ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Torrejón acogió a 2.181 refugiados durante el plan de evacuación
Un total de 1.723 personas permancerán en territorio español
El número total de personas evacuadas de Afganistán que llegaron al campamento levantado en Torrejón de Ardoz (Madrid) es de 2.181, de los cuales 1.723 se quedan en España. Así lo explicó ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante el balance de la operación Antígona-Afganistán, el plan llevado a cabo por el Gobierno de España para regular la acogida de los refugiados afganos evacuados en 17 vuelos diferentes durante cerca de diez días.
En cifras desglosadas, de los más de 1.700 afganos que estarán repartidos por los centros y pisos de acogida estatales, 1.645 son o han sido colaboradores directos (o familiares) de las instituciones españolas durante estos veinte años de intervención militar en Afganistán. Las demás personas que permanecerán en España son 25 afganos que colaboraron con el Servicio
Europeo de Acción Exterior y 50 con la OTAN.
La basé aérea de Torrejón de Ardoz sirvió como centro de recepción para los 458 afganos que colaboraron con las instituciones europeas, la Alianza Atlántica y Estados Unidos, y ya están repartidos por los diferentes países de la Unión Europea, como Portugal (51), el Reino Unido (29) o Alemania (42).
Para poner en valor el trabajo hecho durante estos casi diez días desde que llegase el primer avión a la base aérea, Escrivá comparó que en el verano de 2019 entraban al Sistema Nacional de Acogida una media de 1.300 personas al mes. «Hemos conseguido absorber 1.723 en menos de 10 días», aseguró el ministro. Los datos facilitados por Escrivá también permitieron dibujar el perfil de los acogidos: la mayoría son familias,
420, que cuentan con unos cinco miembros de media.
Además, la media de edad de estas personas es de 22 años y un tercio de ellas son menores de 15, poniendo énfasis en el componente de género, pues una gran parte de estas personas son mujeres y niñas. En total 762, de las que 281 son menores de 15 años. El titular de Inclusión explicó que todos ellos fueron recibidos en la base aérea de Torrejón por 71 funcionarios de su ministerio, encargados de realizarles las entrevistas personales, que son «fundamentales», según destacó, para determinar la derivación que hay que realizar con los evacuados y conocer las necesidades de cada uno. En total, indicó Escrivá, sus funcionarios realizaron hasta 1.500 entrevistas.
De momento, estas personas que lograron huir del terror talibán se encuentran en la primera fase de la operación Antígona. Tras haber pasado una media de 48 horas en Torrejón, fueron distribuidos a los pisos y centros repartidos por España. En estos lugares pueden permanecer hasta un máximo de nueve meses y se les prestará apoyo tanto sanitario como educativo. También se les facilitará asistencia social y psicológica, y asistencia a clases de español.
Por comunidades, Castilla y León es la que más personas ha recibido con 249, seguida de Cataluña, 208 y Andalucía, 188. Todas, excepto Canarias, por su situación ya de por sí delicada con la inmigración que llega por el mar, están acogiendo personas evacuadas.
Municipios de acogida
Otra opción que se baraja para estas personas es la creación de un patrocinio comunitario, tomando como ejemplo a Canadá. Esta opción consiste en que, bajo la supervisión del departamento de Escrivá, estas personas puedan estar en municipios concretos que junto a organizaciones no gubernamentales les ayuden a adaptarse para, de esta manera, crear una sensación mayor de arraigo: «Normalmente es un municipio, con ONG que se comprometen a acompañar a estas familias durante un tiempo y ayudarles en la integración», subrayó Escrivá. El hecho de que en España no existiera una red de refugiados afganos previa, hace algo más complicada la integración de estas personas. «Por eso, para una segunda etapa tenemos en la cabeza, para estos o los que puedan venir en el futuro, potenciar el sistema de patrocinio comunitario», señaló el ministro.
Escrivá calificó la operación de «auténtico éxito» y alabó el trabajo llevado a cabo por la Unidad Militar de Emergencia (UME), que «en un día» levantó el campamento de Torrejón. También se felicitó por la coordinación entre los distintos ministerios y el apoyo de organizaciones sociales, y destacó la «agilidad» con que se ha gestionado todo este proceso. «Ha sido un test para nuestro sistema de acogida de demandantes, que hemos solucionado satisfactoriamente, pero somos conscientes de que hay que reforzarlo», dijo el ministro.
to al juez que con Gali se habían saltado el procedimiento habitual de control de pasaportes porque había recibido órdenes en ese sentido. El magistrado siguió la cadena de mando y le acabó conduciendo al que era jefe de gabinete de la ministra González Laya.
Camilo Villarino tendrá que declarar el próximo día 13 ante el juez Lasala en calidad de imputado. Se le investiga por posible prevaricación y por violar la legislación de fronteras. Su defensa la acaba de asumir la Abogacía del Estado, que se ha personado en la causa abierta en los juzgados de Zaragoza. La actuación por la que se investiga a Villarino la llevó a cabo cuando ejercía como personal de confianza política de la cúpula de Exteriores, pero es diplomático de carrera. Fue destituido como director de gabinete en julio, cuando cesó la ministra González Laya.
Informes policiales
La versión del pasaporte diplomático de Gali que ha dado el Gobierno queda ahora en entredicho con este nuevo informe de la Policía Nacional. Lo ha emitido la jefatura Superior de Policía de Navarra, después de que la Guardia Civil desvelara semanas atrás que Gali salió de España por el aeropuerto de Pamplona sin ser sometido tampoco al control de pasaportes. La Policía amplía ahora los detalles, y lo hace de primera mano, porque cuando Gali partió de regreso a Argelia el pasado 2 de junio, estuvo acompañado por funcionarios de la Brigada de Extranjería. A diferencia de lo que ocurre para entrar en el país, la legislación permite salir voluntariamente de España a un ciudadano extranjero aunque vaya indocumentado.
Según la Policía, los agentes pidieron que se identificara tanto el líder del Polisario como las otras tres personas que le acompañaban, entre ellas su médico personal. Sus tres acompañantes aportaron sus identificaciones oficiales, pero Gali no exhibió ninguna. «Manifestó que no poseía documentación», indica este nuevo informe de la Policía Nacional.
El abogado que ejerce la acusación popular, Antonio Urdiales, considera que este dato es especialmente revelador para la investigación. A su juicio, apunta a que Gali se fue de España como entró, sin portar documentación reglada. «Si hubiera tenido pasaporte diplomático cuando aterrizó en Zaragoza, según sostienen fuentes gubernamentales, lo habría exhibido cuando se fue de España», explica Urdiales.
El enredo se multiplica si se tiene en cuenta que, cuando Gali ingresó en el hospital de Logroño, sí se aportó un supuesto pasaporte, al que se refirió también un primer informe emitido por la Policía desde La Rioja. Eso sí, en él Gali utilizaba otra identidad: Mohamed Benbatouche. La Policía ya mostró sus reservas sobre la autenticidad de esa documentación y, en aquel informe, hizo constar que se trataba de un «pasaporte no contrastado». El ‘caso Gali’ salpica también al Gobierno riojano de la socialista Concha Andreu.