Uno de los condenados de La Manada solicita la rebaja de su condena

El Gobierno apela a la calma y la prudencia ante el «terror» de la revisión de penas

Uno de los condenados de La Manada por la violación grupal de los sanfermines de 2016 solicitó ayer formalmente la rebaja de su pena de prisión de 15 a 13 años y 9 meses, tras la entrada en vigor de la ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra a Ep.

En concreto, la solicitud es de Ángel Boza, que, tal y como ya anunció la semana pasada su abogado, ha registrado la petición para la rebaja de condena ante la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, que fue la que juzgó el caso.

Boza fue condenado por el Tribunal Supremo a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas.

Aunque fueron cinco hombres los condenados por la agresión sexual en este caso, en principio la nueva ley solo podría permitir en la práctica reducir la pena a Ángel Boza, ya que los otros cuatro jóvenes sevillanos también condenados suman otras penas por casos como los abusos sexuales de Pozoblanco y no podrían beneficiarse de ninguna rebaja.

El abogado de Ángel Boza, Agustín Martínez, defendió la semana pasada que esa rebaja en la condena «es perfectamente posible porque se han reducido los mínimos de las penas y la sentencia dictada en su día por el Tribunal Supremo hacía la acotación de referirse a que efectivamente se aplicaba el mínimo penal y, habiéndose modificado ese mínimo, pues entiendo que es más favorable la aplicación de la norma actual».

Sin «alarma social»

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, apelaron ayer a la «calma y prudencia» ante la petición de rebaja de penas que están realizando los abogados defensores de algunos agresores sexuales y consideraron que la alarma social «está descendiendo», si bien reclamaron un «criterio uniforme» respecto a la norma.

Así lo defendieron en una rueda de prensa en la que, a este respecto, Rosell quiso «dejar claro» que las «diferentes interpretaciones» de la norma «no son entre el Gobierno o el Ministerio de Igualdad y las sentencias; son de las sentencias o los autos entre sí» y subrayó que, en todo caso, son los tribunales los que «están resolviendo de manera contradictoria» y que «la contradicción y la clara inseguridad jurídica es entre ellos», según recoge Servimedia.

«Afortunadamente, el Estado de derecho tiene mecanismos para solventar esto, que son comunicaciones no caso por caso sino más generales, que pueden emitir tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia del Tribunal Supremo», apostilló Rosell. También se mostró convencida de que esta petición de rebaja de penas « puede causar una alarma, incluso un terror sexual y una clara inseguridad jurídica», si bien dicha «alarma está descendiendo», y llamó a «no incrementarla ni echar más gasolina».

Diferentes criterios

A juicio de Rosell, la ciudadanía «está viendo, aunque se hable poco del resto del contenido de la ley, que hay diferentes criterios entre los tribunales y que, obviamente, el Tribunal Superior en todos los órdenes jurisdiccionales y con jurisdicción en toda España, tendrá la última palabra si lo avoca a pleno». Así, reiteró que hay que «esperar» a que «antes también haya un criterio uniforme y unificado de la Fiscalía General del Estado».

Ángela Rodríguez denunció, además, «el margen de impunidad vergonzante» que existe en el país en esta materia, debido a que los delitos «no han sido sancionados como debieran» y a que «las víctimas no están protegidas como deben serlo». Y, en este sentido, señaló que, para Igualdad, lo «más importante» que contiene esta norma es la creación de un mecanismo nacional de derivación «que va a permitir que estas mujeres sean identificadas desde el primer minuto con acceso a un permiso de residencia y trabajo que le corresponda, dependiendo del momento procesal de la identificación, lo que va a permitir que se puedan recuperar».