PSOE y PP se acusan de bloqueo mil días después de expirar el mandato del CGPJ

Los populares exigen a Sánchez «pasos firmes» para despolitizar la Justicia y renovar el Consejo

Dos años y ocho meses después de que haya vencido el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y con el plan de evacuación en Kabul ya en un segundo plano, el PSOE ha inaugurado el curso político y judicial con un cúmulo de reproches al PP ante su negativa a renovar el órgano de gobierno de los jueces sin antes despolitizarlo. Pese a los intentos frustrados del anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el portavoz del PP del ramo, Enrique López, por hacer posible el acuerdo, las negociaciones para la renovación del Consejo permanecen estancadas incluso después de que el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anunciara el pasado julio el inicio de una ronda de contactos con los partidos para desbloquear el asunto. Los reproches mutuos y el enrocamiento de ambas formaciones –con acusaciones de chantaje incluidas– no parece que vaya a poner fácil una renovación que precisa mayoría absoluta.

Prueba de que la ofensiva contra el PP no ha hecho más que empezar fue la rueda de prensa de la portavoz del comité organizador del 40 congreso del PSOE, Eva Granados, tras la reunión del órgano que prepara la reunión en la que el partido fijará en octubre en Valencia su estrategia política. La dirigente socialista se centró en el bloqueo de las negociaciones para renovar las instituciones desde un atril en el que podía leerse «#1000DíasSecuestroConstitución», recordando el tiempo que el CGPJ lleva en funciones. «Son mil días de secuestro de la Constitución, es imprescindible restablecer la legitimidad democrática de las instituciones y creemos necesario pedir al PP, una vez más, que deje de saltarse la legalidad y de burlar» la Carta Magna, añadió, antes de reclamar la «liberación» del CGPJ.

La portavoz socialista extendió esta exigencia a otros órganos como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. «Casado sigue instalado en el no a todo porque no. No se hace oposición bloqueando los órganos constitucionales, está atentando contra la calidad de la democracia de todos», dijo, y calificó la situación como «sabotaje»: «Los mil días de secuestro deben acabar. Pedimos sentido de Estado, aunque sea la primera vez en el caso de Pablo Casado», zanjó con dureza.

A ese «sentido de Estado» se refirió también ayer la ministra de Justicia, Pilar Llop, desde Santander. «O se elige la recuperación económica y social (... ) o nos situamos en el bloqueo y en la crispación, que es lo que el PP ha hecho». Añadió que, además de perjudicar al Poder Judicial, el bloqueo « perjudica a la imagen de nuestro país», en referencia al llamamiento que desde Bruselas se ha hecho a esta renovación, pero también a la necesidad de despolitizar el sistema de nombramiento de los vocales del órgano, en manos del Parlamento.

El contraataque llegó desde Génova. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, dejó claro que su partido mantiene la misma condición, que los doce jueces del Consejo sean elegidos por los jueces, como marcan, dijo, los «estándares europeos». Por eso, insistió, no está en la mano del PP cambiar esa condición, sino que debe ser el PSOE el que mueva ficha y se decante por una Justicia más independiente.

El número dos del PP aseguró que a estas alturas ya no vale que el Gobierno o el PSOE hagan una declaración de intenciones. Son necesarios, subrayó, «pasos firmes» para despolitizar la Justicia, que queden plasmados en un acuerdo escrito o en una reforma legal. Por eso, los populares defienden que la pelota está en el tejado socialista. Y no descartan que se acabe la legislatura sin que se proceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial. «Depende de ellos», afirman.