Sánchez mima a Cataluña con inversiones millonarias y cesiones en infraestructuras

La Generalitat alude a un déficit histórico y reclama que el Estado le transfiera aún más competencias

Las infraestructuras se han convertido en el medio de pago con el que el Gobierno quiere aplacar los ánimos secesionistas de la Generalitat. El Ejecutivo no solo ha disparado la inversión para 2021 en la región, sino que también se ha abierto a incrementar sus competencias en campos como las Cercanías. Una estrategia que, sin embargo, es definida como insuficiente por el Govern, que exige nuevas competencias.

Cataluña considera desde hace años que posee un déficit de inversión en infraestructuras con respecto al resto de España. La Generalitat, de hecho, elaboró un informe en 2019 en el que aseguraba que la ejecución real de las inversiones previstas en los Presupuestos en la comunidad era del 66%. Según sus cálculos, este porcentaje escalaba hasta el 114% en el caso de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de Pedro Sánchez parece haber recogido el guante. El texto final de los Presupuestos de 2021 recoge una inversión en infraestructuras de 2.300 millones para Cataluña, una cuantía que incluye 200 millones vinculados al ‘incumplimiento’ del Estatut por parte del Estado. A ello se une el anuncio de proyectos concretos, como la inversión de 6.300 millones en Cercanías catalanas hasta 2030 o la ampliación del aeropuerto de El Prat por 1.700 millones. El Gobierno y la Generalitat desbloquearon este último proyecto, que ha sido cuestionado por su impacto medioambiental, el pasado mes de agosto. Precisamente, el visto bueno definitivo a la operación se produjo en la primera reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat producida en los tres últimos años.

El Gobierno dice cumplir

Esta misma semana, la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la catalana Raquel Sánchez, celebró el fin de los peajes en la AP-2 y dos tramos de la AP-7, producido el miércoles. Sánchez aseguró que el fin de estos peajes demuestra que el Gobierno «cumple con las infraestructuras, la movilidad, con Cataluña y, sobre todo, con los catalanes y catalanas». Lo cierto es que la medida se ha producido por el fin de la concesión de explotación de estas carreteras con Abertis. En los últimos tres años, de hecho, el Gobierno ha liberalizado más de mil kilómetros de autopistas de peaje siguiendo esta fórmula. Una medida que conllevará la aplicación de un pago por uso en las autovías españolas a medio plazo para sufragar el mantenimiento de estas carreteras.

Igual de polémica –pero más inmediata– es la cesión de Rodalies, las Cercanías catalanas, a la Generalitat. Cataluña es, desde hace más de diez años, el gestor de este servicio. Pero no ha hecho del todo efectiva esta competencia hasta ahora, en parte porque el Estado no le ha transferido los fondos que sufragan la operación de un servicio tan esencial para los ciudadanos (es el más utilizado por Renfe y tuvo más de 500 millones de viajeros a nivel nacional en 2019) como deficitario. El Ejecutivo parece dispuesto ahora a realizar esta transferencia, y no se descarta que también se produzca una cesión de activos, material y trabajadores pertenecientes a Renfe. Más complicada es la cesión, como también reclama el Govern, de las infraestructuras, es decir, las vías, gestionadas por Adif.

La pretensión de ceder Rodalies por completo ha levantado ampollas en la plantilla del operador ferroviario. Sindicatos como Semaf (maquinistas) o CNT ya han expresado públicamente su oposición a esta medida. Y el rechazo en privado es unánime. Fuentes sindicales advierten de que esta cesión puede desembocar en la segregación de la compañía pública. «Si se trasvasa el servicio afectaría mucho a los trabajadores. Por ejemplo, habría que negociar un nuevo convenio», explican estas fuentes. Desde Renfe, por su parte, aseguran que la cesión se limitará al pago para sufragar la operación.

Fuentes de la Generalitat precisan a ABC que la demanda para que la transferencia de Cercanías sea completa no es por capricho, sino tras constatar que «desde la proximidad se gestiona mejor», apuntan, señalando la diferencia entre el servicio que presta Renfe, penalizado por una infraestructura que funciona al límite, o el de los Ferrocarriles de la Generalitat. Al respecto, y pese a las noticias que han tras

cendido, desde el Govern se señala que lo del traspaso «se mueve poco», y el «grupo de trabajo» que se anunció que se iba a constituir para abordar la cesión no se ha creado. Asunto distinto es la presión que se ejerce desde los Comunes para que los Presupuestos para el próximo año contemplen la cesión.

«Pedir perdón»

Frente a las proclamas del PSOE de que por fin el Estado «cumple» con Cataluña, o las del PP, que yendo más allá denuncia agravios respecto a otras regiones, la Generalitat no comparte, obviamente, esta visión de comunidad privilegiada, todo lo contrario. Y lo sostienen con un ejemplo sobre el terreno, como el enlace entre la autovía A2 y la AP-7, inaugurado el miércoles, una obra clave para la movilidad metropolitana y que ha tardado nada menos que 14 años en ejecutarse. «Es solo una muestra», sostienen a este diario desde el departamento de Políticas Digitales y Territorio, que lidera el vicepresidente Jordi Puigneró ( Junts), para denunciar lo que califican como un déficit histórico de inversión en Cataluña, «siempre por debajo de lo que le correspondería en relación a su población o aportación al PIB».

Avances positivos como el de la inversión en El Prat –que a su vez produce división interna en el seno del Govern– o la conexión con tren de alta velocidad del resto de aeródromos catalanes, insisten desde la Generalitat, no esconden lo que durante años ha sido una política sistemática de subinversión. El caso de los peajes, cuyo levantamiento cree la Generalitat que el Gobierno trata de apropiarse burdamente, es un ejemplo. «El Estado debería pedir perdón por el expolio de casi 50 años sin prácticamente construir ninguna autovía en Cataluña», cuyas vías rápidas han tenido que sufragar los conductores catalanes en forma de peaje, denuncia el consejero Puigneró.