La nueva ‘tangentopoli’, la corrupción empresarial y política que agita a Italia

La detención del presidente de Liguria abre un debate sobre los límites del tráfico de influencias y las relaciones entre la política y sus financiadores El 67% de los italianos cree que la «mala política» es común a todos los partidos

«Los políticos, para conseguir votos, hacen de todo. He dado dinero a Giovanni Toti [presidente de la Liguria] y a todos los partidos: a la Liga, a Forza Italia, al Partido Democrático…». Así se pronunció, desatado y locuaz, Aldo Spinelli (Génova, 84 años) en el interrogatorio de la juez Paola Faggioni, que decretó su arresto domiciliario por corrupción. Spinelli es un famoso y gran empresario que controla gran parte del puerto de Génova, el primero de Italia.

El pasado 7 de mayo estalló un gran escándalo al ser arrestado por corrupción y suspendido de sus funciones precisamente el presidente de la región de Liguria, Giovanni Toti, exdelfín de Sivio Berlusconi, con el que rompió para formar su propio partido ¡Cambiamo!, siendo hoy uno de los líderes de Noi moderati (Nosotros Moderados). Según la Fiscalía de Génova, existía un sistema de poder para realizar favores y sobornos entre la región de Liguria, las empresas privadas y la Autoridad Portuaria.

Entre otros documentos en poder de los investigadores aparecen tres transferencias de 55.000 euros del empresario Spinelli al comité electoral del presidente regional Toti, que éste desvió a su cuenta personal. Spinelli, que recibía en su yate al presidente regional para hablar de sus negocios, en el interrogatorio judicial confesó a la magistrada Faggioni algunos detalles sobre sus viajes de placer a Montecarlo y Las Vegas: «Le hice un regalo a mi novia colombiana de 24 años y fui a Cartier a comprar una pulsera (7.000 euros), y otra igual para la novia de Paolo Signorini».

Signorini es expresidente de la autoridad portuaria que gestiona el puerto de Génova y director general del grupo Iren, una de las empresas multiservicios más importantes de Italia. Y es, también, uno de los nueve detenidos por el caso Toti. Entre los «favores» obtenidos por Spinelli se cita la concesión de una prórroga por 30 años de la Terminal Rinfuse del puerto de Génova. En las conversaciones telefónicas realizadas durante un par de años, interceptadas por orden judicial, aparecen datos muy llamativos. En una de ellas, el empresario Spinelli, para escudarse detrás de su socio empresarial, el fondo británico de infraestructuras Icon, pidió a la mánager Ivana Smeraro que donara al comité electoral de Toti 40.000 euros. La ejecutiva de Icon se negó rotundamente con esta explicación: «Es un problema de reputación. No podemos hacer donaciones a partidos políticos, porque son parte de las instituciones y esos pagos siempre pueden verse como corrupción». Spinelli le respondió en un tono malhumorado: «Siempre hemos hecho las donaciones, todos los años», dijo y cortó la conversación. Sin hacer caso a su socio Icon, Spinelli donó 70.000 euros al comité de Toti. Con descaro y sonriendo, en una entrevista televisiva el empresario Spinelli justificó así sus donaciones a los los políticos: «Es justo que se financie a los políticos, por que si no ¿cómo viven? El sueldo de Marco Bucci [alcalde de Génova] es de 58.000 euros al año. No sé el de Toti…».

Relaciones inevitables

El terremoto político que vive Liguria, una región importante, ha tenido una repercusión nacional. Y no es un caso aislado. De ahí que se plantee un amplio debate sobre el tráfico de influencias, la transparencia y la ética en la gestión de las relaciones entre la política y las empresas. Inevitablemente, se ha evocado el escándalo de ‘tangentopoli’ (1992-1993), la práctica de exigir y cobrar sobornos a cambio de favores. Esa corrupción motivó, con las investigaciones judiciales de los magistrados de Manos Limpias –entre los que destacó Antonio di Pietro–, la eliminación de los partidos históricos y el final de la primera república italiana.

Se creyó entonces que al acabar con la financiación ilícita organizada por los partidos llevaría a una moralización de la vida italiana. No ha sido así. Italia sigue siendo uno de los países más corruptos de Europa occidental, según los principales indicadores. Se calcula que entre la mafia y la evasión de impuestos, el Fisco deja de percibir 200.000 millones de euros al año. Italia ocupa el puesto 42 entre 180 países en el índice de Transparency International, que refleja lo que piensan los ciudadanos sobre la corrupción en su país (en el mismo año, 2023, España ocupaba el puesto 36).

Diferencia con el pasado

Hoy existe una gran diferencia entre la nueva ‘tangentopoli’ y la de hace tres décadas. Entonces la voz cantante la llevaban los partidos, ahora la primacía la tienen los empresarios, explica el magistrado Raffaele Cantone, fiscal de Perugia y expresidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC): «En la época de ‘tangentopoli’ existía una estricta organización por parte de los partidos. Muchas veces los contratos se decidían en las secretarías de los partidos. Hoy tenemos una política mucho más frágil, partidos mucho más débiles y empresas mucho más fuertes que la política. En estas nuevas formas de corrupción quienes mandan son los empresarios y mucho menos los políticos».

«Una cosa sucia»

La mayoría de los italianos, el 67%, considera que la “mala política” no tiene “color”, es decir, se trata de una mala práctica común a todos los partidos. Así lo refleja una encuesta realizada por el Instituto Demoscópico Noto para el diario ‘La Repubblica’ tras el escándalo de Génova. La conclusión que se desprende del sondeo es que «la corrupción está aumentando y nunca será derrotada, y que la política es una cosa sucia». El 53% de la población percibe que en los últimos dos o tres años el fenómeno de la corrupción incluso ha aumentado.

Hoy la supuesta corrupción se descubre en Génova, gobernada por la derecha, mientras que hace unas semanas se vio envuelta en una investigación similar en la región de Apulia, administrada por la izquierda, con una cascada de dimisiones. Las investigaciones judiciales han desenmascarado un tráfico de influencias, una práctica de acuerdos y dinero entre partidos y empresas que no siempre es ilícita, pero que a menudo sí es ambigua. El magistrado Raffaele Cantone explicó en el canal La7 cuándo el tráfico de influencias se convierte en delito y dónde están los límites en las relaciones entre la política y sus financiadores: «La financiación es una actividad a través de la cual el empresario o el ciudadano decide ofrecer una aportación por razones de ideales a un partido, porque la política cuesta. Pero esa financiación se convierte en

En arresto domiciliario por su supuesta participación en sobornos a Toti, presidente de Liguria, este famoso empresario reconoce haber repartido favores a políticos de distinto signo.

Expresidente de la autoridad que gestiona el puerto de Génova y director general del grupo Iren, también ha sido detenido por supuestos «favores» a Giovanni Toti.

Es otro de los detenidos en el marco de la investigación por presuntos «favores». Además, otros empresarios vinculados al puerto de Génova han sido arrestados.

corrupción cuando, a cambio del dinero, alguno recibe algo o cuando esa financiación es un pago por un servicio. El problema es hacer transparente la donación». En el caso de Liguria, el empresario Spinelli, al financiar a todos los partidos parece dejar claro, según los fiscales, que no se mueve por un ideal, sino que sigue la frase latina «do ut des»: es decir, pagos a cambio de favores.

El magistrado Giuseppe Santalucía, presidente de la Asociación Nacional de la Magistratura, explica así el caso de Liguria: «Lo que llama la atención del empresario Spinelli es su idea de tener que financiar a todos los partidos. Tendría sentido financiar a un partido porque se reconoce en su programa. Pero al financiar a todos, tiene la expectativa de que quien gobierne pueda de alguna manera devolver el favor».

En Italia, en el año 2014, ante la ola de partidos populistas, como el Movimiento 5 Estrellas, se recortó la financiación pública a los partidos. Hoy perciben el 2% IRPF de los ciudadanos que así lo señalan en su declaración de la renta. En el 2023 lo hicieron 1,7 millones de contribuyentes, entre un total de aproximadamente 41 millones de contribuyentes italianos. La recaudación fue de 24 millones, a repartir entre una docena de partidos.

Un sistema que no funciona

Se considera que el sistema no funciona, porque la desconfianza en los partidos políticos es alta, lo que se refleja en la elevada abstención en las urnas. Las historias de despilfarro, abuso y malversación de fondos públicos han alimentado a lo largo de los años en la mayoría de los italianos la oposición y el rechazo de la financiación pública.

El presidente regional Toti fue interrogado el pasado jueves durante ocho horas por los fiscales de Génova. Rechazó las acusaciones porque «todos los pagos son legítimos y están registrados. No hay corrupción, cada acto político se realiza en interés de la comunidad». Por el momento, Giovanni Toti no piensa dimitir, como le pide la oposición. Pero, aumentan las voces pidiendo su dimisión por una cuestión moral y ética, independientemente de lo que decidan los jueces en el asunto penal, según explica Michela Ponzani, profesora de Historia contemporánea en la universidad Tor Vergata de Roma: «El sistema Toti parece una cosa tan ramificada que hace de la política una gigantesca máquina de clientelismo e intercambio de favores. Obviamente, los magistrados deberán comprobar todo. Pero lo que ya aparece es inquietante y perturbador. Debe dimitir».

En Italia hoy los partidos políticos reciben el 2% del IRPF de los ciudadanos que lo señalan en su declaración de la renta

El despilfarro, abuso y malversación han alimentado, durante años, el rechazo a la financiación pública a los partidos