La ministra, con menos deseo de intervenir que su predecesor

“Voy a fumar si no os importa”. Fue muy simbólico que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se relajara –ignorando al Ministerio de Sanidad– con el tabaco en su reunión a puerta cerrada en aquel lejano 2018 con los representantes del llamado sector VTC (Vehículos de Transporte con Conductor). Simbólico, porque es lo que hizo y ha seguido haciendo el Gobierno: fumarse un puro legislativo con una de las batallas más emblemáticas de la nueva economía, la que enfrenta al veterano sector del taxi con el pujante de VTC que incluye Uber y Cabify, entre otros. Al portavoz de la aguerrida asociación Elite Taxi,Tito Álvarez, le gusta presentar la pugna como un “el taxi contra Rosauro Varo y cía”, en alusión a una élite personificada por Varo, empresario socio de Cabify bien visto en Moncloa, pero el asunto es mucho más complejo y están en juego miles de empleos y una posible indemnización multimillonaria del Estado por inacción.

¿Inacción? El decreto de Ábalos era una patada adelante que dejaba la regulación en manos de los gobiernos autonómicos a partir del 1 de octubre de este año, pero contiene una disposición transitoria que admitía la posibilidad de prórroga para evitar reabrir el conflicto. Su sucesora en el Ministerio, Raquel Sánchez, muestra aún menos ganas que Ábalos por meterse en el avispero y regular la necesaria convivencia entre taxistas y las licencias VTC para mejorar la movilidad en las grandes ciudades como debería ser la prioridad.“En absoluto hay inacción en el Gobierno central, pero es una cuestión que compete a las comunidades autónomas”, aseguran a este diario en el Ministerio.

Un argumento del sector VTC es que el decreto de Ábalos era un cambio de reglas de juego y que otorgar un período transitorio de cuatro años era precisamente para compensarles por abocarles a restricciones tras las

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no responde a la carta de alarma del presidente de Cabify, Juan de Antonio, y quiere dejar morir el decreto de su antecesor, José Luis

inversiones realizadas por estas empresas. Pero ahora consideran que hay razones de peso para prorrogar antes de dejarles en manos de las comunidades autónomas, porque ese período se ha alterado por la pandemia. “En absoluto es un argumento la pandemia. No tenemos previsto prorrogar el decreto, es lo consistente con lo que se decidió en 2018 y que es lo lógico: que esto sea competencia de las comunidades autónomas, porque los trayectos se circunscriben a sus territorios”, zanjan en el Ministerio.

El problema es que ese lavarse las manos destroza la unidad de mercado en un sector que crea empleo –25.000 entre directos e indirectos, según el sector– y que incluso ha generado una empresa tecnológica española con dimensión internacional como Cabify.También es cierto que es un sector con imagen deteriorada por las prácticas agresivas e impresentables de Uber, destapada en los llamados Papeles de Uber y que esta Ábalos, que se limitó a poner un período transitorio de cuatro años antes de lavarse las manos y dejar el caso a las comunidades autónomas, que actúan de forma dispar.

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El sector de VTC amenaza con reclamar al Estado una indemnización que, basándose en un informe de EY, supera los 2.000 millones

multinacional de EEUU no niega, aunque asegura que no volverá a perpetrar. Pero un primer ejemplo del caos que deja el vencimiento del decreto es que, a falta de intervención gubernamental, la Generalitat catalana ha regulado de tal manera que restringe a partir de octubre la actividad de las VTC con más rigor que a los taxis, incluida la de que sólo puedan operar vehículos de 4,9 metros. Fuentes autorizadas de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) critican a este diario que la Generalitat catalana no le consultó: “La CNMC no fue consultada sobre la medida, que no podemos recurrir al tener rango de ley”.

No obstante, según recalca este organismo estatal “la autoridad de competencia de Cataluña (ACCO) sí emitió una opinión muy crítica, en la que considera que existen numerosos requisitos anticompetitivos y discriminatorios a favor del taxi y contra la VTC, que harán desaparecer a la mayoría de las VTC existentes en Cataluña”. ¿No le preocupa eso al Gobierno? ¿Y que pueda suceder también en la comunidad valenciana mientras que en Madrid y Andalucía toman otro camino más abierto a las VTC? “De no adoptarse ninguna medida, se consumará la insuficiencia de la compensación prevista en el Real Decretoley 13/2018, a la luz de los mermados ingresos en el sector desde marzo de 2020. El Estado será responsable de dicha insuficiencia, ya que al Estado correspondía compensar a los autorizados por el cambio en las condiciones de las autorizaciones”, sostienen en una carta dirigida a la ministra los representantes de las asociaciones Feneval y Unauto, Ignacio Manzano y José Manuel Berzal.

¿Terminará el Estado teniendo que pagar por lavarse las manos? Un informe pericial de EY para las VTC lo cifra en 1.400 millones,“pero eso era antes de la pandemia, ahora estimamos entre 2.000 y 3.000 millones”, afirman en el sector.

El responsable de Cabify, Juan de Antonio, ha escrito a la ministra en la misma línea y ni siquiera le ha respondido al cierre de esta edición.Al otro lado de la mesa, el portavoz de Élite Taxi,Tito Álvarez, califica de “histórico” el Decreto de la Generalitat apoyado por el PSC, el partido en que milita la ministra y que reduce, como mínimo, a la cuarta parte el número de licencias para los que no son del gremio del taxi. Álvarez no lamenta esas pérdidas de empleo, hasta 4.000 en Barcelona, porque “lo que se está destruyendo es un modelo monopolista, anticompetitivo y explotador”. La CNMC defiende lo contrario y rechaza las críticas de Álvarez sobre que su presidenta, Cani Fernández, trabajó en su anterior etapa de abogada para Uber, porque fue una actuación puntual antigua que no merma, según ella, su independencia. Por su parte, si Rosauro Varo está haciendo lobby en Moncloa por este asunto, no funciona vista la actitud del Ministerio.

La mejora del servicio público de movilidad debería ser el principal objetivo del Gobierno buscando los equilibrios adecuados. Fumarse un puro no arregla y suele terminar siendo caro.