ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Justicia estudia cómo dar respuesta al dictamen sobre la vuelta de Garzón
Llop avanza que se analizarán «los pasos a seguir» a falta de cauce para acatarlo
El Ministerio de Justicia ya tiene en el buzón de entrada el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que insta al Estado a borrar los antecedentes penales del exmagistrado Baltasar Garzón y según explicó ayer su titular, Pilar Llop, van a estudiar el modo de darle una respuesta.
En declaraciones a los medios en la Universidad Internacional Mendéndez Pelayo (Santander), donde participó en un encuentro sobre Psicología, Llop explicó que el primer paso será dar difusión al dictamen, como impone el propio documento, y después, analizarlo.
«Tenemos seis meses para estudiarlo y vamos a proceder a estudiarlo. Esos dictámenes, lo que hace el Ministerio de Justicia es publicarlos y vamos a ver cuáles son los pasos a seguir», señaló. Según explicó, «no es como una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sí establece un cauce procedimental para que se proceda a la ejecución». «Vamos a ver cómo podemos dar respuesta a Naciones Unidas», apostilló, lo que avanza ya que contestación habrá. Aunque no se pronunció sobre su posible sentido.
Es un asunto delicado y no exento de polémica. Baltasar Garzón fue condenado en firme por el Tribunal Supremo, que le apartó once años de la carrera judicial por haber prevaricado cuando ordenó escuchar las conversaciones de los investigados y sus abogados en el caso Gürtel. Recurrió al Tribunal Constitucional, que lo inadmitió; y luego se dirigió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó también de plano sus pretensiones. Cerrada esta vía, Garzón acudió al Comité, un grupo de expertos que van rotando elegidos por los países que forman parte, entre ellos España, en busca de reconocimiento.
Quiere reincorporarse
De hecho, desde el pasado mes de mayo, cuando se dio por liquidada su condena, podría haber pedido el reingreso en la carrera judicial, como es su deseo, pero no lo hizo en espera de que se emitiera el dictamen, el mismo que ahora le da la razón y califica su condena como «arbitraria» porque dice, el delito de prevaricación no está bien tipificado. No vincula en nada a efectos jurídicos porque hay sentencia fime y el comité no es un tribunal, pero fuerza a la cartera de Llop a tomar posición. Tiene 180 días para proporcionar reparación a Garzón.
En Justicia no aclararon ayer a preguntas de ABC si cabe la opción de negar las peticiones del comité. Según los expertos consultados, borrar los antecedentes implicaría vaciar los efectos de una sentencia firme sin que medie una revisión obligada por Estrasburgo y sin que se siga un procedimiento regulado como lo está el del indulto. «Se va a estudiar», reiteraron.