ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Igualdad incluirá las malas praxis en el parto como violencia machista
El enfado en los servicios de Ginecología es generalizado: se sienten «criminalizados» por la reforma que prepara el Gobierno para este año
ste año el Ministerio de Igualdad ha introducido dos conceptos ‘nuevos’ en nuestras vidas. El primero, violencia vicaria, aprovecha el tirón del documental sobre Rocío Carrasco, aunque según los expertos, como Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, es la «violencia extendida de los años 90», ya conocida, «la extensión del zarpazo machista» sobre la familia, hijos o hermanos de la víctima para amplificar su daño. El segundo concepto, la violencia obstétrica. Con la reforma de la ley del Aborto que se planifica tener lista antes de 2022, se incluye como violencia de género la «sufrida por las
Emujeres durante la atención del embarazo, parto, puerperio o crianza en los centros de salud y hospitales», poniendo en el disparadero a obstetras y ginecólogos y su trato a la mujer en el alumbramiento. Así que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) rechaza el término por «inapropiado, tendencioso e injusto, dado su significado doloso, como intención de causar daño, ánimo de lesionar, empleo de fuerza, amenazas, tipificable penalmente».
La definición de violencia obstétrica pertenece a la ONU y algunos países, como Argentina, Venezuela o México, la han incluido en sus legislaciones. La doctora Cora Hernández, miembro de la SEGO, remarca que el equipo de Irene Montero asume que, en efecto, la obstétrica «es un término ‘heredado’, porque dicen que no son tan creativas como para inventarlo». Y apunta la queja generalizada en todos los servicios: «Se nos está criminalizando».
Hernández, jefa de sección de la Unidad de Reproducción Asistida de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, participó en una de las dos reuniones que esta semana (lunes y miércoles) sentó en la mesa del ministerio a los actores concernidos en la reforma. «Están homogeneizando los paritorios y el servicio de aquí con el del tercer mundo», indica esta profesional. La llamada de atención de la OMS en 2014 y la relatora de Igualdad de la ONU en 2019 fue para todos aquellos países que no cumplen las exigencias básicas de una mujer a la hora de dar a luz, enfatizan a este diario desde el Instituto de las Mujeres. La hizo extensiva a todas las naciones, a fin de que el que debe ser recordado como un instante mágico no se convierta en un hecho traumático.
Pero el concepto violencia obstétrica pone el foco, como causa, en quienes asisten a la mujer en ese momento. «Coloca a los ginecólogos en el centro del enfrentamiento –contrapone el doctor Manuel Albi, presidente de la Sociedad madrileña de Ginecología y Obstetricia–, cuando la mujer es la protagonista de nuestra vida y nuestras carreras».
Tanto desde esta sociedad científica como en la SEGO reprueban el concepto violencia como una «forma absurda e inadmisible» de confrontar a la mujer que entra en una sala de partos con su condición médica, incluso como varones, señala Albi, pese a que la mayoría de profesionales (un 60%) y matronas son mujeres, recuerda Hernández.
Todos los especialistas consultados se sienten irritados por el concepto que ahora quieren regular como una nueva forma de violencia machista. Igualdad aún no ha solventado cómo lo trasladará a la legislación –si incluirá castigos penales o sanciones–, pero sí ha confirmado que habrá un capítulo de indemnizaciones para reparar a las «víctimas» de esta violencia. «No van a resolver problemas de malas praxis o falta de información poniendo etiquetas. Hay que trabajar para mejorar y todos estamos dispuestos a hacerlo», resuelve el doc
tor Albi. Hay técnicas «superadas que se pueden mejorar», dice Ezequiel Pérez Campos, miembro del Comité Científico de la SEGO. Matronas como Gemma Falguera, presidenta de la asociación catalana, reivindica el consentimiento informado de la mujer en cada actuación que se proponga.
Desde el Hospital General de Requena, en Valencia, Pérez Campos, jefe de servicio, considera que «adaptar la ley siempre es necesario». En cambio, generalizar las prácticas médicas como violencia machista es una grave equivocación, a su juicio. «Es un error de bulto que va a levantar ampollas. Nunca he visto nada violento, ni obstetras ni matronas practican la violencia. Es desmesurado. Se nos está metiendo en un saco muy peligroso. Puede haber una atención inadecuada, pero no violencia». El Ministerio –apostilla– no está favoreciendo «el entendimiento» necesario entre la mujer y su médico.
En las consultas, va a acabar por «intensificar la medicina intensiva y va a poner a la mujer en guardia frente al profesional que lo único que busca es proteger su salud y que dé a luz un niño sano. La relación entre una mujer y su médico debe ser de la mayor confianza posible. Esto se va a estropear», agrega el ginecólogo de la sociedad madrileña.
Mejoras posibles
La doctora Hernández contrasta que el descenso de la mortalidad materno-filial y los buenos resultados perinatales no son resultado de modos «violentos». Los tres especialistas están de acuerdo en que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo ímprobo en reducir la medicalización en la asistencia del parto, que se disparó cuando estos saltaron de los hogares a los hospitales; incluso, admiten que se pueden dar pasos en la mejora de la información, así como en la formación del profesional, una cuestión que reclamaron las comadronas esta semana en la mesa de Igualdad, tal y como cuenta a ABC Beni Martínez, secretaria de la Federación de Asociaciones de Matronas en España (FAME).
También las profesionales de la Asociación Española (AEM) exhibieron sus puntos de vista el pasado día 30. 48 horas después, Montero escuchó a las «víctimas de violencia obstétrica». Martínez señala desde Lugo que Igualdad bendijo la petición de que haya casas de nacimientos para que las matronas se encarguen de los partos naturales y de bajo riesgo. Estamos «plenamente capacitadas», asiente Falguera. E Isabel Castello, vicepresidenta de AEM, subraya que la falta de una monitorización por parte del Gobierno ha hecho que se relajen «determinadas buenas prácticas» en los paritorios que recogían aspectos éticos imprescindibles.
En el ánimo de todos está abolir cualquier obstáculo. El doctor Albi acentúa: «Hay inercias que pueden cambiarse, pero la inmensa mayoría de los partos son satisfactorios. A veces emergen complicaciones, no está todo programado. Pero no se humilla y maltrata a la mujer; esa idea es espantosa».