¡Léame los labios, no es no!

Mil y un días después, el reparto de culpas por el fracaso negociador de la renovación del Consejo General del Poder Judicial aburre tanto como el reparto de cromos, pero, guste o no, esas son las reglas del juego. Sánchez, como Gobierno, tiene la obligación de llevar la iniciativa, y el PP, como oposición, la de acordar que tres quintas partes del Congreso avalen la renovación. Hasta ahí, todo resulta simple, y así se resolvieron las divergencias durante casi cuarenta años. Hasta ahora, cuando todo ha quedado roto entre vetos irreversibles y, casualmente, con el mismo presidente del Gobierno que alcanzó el poder a la voz de «no es no», porque nunca negociaría nada con la derecha. Dicho y hecho. Hoy, cuando es otro quien dice ‘no’ a Sánchez –o ‘no’ al menos bajo las condiciones que le permitan convertir el CGPJ en una sucursal del PSOE diseñada a la medida–, Sánchez le acusa de «secuestrar la Constitución». Él, que lleva 72 días sin acudir al Parlamento. Da igual. Es costumbre de la casa. Voluntad de renovación hubo en 2018, cuando se alcanzó un acuerdo por el que Manuel Marchena presidiría la institución. En aquel momento, sectores del Gobierno –Dolores Delgado–, y también del PP –Sáenz de Santamaría–, hicieron todo lo posible por dinamitar aquel pacto. Y lo consiguieron. Después... la nada.

Llegados a este punto, ni el PSOE ni el PP pueden quedar ya como vencedor o perdedor de una pugna que va más allá de lo político, y que supera incluso la incertidumbre sobre decenas de futuros nombramientos determinantes del Tribunal Supremo y del Constitucional. Hoy es ya una batalla simbólica en la que ninguno, ni Sánchez ni Casado, pueden ceder porque si lo hicieran, quedarían debilitados en sus partidos y ante sus electorados. Parecería que uno entrega la justicia a otro sumisamente, y eso causaría daños políticos irreparables al perdedor.

¿La solución? La que ambos partidos desean tanto como esconden: que un número significativo de vocales del CGPJ, organizados o no, por dignidad o prestigio, o por un sentido impostado del patriotismo, renunciaran y forzasen a Carlos Lesmes a hacerlo también, provocando un vacío de poder. Solo así tendrían una coartada y una escapatoria dos partidos que han llevado demasiado lejos la vulneración de un mandato constitucional. La pregunta es si hay voluntarios para la inmolación a cambio de nada. Pero el «no es no» ya se contagia como un virus.