Isabel y las dos heridas

LO que el caso de la pareja de Ayuso revela es el abuso y la impunidad de los fiscales en la Justicia española pues para ellos no existe el delito de prevaricación. Existe para los jueces pero si algunos fiscales llegan a comportarse de un modo tan arrogante e imprudente es porque lo permite y hasta lo fomenta una Justicia claramente descompensada en este sentido.

Si descartamos un ictus severo, una masiva y repentina pérdida de memoria o la enajenación mental causada sólo queda la motivación política para explicar la actuación del fiscal y el daño que le ha hecho a la presidenta. Porque no nos engañemos: ni la discrepancia de su pareja con Hacienda, ni su cuantía ni la multa para resolverla tienen ninguna relevancia y el reproche moral que merece es mucho menor que las actividades de la señora Sánchez, sobre todo porque Ayuso no conocía a su pareja cuando los hechos acontecieron y Begoña es una conseguidora en la administración que su esposo preside. La única finalidad del fiscal ha sido usar la vida privada de un tal Alberto González para destruir la carrera política de su novia, que no es afín al Gobierno. Si los fiscales estuvieran sometidos al delito de prevaricación ni éste ni ningún otro se habrían atrevido a un ataque tan soez y desvergonzado.

Que además la jueza instructora haya aceptado como acusación popular al PSOE, a Más Madrid y a una directora del Ministerio de Migraciones afiliada también a los socialistas en un caso en el que el fiscal ya ha revelado datos, es otro linchamiento a Isabel Díaz Ayuso en tanto que ahora estos partidos podrán igualmente propagar una información que tendría que ser privada. Aunque me disgusta cómo se usa últimamente el concepto de ‘ lawfare’ en España, éste es el caso en que más clamorosamente se está retorciendo el sistema judicial para perjudicar a un rival político. Es imposible, salvo por mala fe política o las patologías anteriormente descritas, que la jueza instructora no haya puesto obstáculos a la acusación popular cuando el proceso nada tiene que ver con la gestión pública y que no haya aumentado la fianza como pedía el novio de Ayuso; así como que no haya tenido en cuenta que carece de sentido la acusación popular para defender el interés público porque si alguien está motivado para hundir la vida de Alberto González y de su novia son la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

Dicho todo esto, si Isabel quiere ser la presidenta de todos los españoles su único escrúpulo ha de ser el poder y todo en su vida ha de girar alrededor de este propósito. Tener razón no es suficiente y para mandar hay que ganar. No digo que sea justo pero es lo que hay y más siendo una mujer en la España en que Cristina de Borbón defendió a su esposo por amor y ahora Iñaki se ha ido con otra y a ella la han echado de la Familia Real.