ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
El TC avala la ‘ley Celaá’ y el «equilibrio» entre castellano y lenguas autonómicas
► No apoya la financiación pública de la educación diferenciada
El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso presentado por Vox contra la ‘ ley Celáa’ por entender que la norma respeta el derecho a usar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas, señalando que en el sistema educativo debe haber «un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas». Sin embargo, no avala las cuotas, ni la reclamación del 25% del castellano en las aulas. El Constitucional también hace oídos sordos a la denuncia de que la ley discriminaba a las escuelas que separaban al alumnado por sexo y a la presencia de la religión como asignatura en el currículo educativo.
Según informó la corte de garantías, el Pleno respaldó la ponencia de Ricardo Enríquez, aunque tanto este magistrado como sus otros tres compañeros de la minoría conservadora han anunciado voto particular al considerar que hay determinados preceptos de la ‘ley Celaá’ que deberían haberse declarado inconstitucionales.
Votos particulares
Enríquez propuso en un primer borrador respaldar la ley educativa, excepto los artículos que recogen que «los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género.
Sin embargo, la mayoría progresista del TC rechazó la primera ponencia en el Pleno del 23 de marzo, al buscar un aval sin fisuras a la norma. Enríquez aceptó redactar un segundo borrador que recogiera el sentir mayoritario, que es el que fue aceptado ayer.
Partiendo de la amplia libertad de configuración del legislador en el desarrollo de los derechos a la educación y a la libertad de enseñanza, el Constitucional también ha desestimado los reproches del partido de Santiago Abascal contra la regulación de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales conforme al principio de inclusión.
No obstante, pone el acento en el nuevo artículo 74.2 de la Ley de Educación, que ordena atender a «la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo», precisando que «no excluye (...) para caso de discrepancias (..) la audiencia de las familias que muestren su preferencia por la educación especial, ni atribuye mayor valor a la opinión de determinadas familias sobre otras».
También ha desaparecido el reproche inicial a la prohibición de concertar la educación diferenciada por sexos. Pero no apoya su financiación pública: «No todos los modelos educativos hayan de recibir ayudas».
Sin cuotas de lengua
En cuanto al derecho a recibir educación en castellano, el TC considera, en particular, que de la Constitución no deriva la necesaria fijación por el Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo sino, conforme a la doctrina anterior del tribunal, «un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas» y un derecho efectivo a usarlas, que no niega la ley recurrida.
La Generalitat de Cataluña celebró ayer «con prudencia» la decisión del Tribunal Constitucional y auguró que los próximos pronunciamientos coincidirán con el Constitucional. «El aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes ni de proporciones, y entendemos que futuros pronunciamientos del Tribunal deberían ir en la misma línea», dijo el consejero de Educación de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray.