motivos era importante conocer las condiciones de legalidad urbanísticas y demás condiciones significativas de la misma», señala el escrito.
Además, el abogado de González, Jesús Santos, señala que en el momento en el que sucedieron los hechos esa presunta administración desleal se regulaba en el artículo 295 y prescribía a los cinco años, con lo que tampoco habría delito.
En el auto conocido ayer GarcíaCastellón, en línea con Anticorrupción, recoge que el BBVA contrató al comisario Villarejo desde 2004, a través del responsable de Seguridad del banco, Julio Corrochano, policía en excedencia. De hecho, según subraya el magistrado, las grabaciones intervenidas en los registros «evidencian» que Corrochano «trataba de estos temas con El Jefe», «siendo la única persona que puede responder a ello, el expresidente de la entidad Francisco González», dice el juez.
«Las más altas instancias»
«Lo anterior sitúa las irregularidades en las más altas instancias de los ejecutivos del banco, ejecutivos que, por otra parte, se mantienen en la actualidad y son los que dirigen la posición procesal de colaboración de la entidad», recalca el juez instructor, que acumula ya una veintena de imputados en esta línea de investigación.
En esta pieza número 9 del caso Tándem, se investigan los servicios contratados por BBVA a Cenyt –la empresa de Villarejo– para distintos proyectos entre 2004 y 2017 por lo que el banco habría pagado más de 10 millones.
En su recurso, la defensa dice que González tenía que informar al banco porque podía haber un conflicto de intereses
Línea Directa registró un beneficio neto de 58,2 millones de euros durante los seis primeros meses de este año, lo que supone un descenso del 1,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, en un semestre marcado todavía por un contexto económico «complejo», según afirmó la compañía aseguradora. Línea Directa resalta que los resultados del primer semestre han estado impulsados por un buen desempeño comercial, que se ha traducido en un crecimiento de todos los indicadores de negocio. Así, la cartera de asegurados de la compañía registró un «excelente» comportamiento en un contexto todavía de menor demanda como consecuencia, en buena parte, de las dificultades económicas derivadas de la pandemia sanitaria. En los seis primeros meses del ejercicio, Línea Directa alcanzó las 302.449 ventas netas, lo que supone un 9,1% más interanual, creciendo en los tres ramos en que opera: Autos (+6,8%), Hogar (+15,6%) y Salud (+12,9%). Con esto, la base de clientes del grupo aumentó un 4,5%, hasta los 3,3 millones de asegurados.