ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Fustigados por la Administración
Como tantos extremeños, en su momento me vi obligado a abandonar mi tierra para buscar trabajo, dejando a mis padres allí. El tiempo ha pasado y, ahora ancianos y enfermos, siguen en su pueblo, Llerena, por voluntad propia, aunque desgraciadamente la administración se lo pone difícil. Llevo casi dos años de lucha frente a la
Junta de Extremadura para que a mi padre se le reconozcan sus derechos.
A comienzos de 2020 se solicita revisión de la ley de dependencia para mi padre. Pasa el tiempo y, en noviembre de ese año, se le cita para dicha valoración. Días antes de dicha visita se anula por parte de la administración la consulta, dado que la responsable de realizarla es positivo en Covid. En julio de 2021 (es decir nueve meses después) se vuelven a poner en contacto para realizar la visita, pero, desafortunadamente, mi padre ingresa con neumonía en el hospital comarcal de Llerena dos días antes de la valoración.
Pues bien, con mi padre en el hospital, y como ciudadano responsable, busco el teléfono del organismo correspondiente y les comunico que mi padre está ingresado. Una funcionaria me dice que se anula la cita y que ya se le llamará. Con mi padre ya recuperado y tras infinitas llamadas y reclamaciones, resulta que terminan confesándome que mi padre no puede ser atendido porque «es el único expediente en la zona de Llerena, y no se sabe cuándo se programará visita por la zona». ¿El derecho de mi padre a una valoración va en función de que existan otros pacientes con ese derecho?
Estoy hablando de una persona de 81 años, encamada desde hace más de un año, que cuenta solo con la ayuda de mi madre, también anciana, y un hijo, yo, que vivo fuera y que solo puedo ir los fines de semana. A pesar de todo, doy gracias a Dios, mis padres tienen a alguien capaz de defender sus derechos, pero, ¿cuántos ancianos enfermos y solos, se toparán con una administración que actúe con ellos como una apisonadora? Hoy en día, vivir en una zona rural significa pasar a ser un ciudadano de segunda, algo a lo que estamos ya habituados.