ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Escrivá busca un acuerdo político en pensiones ante el fracaso del diálogo social
El ministro ya trata con Podemos y sus socios la ampliación de los años para el cálculo de las jubilaciones y salvar el decreto en el Congreso La norma que exige Bruselas se apoyará en una subida masiva de cotizaciones que rechaza la patronal
La cuenta atrás para que España presente la segunda pata de la reforma de las pensiones ha comenzado y el Gobierno no es capaz de pactar con empresarios y sindicatos los cambios que deben reforzar los pilares del sistema público y asegurar su sostenibilidad. La política de subida masiva de las cotizaciones ha encendido a la patronal y la ampliación de los años para el cálculo no convence a los sindicatos, lo que ha frustrado las negociaciones a las puertas de tener que rendir cuentas a la Comisión en tan solo un mes.
El fiasco negociador ha precipitado que el ministro José Luis Escrivá ya mire al arco político en busca de un pacto que le permita sacar adelante en el Congreso un decreto con los cambios en pensiones que presentará a Europa. Estamos ya, por tanto, ante claves políticas y no tanto económicas. En la Cámara Baja es donde el Ejecutivo estaría buscando un acuerdo con Podemos, una negociación que se antoja dura, dado que la formación morada no quiere oír ni hablar de medidas de ajuste o de recorte de prestaciones, menos en vísperas de un año electoral en el que también comenzará a retirarse la primera avanzadilla de la generación del ‘baby boom’.
Fuentes cercanas a Podemos señalan que estas conversaciones se están produciendo, pero aseguran que es prematuro avanzar un acuerdo para esta parte de la reforma. De hecho, esta vía de acuerdo político que ha abierto el Ejecutivo necesitaría de la concurrencia de los socios habituales del Gobierno, y no solo de la parte liderada por Yolanda Díaz, para la convalidación del decreto que reformará las pensiones.
Como ocurre con los sindicatos, los morados no quieren elevar el periodo de cómputo de las pensiones (ahora en 25 años), ni tampoco subir la pensión máxima al mismo ritmo en el que lo hagan las bases máximas de cotización, lo que anticipa serios problemas negociadores con la Seguridad Social. Como ya explicó ABC, el planteamiento de Escrivá es aplicar un aumento del 30% de las bases máximas de cotización en un periodo de 30 años, que llevaría de la mano un crecimiento de las jubilaciones máximas hasta los 3.700 euros mensuales.
El Gobierno pide tiempo
El compromiso de reformar el sistema público de pensiones cumple oficialmente el 31 de diciembre, aunque el Gobierno ha maniobrado en Europa para llevar este plazo hasta el primer trimestre de 2023. Esta ampliación de los plazos dejaría margen al Ejecutivo para elaborar un decreto con tres medidas: el citado ‘destope’ de las cotizaciones, modificar el mecanismo intergeneracional a instancias de Bruselas y elevar el periodo de cálculo. Escrivá defiende que en algunos supuestos el trabajador podrá descartar los peores años cotizados y busca mejorar el tratamiento de las lagunas de cotización, l o que afectaría especialmente a las mujeres.
De hecho, esta es la medida clave a través de la cual la Seguridad Social podría amarrar el apoyo parlamentario. Cabe recordar, que Escrivá ya ha descartado elevar a 35 años cotizados los necesarios para percibir el 100% de la pensión, y que acarreaba recortes en la prestación inicial del 10% de media. No se producirá tal maniobra y menos con el ‘rally’ electoral a la vuelta de la esquina. Y, por el contrario, los técnicos de la Seguridad Social trabajan en una versión ‘ light’ de la medida, con los componentes de descarte de los peores años cotizados y cobertura de lagunas anteriormente mencionados, que supondría incluso un mejor cálculo para ciertas pensiones y un posible incremento del gasto por esta vía. Es esta versión dulcificada de la medida la que sí podría llevar a los socios del Gobierno a salvar el ‘match ball’ de la reforma en el Congreso.
Por su parte, la subida de las bases máximas de cotización supone un punto crítico para el Gobierno de cara a mantener un incremento de recaudación en el sistema que permita mantener el abultado gasto de la Seguridad Social, que solo en noviembre ha
tenido que desembolsar 20.000 millones para pagar la nómina ordinaria y la extraordinaria a los pensionistas. De momento, para el año que viene el Ejecutivo logrará arañar 3.000 millones de euros de recaudación de esta subida de cotizaciones máximas hasta 54.000 euros. Poco si atendemos que el gasto previsto solo en la partida de pensiones alcanzará los 190.000 millones de euros en 2023.
Bloqueo y líneas rojas
La Seguridad Social cita hoy a los agentes sociales, con los que no se reúne desde el desde el 12 de septiembre
Mientras se da protagonismo a la negociación política, la relación con los empresarios sigue deteriorándose. No hay contactos con Escrivá para esta reforma desde el pasado 12 de septiembre ni ha habido, como es habitual, intercambio de documentación, lo que lleva a la organización empresarial a dar por zanjada esta reforma y a enseñar el cambio del Pacto de Toledo al ministro de Seguridad Social. Hoy han sido convocados junto a los sindicatos a un encuentro.
Tras ser reelegido presidente, Antonio Garamendi aseguraba la pasada semana que el Pacto de Toledo tiene que sentarse para «poner el cascabel al gato» y abordar cuestiones como los años de cotización, las tablas de mortalidad o el factor de sostenibilidad. «Yo estoy en el ‘ baby boom’, pero me preocupan los ‘babies’, que son mis hijos, las próximas generaciones, que
también tienen que tener el derecho a jubilarse. Eso es España y eso es lo que la Constitución nos manda», explicó el empresario vasco.
La patronal se sentará en las mesas de negociación si es llamada pero se siente traicionada y desconfía de las medidas que el gestor de las pensiones anuncia en el diálogo social y las que finalmente adopta; ha perdido la confianza en él. Los puentes con el ministro están rotos, no así con el resto de miembros del Gobierno.
Como adelantó ABC, la ‘declaración de guerra’ de la patronal se produce tras la subida de las bases de cotización en un 8,6% anunciada por sorpresa por la ministra de Hacienda el pasado octubre en la presentación de los Presupuestos para hacer frente al alza del 8,5% en las pensiones. Un ‘hachazo’ del que los empresarios no fueron informados unos días antes del anuncio cuando se reunieron con la Seguridad Social y los sindicatos para abordar la segunda fase de la reforma de pensiones.
La baza ante Bruselas
Pero lejos de la redención, el Gobierno parece que ya ha puesto todos, o casi todos, los huevos de la reforma de pensiones en el cesto de la recaudación. Uno de los puntos a favor del Ejecutivo es que cuando la Comisión Europea comience a examinar con detalle las medidas aprobadas por la Seguridad Social en materia de pensiones durante la próxima primavera, no se valorará el contenido de las mismas sino su impacto presupuestario. De hecho, si el Gobierno presenta un plan de recaudación que sea suficiente para cubrir el incremento del gasto previsto tras la reforma, Bruselas dará por cumplido el hito correspondiente al componente 30 del Plan de Recuperación. Un visto bueno necesario para percibir el próximo tramo de financiación de 10.000 millones correspondiente al primer semestre de 2023.
Este es el principal temor que expresan fuentes de la patronal, que esperan un «nuevo hachazo» con el destope a 30 años, que confirmaría la senda de triple subida anual de las bases máximas de cotización, sumándose a esta medida la actualización anual en base al IPC que se realiza con la aprobación de los Presupuestos y la del mecanismo de equidad intergeneracional que comienza a operar desde enero de 2023.
De hecho, sobre esta última medida, el Gobierno maniobra para calmar a Bruselas que ha exigido que el mecanismo de equidad provea de un equilibro presupuestario de la Seguridad Social automático. En lo que se podría traducir como una extensión del periodo de cobro de la cuota del 0,6% a tres décadas en lugar de los 10 años inicialmente previstos.