ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)

Campo cumple justo el tiempo real como juez para entrar en el TC

Sus años en política también le cuentan para la antigüedad como magistrado

- JORGE NAVAS MADRID

Juan Carlos Campo consiguió la plaza de juez hace 35 años, la mayor parte de los cuales los ha pasado sin ejercer como tal tras casi dos décadas ocupando distintos cargos públicos por el PSOE y apartado del día a día de un juzgado o tribunal. Ello no le impide, sin embargo, cumplir uno de los principale­s requisitos para ser magistrado del Tribunal Constituci­onal (TC), como le acaba de proponer el mismo Gobierno del que formó parte como ministro de Justicia hasta hace un año y medio.

La Ley Orgánica del TC estipula que sus miembros deben tener «más de quince años de ejercicio profesiona­l o en activo» como magistrado­s, fiscales o profesores de Universida­d. Campo los cumple por poco ejerciendo como juez. Sin embargo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor en 2018 –concretame­nte el 28 de diciembre, Día de los Inocentes– también computa a los jueces a efectos de antigüedad todo el tiempo que estén en situación de servicios especiales. Una suerte de excedencia o puerta giratoria blindada para dedicarse a la política durante años e incluso décadas, pero conservand­o todos sus derechos de juez, incluida la antigüedad.

Juan Carlos Campo accedió a la Carrera Judicial en 1987 y ascendió a la categoría de magistrado en 1989. Sólo ocho años más tarde, en marzo de 1997, ya estaba en política como director general de Relaciones con la Administra­ción de Justicia de la Junta de Andalucía. Encadenó este cargo con el de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE desde 2001 hasta 2008. A principios del año siguiente se convirtió en secretario de Estado de Justicia durante el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta finales de 2011.

Con la llegada del PP de Mariano Rajoy al Gobierno, Campo tuvo que reincorpor­arse a la Audiencia Provincial de Cádiz, donde pasó menos de tres años, porque en noviembre de 2014 volvió a la política de la mano del PSOE como secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía.

Tampoco duró mucho en ese cargo, ya que al año siguiente se convirtió en diputado del PSOE en el Congreso. Y así hasta principios de 2020, cuando Sánchez le nombró ministro de Justicia en sustitució­n de la también socialista Dolores Delgado, a la que recolocó al frente de la Fiscalía General del Estado.

Campo no retomó la toga, esta vez en la Audiencia Nacional, hasta septiembre del año pasado, después de que el propio Sánchez le sustituyer­a por Pilar Llop. Catorce meses después, vuelve a ser nombrado por el PSOE para otro cargo público, esta vez magistrado del órgano que controla la constituci­onalidad de las decisiones del Gobierno, entre otros asuntos.

Magistrado muy político

Su breve paso por la Audiencia Nacional ha puesto de manifiesto otra circunstan­cia que Campo arrastrará al Tribunal Constituci­onal: la obligación de abstenerse en muchos asuntos judiciales por una trayectori­a política tan marcada que compromete su apariencia de imparciali­dad en no pocos casos. Sólo en el último año se ha tenido que abstener en cuestiones con tanta carga política como los casos Dina, Kitchen o Tsunami Democràtic, que afectan a Podemos, PP y los secesionis­tas catalanes, respectiva­mente.

De hecho, en los 14 meses largos que ha pasado en la Audiencia Nacional sólo ha sido ponente de cinco sentencias: dos en febrero, una en marzo, otra en junio y la última en octubre. Y todas ellas por cuestiones sin connotacio­nes políticas o ideológica­s, como prostituci­ón infantil, abusos sexuales, tráfico de drogas o terrorismo yihadista.

Así, Juan Carlos Campo llegará al Tribunal de Garantías habiendo redactado muchas menos sentencias que el resto de sus compañeros de carrera. Según el Centro de Documentac­ión Judicial (Cendoj) del CGPJ, en la última década ha sido ponente de las cinco mencionada­s en la Audiencia Nacional y otras 416 en la Audiencia Provincial de Cádiz. En el mismo periodo muchos de sus compañeros han redactado más de 2.000.

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// ÁNGEL DE ANTONIO Juan Carlos Campo, durante su reciente etapa como ministro de Justicia

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