Garamendi pide un SMI regional y el Gobierno dice que tendría «efectos devastadores»

«No hay duda de que hay que subirlo)», afirma Trabajo pese a la caída del empleo

El salario mínimo vuelve a erosionar las relaciones entre el Gobierno y los empresarios. Las intenciones de Yolanda Díaz de subir hasta 80 euros en tres años el indicador ha puesto en alerta al mundo empresarial, que no ve oportuno acometer un aumento del SMI cuando la economía aún no ha entrado en la senda de la recuperación y sigue destruyendo empleo.

Esta semana la organización que dirige Antonio Garamendi criticaba la precipitación del presidente del Gobierno tras anunciar una «subida inminente» del salario mínimo. Y ayer el líder empresarial hacía pública su idea de poner en marcha un SMI diferenciado por territorios. Abogaba por un cambio legislativo que permita que este se pueda diferenciar por territorios, para adaptarlo así a una «España diversa», como ya se hace en la negociación colectiva. «Sí creo que hay que evaluar un SMI que se acoplara a cada uno de los territorios de este país», dijo en declaraciones a Capital Radio, donde recordó que la negociación colectiva varía en función de los territorios.

La propuesta del presidente de la patronal ha sido rechazada de plano por el Gobierno. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, afirmó ayer que «tendría efectos devastadores para la unidad de mercado». « Esto es por completo ajeno a la tradición jurídica y política del país», explicó Pérez Rey.

A pesar de que la Seguridad Social ha sufrido en agosto una caída de 118.000 afiliados el secretario de Estado hizo hincapié en que «es el momento» de subir el SMI. «No hay ninguna duda», remarcó, tras insistir en que los buenos datos macroeconómicos deben tener su impacto en los trabajadores más vulnerables.

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, también se refirió ayer a la propuesta de Garamendi y en un tono menos duro explicó que la fórmula autonómica sería muy compleja de establecer y la regulación estatal es la que debe primar en todo el país. «No sería conveniente hacer distingos añadidos en relación al territorio porque hay que garantizar que los trabajadores tengan unas condiciones laborales mínimas, dignas, desarrollen su actividad donde la desarrollen», señaló.

En la piel del empresario

El nuevo enfrentamiento se produce a escasos días de que el Gobierno cierre la negociación para subir de forma inmediata el SMI ente 12 y 19 euros. El lunes volverá a reunirse con los agentes sociales y su idea es cerrar las conversaciones con la vista puesta en subir hasta 1.027 euros mensuales en 2023. «Que se pongan en la piel de gente muy humilde que son empresarios», explicó Garamendi, al tiempo que recalcó que el salario mínimo no afecta a las empresas del Ibex ni a la mayoría de sectores que se encuentran bajo el paraguas de la negociación colectiva, sino que afecta fundamentalmente al sector agrario que aún atraviesa importantes dificultades, concluyó.

Normalmente, agosto es un mal mes para el empleo, al terminarse una buena parte de los contratos realizados para afrontar las avalanchas de la demanda relacionadas con las vacaciones. Este ha sido una excepción, relativa. Por un lado, la afiliación a la Seguridad Social bajó en 118.000, una cifra menor que la mediana de los meses de agosto de las dos últimas décadas y por otro, el paro descendió en 82.600, lo que apunta una peligrosa tendencia de reducción de la población activa.

Por su parte, los trabajadores con actividad limitada bajaron ligeramente del medio millón, suma de los 272.900 afiliados a los ERTE y 222.700 autónomos con prestación. Ambas cifras conforman una ‘espada de Damocles’ que pende todavía sobre el empleo en España y que puede cambiar el balance final de la pandemia según dirija a los afectados hacia el empleo anterior o hacia un nuevo y mayor incremento del paro. Está por ver. El cálculo mensual que realiza el servicio de estudios del BBVA sobre el impacto real de la pandemia refleja la cifra de 460.000 desempleados más de los 2.780.000 que se hubiesen registrado en ausencia de la enfermedad. Un coste que tardaremos tiempo en recuperar.

Este es el panorama en el que se gesta la más que probable decisión del Gobierno de aumentar el salario mínimo, en una actuación basada en conveniencias políticas y en exigencias partidistas que no cuenta con el deseable acuerdo, al menos por ahora, de la patronal. Parece que el Gobierno está dispuesto a adoptar la medida para salvar su cohesión interna, por más que pueda debilitar su posición externa. Las prioridades son las que son y durar siempre ha ido más importante que arreglar.

Y con esto pasamos un verano en el que la fortaleza del turismo interior ha suplido las carencias del exterior, lo cual no está mal, pero no es lo mismo. Ahora llega el otoño con grandes tareas pendientes. Entre ellas, primero justificar las ayudas europeas, después recibirlas y, por fin, utilizarlas con provecho y canalizarlas hacia proyectos que modernicen el sistema productivo y generen actividad y empleo. Si nos quedan tiempo y ganas podemos reformar el mercado laboral en la buena dirección y el sistema de pensiones en el sentido correcto. Eso sería un buen plan de acción del Gobierno. ¿Será el Plan del Gobierno? Ya veremos…