El PP exige los permisos que Iceta dio a la vicepresidenta para su acto en Mérida

El Grupo Popular presiona al Gobierno para fiscalizar las dudosas tasas que abonó Sumar al Ministerio de Cultura por celebrar un acto de escucha de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el pasado 28 de octubre en el Museo de Arte Romano de Mérida. Los diputados Víctor Píriz y Soledad Cruz han registrado una petición de documentación en el Congreso para acceder al expediente, a la vista de que Sumar pagó por una hora de uso con el museo cerrado, pero el acto terminó durando casi el doble sin contar con el montaje y desmontaje, como denunció ayer ABC. Además, la plataforma de la vicepresidenta lo terminó adelantando, y se celebró en horario de visita pública en un día de máxima concurrencia.

En concreto, los diputados populares solicitan copia de la valoración del acto realizada por la dirección del museo, el formulario de solicitud presentado por Sumar, la copia del ejemplar del ingreso efectuado por la plataforma y la autorización firmada por el Director General de Bellas Artes con las condiciones en las que se enmarcaba la cesión.

El Gobierno dispone ahora de un máximo de treinta días para remitir la documentación a los diputados populares. Le obliga a hacerlo tanto la Constitución como el Reglamento del Congreso. La única vía de esquivar este mandato es alegar que la documentación está sujeta a algún nivel de protección, lo que no resulta aplicable en este caso.

Ejemplos inválidos

Tanto Cultura como Presidencia se aferran a tres cesiones previas para defender que la cesión del Museo de Mérida a Sumar no incurrió en ninguna irregularidad. Pero ninguno de esos casos fue un acto político y, por tanto, su consideración de precedente es discutible. Los ejemplos aludidos son la grabación de un anuncio de coches por una productora de publicidad, la entrega de premios de una fundación científica y la asamblea general de una distribuidora.