El Gobierno se cruza de brazos ante los ataques a símbolos constitucionales

En 2019 y 2020 el Estado no remitió ningún requirimiento a estos consistorios Las impugnaciones también se hunden frente a las acciones emprendidas por el PP

La alianza de Pedro Sánchez con el independentismo catalán ha traído consigo cesiones del Estado en varios frentes. Y uno de ellos, ha sido el control del cumplimiento de la ley en el territorio. Así, los requerimientos remitidos por la Abogacía del Estado a ayuntamientos catalanes se hundieron un 88 por ciento en 2018, año en que el líder socialista alcanzó La Moncloa en junio, y fueron nulos tanto en 2019 como en 2020, según los datos de la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio a los que ha tenido acceso ABC.

La mayor parte de los ayuntamientos catalanes están gobernados por fuerzas independentistas y las ilegalidades han sido visibles durante estos últimos tres años: banderas de España que no han ondeado, retratos de Felipe VI retirados o esteladas o lazos amarillos colocados en edificios públicos, por ejemplo. Sin embargo, a la desaparición de los requerimientos se une el hundimiento de los instrumentos jurídicos con los que cuenta la Administración Central para hacer cumplir la ley: las solicitudes de información, las resoluciones de impugnación y ejecución de sentencias y las peticiones de informes.

Las primeras cayeron un 40 por ciento en 2018, para quedar en 828 respecto a las 1.381 del año anterior. En 2020 fueron un total de 659, un 52 por ciento menos que en el último año de gobierno de Mariano Rajoy. En cuanto a las resoluciones de impugnación y ejecución de sentencias, se hundieron un 62 por ciento en 2018, al pasar de 112 en 2017 a solo 42, y menguaron hasta solo cuatro en 2020, un 96 por ciento menos

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